Escribe: Luis Alen.
El cruento procedimiento fiscal-policial en horas de la madrugada en Pedro Juan Caballero, de entrar a matar en el domicilio del diputado por Amambay Eulalio “Lalo” Gomes, integrante de la bancada oficialista, ha tenido la lógica reacción de rechazo en la Cámara Baja tras el virtual “fusilamiento” del legislador. El dudoso operativo puede traer además negativas consecuencias para la institucionalidad de la República.
La aplanadora del unicato cartista junto a diputados opositores, se mostró ahora unánime descalificando la operación, que en cambio fue justificada por el Gobierno. La bancada oficialista además contradijo al titular colorado Horacio Cartes, quien ya en el día del ajusticiamiento de la madrugada del lunes 19 de agosto estableció el derrotero a seguir, pidiendo “apoyar a la policía, la fiscalía y la Justicia, mientras se realiza una investigación de lo sucedido”.
La incursión de una fuerza de élite del Estado en el domicilio de “Lalo” Gomes a las 3 de la mañana, previa orden judicial de allanamiento, tenía que producir consecuencias que ya habrían estado previstas por las autoridades, atendiendo al estatus de la principal persona afectada, nada menos que un diputado nacional.
El saldo fatal de “dar de baja” al legislador colorado cartista, según el tenebroso lenguaje utilizado por uno de los agentes policiales que irrumpieron en el dormitorio del diputado abatido, no habría estado prima facie entre las finalidades invocadas por el mismo juez que dio la orden, Osmar Legal, porque el escrito que autorizaba el operativo fue firmado poco antes de la balacera y hablaba sólo de la búsqueda de evidencias para un juicio de gran impacto mediático y social, incluso con ramificaciones en el Brasil. En la operación, no obstante, como era de prever, se privilegió el uso de la fuerza, con el resultado a la vista.
Pero llama la atención que en un procedimiento efectuado dentro de los límites legales, no se haya tenido en cuenta la necesidad de precautelar la integridad física del legislador, protegido por fueros que le hacen inviolable a su persona, así como la necesidad de mantener la fuerza pública dentro del ámbito de la legalidad, incluso en casos de extrema gravedad o violencia, como la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero, que eran precisamente los motivos aducidos en un largo escrito de imputación contra el diputado y varias personas más, lo que se dio a conocer como el ropaje legal para la contundente intervención a un domicilio particular.
El problema mayúsculo se viene ahora, tras el precedente de la destemplada incursión en la casa de un diputado protegido por fueros y por lo inusitado del violento procedimiento de búsqueda de “evidencias” para un juicio, apareciendo el hecho como un estremecedor mensaje no sólo a la clase política incluso oficialista, sino también para cualquier ciudadano común de la República.
La “rebelión en la granja”
El Gobierno de un año de Santiago Peña tuvo así su prueba de fuego al estar involucrado en el grave suceso de la madrugada del 19 de agosto un integrante de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, justo cuando el presidente estaba ausente del país en visita oficial en Costa Rica, recayendo la responsabilidad política en el vicepresidente Pedro Alliana.
Se sabe que tanto la Fiscalía como la Policía no van a actuar a ciegas sin tener el visto bueno de “arriba”, más aún tratándose de un pez gordo de nuestra política, o de la narcopolítica, según los profusos informes de prensa tanto aquí como en el país vecino.
Menos aún se puede achacar a los agentes intervinientes que se hayan sobrepasado desatendiendo un protocolo preestablecido, porque inmediatamente después del luctuoso suceso se tuvo la aprobación oficial de lo actuado, empezando por HC, por lo que se puede deducir que el libreto de justificación ya estaba activado al mismo tiempo que se poseía el obligatorio ropaje legal-judicial, teniendo presente el riesgo de una derivación fatal.
A pesar de la intención de dar un finiquito legal al criticado procedimiento, habría que analizar la situación del Estado de Derecho en nuestro país, por el hecho de que con la virtual ejecución de “Lalo” Gomes y más allá de la defensa corporativa en Diputados a un posible narcopolítico, se pone en entredicho todo el andamiaje de la fuerza monopólica estatal, con el debate de la legalidad o ilegalidad del proceder de la policía y la fiscalía.
Ni siquiera se salvaría de un análisis en ese sentido la actuación del juez que ordenó la operación de allanamiento, en el domicilio de un legislador elegido por mandato popular que por lo visto se hallaba bajo estricta observación del poder fáctico real que campea en la República.
Por todo esto, surgen interrogantes a futuro del proceder de la fuerza estatal, cuando la misma clase de operación de “allanamiento” se quiera utilizar contra otros enemigos del unicato cartista, ya sea en el terreno propiamente de la lucha por el poder, o sobre el control de los negocios lícitos e ilícitos del país.
Una vez que se haya confirmado que el procedimiento policial-fiscal-judicial estuvo ajustado a las normas, entonces habrá que ver qué grado de impacto político podría tener la “rebelión en la granja” de los miembros de la bancada del Patrón HC en Diputados, o si habría sido sólo un remezón lógico por la pérdida de un colega y el cuento se ha acabado.
Sin embargo, tratándose quizás del mayor golpe asestado a la mafia de frontera después de la toma de la cárcel de Tacumbú que afectó al micro-tráfico urbano, conviene tomar en cuenta que aquí también se están afectando las ligazones entre el sistema financiero legal y el submundo de las finanzas en negro, que son las que predominan en el país, conociendo también que más de la tercera parte del Producto Interno Bruto se cimenta en la economía informal.
Denota control sobre la Justicia
Otra pregunta que se hace respecto a lo que viene de ahora en más se sitúa en el devenir político mismo, ya que el cartismo demuestra con el brutal procedimiento de Pedro Juan Caballero, que domina plenamente la trilogía policial-fiscal-judicial que es indispensable para la lucha contra el crimen organizado y su financiamiento.
Sin embargo, ante tanta acumulación de poder también podría ocurrir que la vara se incline más en investigar y allanar a quienes se oponen a la hegemonía autoritaria en ciernes, tras darse el lujo de asestar golpes a la madrugada para tomar “evidencias” sobre supuestos negocios ilícitos de frontera.
Se pone así sobre el tapete judicial, la viabilidad de poner en aprietos a potenciales enemigos del unicato, ya sea por sus negocios también “informales” o por otros pecados en la sombra del “perseguido”, dada la capacidad de redactar documentados libelos acusatorios y de imputación, como los que se publicaron al mismo tiempo que sonaban los tiros en el domicilio supuestamente blindado por fueros del fallecido legislador “Lalo” Gomes.
Se debe recordar también que por casi los mismos motivos de ligazón de sus negocios con el lavado de dinero, fue denunciado Horacio Cartes por una comisión bicameral como la que ahora se integró para analizar actividades también sospechosas en el sistema financiero, que afectarían supuestamente a otro grupo empresarial enemigo del Patrón.
La fiscalía y la justicia no han sido tan expeditivas para investigar a HC, así como se ha hecho -con ajusticiamiento incluido- en contra de “Lalo” Gomes, por sus relaciones con capomafiosos de la frontera que ya residen en una prisión brasileña. Casualmente, el juez actuante ha sido en esta ocasión un fiscal que en su momento fue uno de los encargados de investigar a Cartes.
Con ello se refuerza la impresión que el grave episodio que costara la vida a un legislador, no supondría un desgaste para el poder cartista, sino que el problema está indicando que la fortaleza institucional del país no iría por el mismo sendero de la consolidación del poder cartista, al aparecer que el avance contra las instituciones de la República, incluso con justificación legal, sigue incólume en el manual del unicato de HC.
El remezón producido en las huestes cartistas de Diputados puede ser sólo un indicador válido para ver hasta dónde van las lealtades de legisladores que podrían migrar eventualmente a la disidencia colorada, con vistas a las municipales de 2026.
También puede ser la muestra de la tendencia a un costo político, pero aún así de menor calado, el anuncio que los intendentes de Amambay piden la renuncia del ministro del Interior Enrique Riera y del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, tal como lo hizo en una declaración casi unánime la Cámara Baja.
Peor aún, todavía habría que temer una situación más desafortunada para el tan necesario fortalecimiento institucional de la República, después de consumado el mortal desenlace en Pedro Juan Caballero, ahora con una justicia plenamente funcional a las prioridades del poder hegemónico, legal y fáctico.
Lo cual ha quedado demostrado con el supuesto objetivo de “silenciar”, nada más y nada menos, a un legislador al que no le sirvió para nada parapetarse en una banca oficialista, provocando rumores y suspicacias en la ciudadanía, tanto colorada como opositora, de que hasta podría haber sucedido una especie de “quema de archivo”, por tratarse supuestamente de una importante ficha en el esquema de los capos de frontera y su relación con el sistema financiero, según lo revela con lujo de detalles el escrito de imputación de la Fiscalía.
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