Escribe: Luis Alen.
El Gobierno de Estados Unidos volvió a insistir con todo en su apuesta de reducir al máximo el poder en la sombra del hombre fuerte paraguayo, Horacio Cartes, al sostener como uno de sus principales objetivos en la relación con el Gobierno nacional, la determinación del presidente Joe Biden de “seguir trabajando en estrecha colaboración con el presidente Santiago Peña”, tras el anuncio de la reciente medida de aumentar las sanciones contra la emblemática fuente de riqueza de HC, como lo es Tabacalera del Este S.A. (Tabesa).
El embajador de la potencia norteamericana en Asunción, Marc Ostfield, fue incluso más explícito que otras veces al informar que el Departamento de Estado ya maneja la posibilidad de una “extradición” de HC, a la vez que aseguró de nuevo su firme apoyo al jefe de Estado, Santiago Peña, como una especie de espaldarazo para que de una buena vez se anime a ser un auténtico líder político y deje de estar sólo pendiente de las órdenes del Patrón del Quincho.
La nueva sanción, además de significar que Washington no cree un ápice en el relato de que Horacio se apartó del control de Tabesa y del Grupo Cartes, resulta indudablemente un aviso al hombre fuerte paraguayo de que más le convendría ir pensando en una retirada de la escena política, si se lee con atención la última parte del comunicado de la embajada, donde se indica en forma contundente que “Paraguay es un país con un enorme potencial, y el gobierno de Estados Unidos continuará trabajando en estrecha colaboración con el Presidente Peña y su gobierno, apoyándoles para alcanzar ese potencial”.
La renovada tanda de sanciones contra Tabesa prácticamente le impide, a la industria tabacalera más importante del país, tener cuentas bancarias y obviamente realizar operaciones con el sistema financiero legal del Paraguay así como con las matrices de los bancos internacionales que cuentan con sucursales o corresponsales aquí, lo que le obliga a operar sólo “en efectivo”, como lo adelantó ya el titular de la empresa y brazo derecho de HC, José Ortiz.
Esto ocurre a pesar de que la misma Tabesa había comunicado al gobierno norteamericano la desconexión total de Cartes, mediante la compra de las acciones de éste por parte de los otros accionistas, llevada a cabo en una asamblea como indican las leyes nacionales.
Pero es evidente que Washington vio en la venta de las acciones de Cartes sólo una maniobra para que Tabesa le proporcione a HC más de US$ 120 millones, lo que fue interpretado por las agencias norteamericanas anticorrupción y antilavado como una forma de ropaje legal para que en realidad el empresario tabacalero continuase recibiendo dinero de una de sus más importantes fuentes de riqueza y poder fáctico, como es Tabesa.
De hecho, Estados Unidos ya había advertido cuando dispuso las sanciones contra HC en 2022, y contra la misma Tabesa en 2023, que cualquiera que mantuviera relaciones financieras o empresariales con las personas y empresas que recibieron la nominación de “corruptas” por el gobierno norteamericano, estaban sujetas a recibir la misma clase de sanción, lo que ahora se ha configurado de nuevo en el caso de Tabesa, remarcó el embajador Ostfield.
Alineación en duda
En vista de la nueva sanción contra Tabesa, se puede notar que Washington sigue en la posición de no aceptar el poder en la sombra de HC, a pesar de que el gobierno de Santiago Peña se haya alineado con la potencia hegemónica en casi todos los frentes de lucha que mantiene Estados Unidos en la escena mundial, como el caso de la guerra ruso-ucrania en Europa, el apoyo a Taiwán en la complicada geopolítica del Indo-Pacífico o la búsqueda de la democracia en Venezuela y en toda América Latina.
Se aprecia entonces que, a pesar de la alineación de facto del gobierno cartista a las líneas trazadas por el gobierno de Biden en la puja de poder a nivel mundial con Rusia y China, el gobierno norteamericano no abdica de su posición de identificar al cartismo como el principal soporte del sistema de corrupción que impide el fortalecimiento institucional y judicial de la República, que identifica como un proceso riesgoso retroalimentador del crimen organizado, la narcopolítica y que podría hasta financiar el terrorismo.
Frescos están aún en el recuerdo de los funcionarios de Washington los datos de inteligencia que demostrarían las supuestas relaciones mantenidas por Tabesa y HC con el submundo del crimen organizado a través del contrabando saliente de cigarrillos a toda Sudamérica, que a su vez utiliza las rutas del narcotráfico trasnacional que están bajo el control de organizaciones como el PCC y, peor aún, del extremismo islamista de Irán o del Hezbollah libanés, que son dos de los principales enemigos terroristas de Estados Unidos en estos momentos.
Por eso, la gran pregunta que se hacen todos los analistas políticos es si el gobierno saliente de Joe Biden tendrá tiempo de aplicar en los próximos meses más medidas contra HC, como el tema de la posible extradición, más todavía si es que el titular de la ANR no se da por enterado de la renovada presión procedente del Norte y sigue con su determinación de alzarse con todo el poder fáctico, como el caso de mantenerse incólume en su intención de apretar a sus opositores en el frente interno con más medidas antidemocráticas como la ley de ONGs, la investigación fiscal contra periodistas y medios de prensa o el avance sobre la magistratura judicial y la Fiscalía.
La apuesta cartista sería aguantar la nueva arremetida contra Tabesa y Horacio hasta el advenimiento de un nuevo gobierno de Donald Trump a partir de enero próximo, lo cual no resulta tan seguro si se atiende al virtual empate técnico en las encuestas entre el ex presidente y la “heredera” de Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, quien hasta podría ganar la presidencia en noviembre, haciendo que los aires del Norte no le sean favorables a Cartes en los próximos meses.
El mismo embajador norteamericano no dejó dudas sobre la persistencia de la intención política de Washington de buscar la máxima reducción de la influencia de Cartes sobre el gobierno de Peña, al expresar en su comunicado a la prensa nacional que la nueva sanción contra Tabesa en realidad “refuerzan las sanciones de Estados Unidos contra el ex presidente Cartes”, indicando además que “la acción de hoy es un ejemplo de que Washington sigue enfocado en garantizar la rendición de cuentas de actores corruptos y a promover profundas reformas contra la corrupción”.
Aumentó el calibre de la advertencia al prometer Estados Unidos la continuidad de “una lucha frontal contra la corrupción” en el país, porque el combate a este flagelo “resulta en instituciones más fuertes y eficientes, capaces de proveer servicios públicos de calidad, y velar por el desarrollo que Paraguay merece”.
La otra incógnita a develar en los próximos meses es si Santi Peña tendrá no sólo las agallas para enfrentar a su mentor y sostén político, sino a liderar una renovación en la cúpula política que incluya un gran acuerdo nacional de fortalecimiento de las instituciones que fortalezca la Justicia y la democracia, en un contexto en que los actores económicos empresariales, nacionales y extranjeros, reclaman el afianzamiento institucional para cumplir con los desafíos planteados ahora como resultado del logro del “grado de inversión”, que para los inversionistas no implica un gran avance si es que no va acompañado de hacer realidad una mayor seguridad jurídica, con el fin de alcanzar las metas anheladas para reducir los números reales del riesgo-país que manejan los capitalistas extranjeros y que tienen muy en cuenta las posiciones de la embajada norteamericana como la conocida ahora.
La nueva medida contra Tabesa y Cartes genera de todos modos dos vertientes de hacia dónde convergerá el sistema político paraguayo actual, es decir, por un lado podría ser el inicio de una cuenta regresiva que sólo tiene su final con el eclipse político de HC, o por otro lado resultaría en lo contrario, es decir la determinación de continuar con el avance cartista sobre las instituciones. En el primer caso, depende directamente de HC o de la reacción de Peña con el guiño favorable de Estados Unidos, pero en el segundo aspecto, resulta notorio que sólo Washington podría tener la última palabra.
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