El clan ZI comenzó a armar su continuidad en la arena política con miras a las elecciones de 2023, realizando los primeros contactos con algunos intendentes del Alto Paraná que le serían afines. El regreso “sin gloria” de Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra y su hermano Lucho, es el resultado de la perversa impunidad que tuvieron pese a haber robado en la municipalidad de Ciudad del Este por 18 años (2001-2019) y por 5 años en la gobernación departamental (2013-2018), según las acusaciones fiscales que no fueron atendidas por la Justicia.
Este fin de semana se lo vio a Javier Zacarías Irún muy activo realizando contactos con algunos intendentes del departamento, tratando de reagrupar su movimiento Vanguardia Colorada, con el objetivo de armar alianzas que le posibiliten retomar fuerza política y llegar eventualmente a acuerdos con el movimiento oficialista que lidera Hugo “Toro” Velázquez.
El senador y jefe del clan ZI, su esposa la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra, y su hermano el diputado Justo “Lucho” Zacarías, no tienen por lo visto ningún problema en aparecer de nuevo como actores políticos pese a los descarados robos que cometieron en sus administraciones según la Fiscalía.
Los miembros del clan han tomado nuevamente fuerza tras ser beneficiados por jueces amigos con groseros blanqueos. Es el caso de Javier y su esposa Sandra, que recibieron su sobreseimiento en un tribunal de apelaciones, tras ser acusados del desvío de G. 3.700 millones en la comuna de CDE, que ya nunca se podrán recuperar pese a las múltiples necesidades de la gente en la capital del Alto Paraná.
La cámara de apelaciones rechazó el pedido de revisión de la Fiscalía Anticorrupción y confirmó así la resolución de la cuestionada jueza y amiga del clan, Cinthia Garcete Urunaga, quien también fue llevada por ello al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde igualmente gozó de protección política.
La decisión de la jueza fue sólo una muestra de otros tantos casos de corrupción del clan ZI que no fueron atendidos ni investigados por la Justicia. Así, el Poder Judicial en todo momento se prestó a allanar el camino del cuestionado senador Javier Zacarías Irún. La Corte Suprema, por ejemplo, impidió la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito del senador, que también fue salvado por sus colegas de la pérdida de investidura.
Con la condena de varios años de cárcel que la Justicia aplicó a Óscar González Daher, ya fallecido, y a su hermano Ramón recientemente, quedó más que en evidencia el grosero manual de impunidad aplicado para favorecer siempre al clan ZI con el fin de eludir la cárcel, pese a las graves denuncias por enriquecimiento ilícito, asociación criminal, tráfico de influencias, lesión de confianza, declaración falsa y lavado de dinero, que prácticamente fueron los mismos delitos por los que que fueron acusados y condenados los miembros del clan luqueño, en una flagrante contradicción como muestra de una Justicia “selectiva”.
El regreso “caradura”
El regreso sin gloria del clan “caradura” es el resultado lógico de los sucesivos blanqueos en las distintas causas judiciales que se le abrieron a los miembros del clan ZI, pero más cara de piedra exhiben quienes vuelven a juntarse con personajes impresentables como Javier, como lo mostraron en los últimos días los intendentes de las localidades “visitadas”.
Entre los intendentes contactados por el clan estarían el de Yguazú, Mauro Kawano; el de Juan E. O´Leary, Everaldo Acosta; la intendenta de Santa Rosa del Monday, María Victoria “Mami” Salinas; el de Naranjal, Edoard Schaffrath; así como el de San Cristóbal, Nene Pelizza.
La vuelta del clan ZI y su rearme a través de las intendencias controladas por la ANR en el Alto Paraná, tendría el objetivo de mostrar que ZI mantiene su influencia en las bases, con miras a convencer para que el movimiento oficialista de Hugo “Toro” Velázquez lo tenga en cuenta para algún cargo, como sería un lugar en la lista de senadores para Javier o su hermano Justo, quien ya le tiene también en la Cámara Baja a su esposa Rocío Abed.
También se especula con que ZI buscaría imponer la candidatura de su esposa Sandra para la gobernación del Alto Paraná, a la vista que ambos obtuvieron el “visto bueno” judicial con sus respectivos sobreseimientos, a pesar de las acusaciones que pesan sobre ellos de haber vaciado prácticamente la municipalidad de Ciudad del Este en los 18 años de vigencia del clan en la capital del Alto Paraná.
El principal beneficiado con la Operación Cicatriz de impunidad en la ANR, ha llegado a ser ZI, hasta el punto que incluso su sinuoso trajinar por las carpas de los movimientos internos le ha resultado tremendamente útil, como se demostró con su último audaz salvataje en el Senado, donde se aprovechó nuevamente del manto protector de la mafia política para evitar la expulsión, refugiándose en el pacto entre Marito Abdo y Fernando Lugo, urdido esta vez con el fin de no permitir que Horacio Cartes conquistara el último bastión de poder que le falta como es la Cámara Alta.
A pesar del clamor popular contra la debilidad del sistema judicial ante los popes de la corrupción política y económica, no resulta de menor relevancia el hecho que Javier y su clan lograron zafar de las sanciones de las leyes penales llevando a su máxima expresión un esquema de impunidad que sigue muy campante y que podría continuar beneficiando a otros políticos también acusados de malversación de fondos públicos, a pesar de la indignación ciudadana y a la intervención más que velada de la embajada de los Estados Unidos.
Esto es así porque se llegó al extremo cinismo en el accionar político al “desechar” a algunos escombros para “seleccionar” a otros, con el objetivo bien calculado de la supervivencia del propio sistema. Y es lo que se saca como conclusión de lo acontecido con ZI, cuyo blanqueo judicial casualmente se consumó en los tiempos del acuerdo Abdo-Cartes de impunidad, mientras que su atornillamiento al asiento como legislador se consiguió con el nuevo pacto de la mayoría anticartista en el Senado.
Lo cierto es que mientras no sea tumbado por el pueblo el sistema político de corrupción en el que sigue protegido ZI y su pandilla familiar, vanos serán los lamentos por la impunidad de ellos y de los demás políticos acusados de varios delitos, todos ellos relacionados con el manejo torcido e impune de las arcas estatales en provecho propio, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal.
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