El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) realiza este viernes (27) una jornada de evaluación de las medidas tomadas en Ciudad del Este para el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo internacional.
Es el único día que salen de las oficinas del Banco Central del Paraguay, donde se han instalado desde el inicio de esta semana, para culminar su inspección en el país el próximo 3 de septiembre.
Los técnicos extranjeros se han mostrado particularmente interesados en conocer in situ la realidad de la Triple Frontera, por ser el territorio preferido por los traficantes de toda clase para realizar el blanqueo de los activos que poseen y que son de dudosa procedencia.
Para el Gobierno de Mario Abdo Benítez es la oportunidad que tiene de demostrar que las reformas introducidas en la legislación, así como las herramientas técnicas para su aplicación, han tenido efectividad, fundamentalmente para evitar que el crimen organizado se fortalezca por medio de su inserción en el sistema financiero a través del lavado de dinero.
El cumplimiento de las medidas antilavado debe conducir a la condena de los procesados por este delito, como la única forma de desalentar la actividad de quienes por ejemplo desde el narcotráfico financian sus actividades con el posterior blanqueo de los activos ilegales en el sistema económico formal.
Nuestro país posee la autoridad encargada de controlar el lavado de dinero, que es la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), cuya labor principalmente se orienta a prevenir la realización y concreción de operaciones sospechosas en el circuito financiero, además de coordinar las acciones tendientes a la sanción a los responsables de los movimientos de capitales dudosos en todo el sistema económico.
Actualmente, la Seprelad está a cargo del exfiscal Carlos Arregui, quien reconoció que ahora se verá qué se hizo con todo el instrumental normativo, técnico y de control establecido en los últimos años. Es decir, el Gafilat examinará si en la práctica resultó efectivo o no todo el andamiaje de reglamentaciones en vigencia y la actuación fiscal o judicial consecuente para sancionar y contener el flagelo.
De salir airoso de esta fiscalización, el gobierno de Abdo Benítez evitará que el país vuelva a caer en la lista negra de países que no colaboran en la lucha contra el lavado, de la que había salido hace un tiempo permitiendo la incursión en el mercado internacional de bonos, así como había traído una reducción del riesgo país de cuya medición depende la obtención de tasas de interés más bajas en los créditos internacionales.
También una buena calificación en la lucha antilavado permitirá alcanzar eventualmente el grado de inversión, que es el nivel ideal para promover la venida de los capitales destinados a dinamizar la producción y la economía en general.
Estados Unidos presiona
En coincidencia con la presencia de los técnicos de Gafilat en el país, Estados Unidos sancionó a tres comerciantes y cinco empresas de Ciudad del Este por realizar actividades de lavado de dinero en la Triple Frontera, disponiendo la imposibilidad de que los mismos puedan realizar actividades con el sistema financiero norteamericano, quedando al mismo tiempo congelados los activos de toda clase que posean en el país del Norte.
Esta dura sanción habla de la crucial importancia que tiene la visita del Gafilat a CDE, ya que también forma parte de este organismo el Gobierno de EE.UU. De hecho, entre los integrantes del grupo visitante se hallan expertos norteamericanos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que se encarga precisamente del combate al lavado de dinero, en estrecha relación con el Departamento de Justicia de ese mismo gobierno.
Al dar a conocer la sanción a los comerciantes de CDE, el comunicado del gobierno de Estados Unidos ha sido contundente al señalar que los ahora castigados, incluyendo uno que deberá ser extraditado a pedido de la justicia de aquel país, recibieron apoyo cómplice de funcionarios policiales, fiscales y judiciales, poniendo así énfasis en la corrupción que dificulta el proceso de lucha antilavado.
Frente a los datos de decomisos que afectaron a narcotraficantes y contrabandistas de cigarrillos, preocupa la impresión que tendrán los visitantes del Gafilat al conocer que los organismos encargados de contener estas actividades ilegales, como la Fiscalía y el Poder Judicial, no se han esmerado mucho para aplicar las condenas que son de rigor no sólo para neutralizar a los malvivientes, sino para evitar que sigan realizando sus movimientos en el sistema financiero formal a través del lavado de dinero.
El Ministerio Público tendrá que exigir a los organismos reguladores una mayor efectividad en los controles antilavado en el sistema económico y financiero, según opinan abogados expertos en la materia. Es porque el Gafilat va a notar que existe una cantidad mínima de reportes registrados. En cuanto a sanciones en el sistema financiero, sólo se conoce el que ejecutó el Banco Central al Banco de Fomento en el caso Messer, pero tampoco se registran sanciones a nivel judicial.
Se remarcará en el Gafilat que después de haber forzado por ejemplo a las empresas a adecuarse a las normativas antilavado, la exigencia de reportar actividades sospechosas tropieza con la falta de personal técnico preparado para el seguimiento de los casos.
Es por ello que la evaluación actual del organismo internacional pondrá más énfasis en la posibilidad de la sanción efectiva, a partir de la funcionalidad del sistema mismo para llegar al resultado deseado, como es poner coto al crecimiento del lavado de dinero y bienes, que a su vez facilita el auge del financiamiento al crimen organizado o al terrorismo.
Facebook Comentarios