Escribe: Luis Alen.
El inicio del proceso de juicio político a Arnaldo Giuzzio no apunta a tratar de reducir la inseguridad galopante en el país, sino a una “vendetta” del crimen organizado del narcotráfico por haber impulsado una investigación oficial en el bolsillo profundo del Patrón HC, según lo afirmó el mismo ministro del Interior. Si lo sacan a Giuzzio, por destitución o por renuncia, con toda razón se podrá afirmar que el Paraguay está camino a convertirse en un Narcoestado.
El demencial ataque de sicarios al concierto de San Bernardino del domingo último tuvo lamentablemente el saldo de dos muertos y varios heridos, pero sus consecuencias políticas están a la vista para que HC con sus legisladores del Congreso pongan en la mira al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, a quien tratan de destituir a través de un juicio político, poniendo en aprietos al presidente Marito Abdo, quien en los siguientes días al atentado siguió apoyando al jefe de la cartera de seguridad.
Como era de esperar, la cruenta embestida con sello narco que tuvo además el “daño colateral” del asesinato de la mediática Cristina “Vita” Aranda, fue aprovechado por el Patrón HC para ordenar a sus legisladores en el Congreso el armaje de un proceso destinado a hacer saber que no tolera ninguna movida urdida con el fin de disminuir su poder fáctico.
Casualidad o no, la derivación política del sicariato más resonante del ya de por sí caliente verano paraguayo, explica después de todo la situación que vive el país que pasa por una aguda crisis de inseguridad rampante, pero aparte del dolor causado a tantas familias y a toda la sociedad, se podría deducir que el problema no está en Giuzzio sino en la misma protección política a los narcos.
Una auténtica guerra
Resulta evidente que Horacio Cartes quedó con la sangre en el ojo por la feroz denuncia hecha en su contra por Giuzzio por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa ante la Seprelad. Es cierto también que el cartismo venía solicitando desde hace meses la salida del ministro, pero que éste haya tenido la valentía de arremeter contra HC ya es otra cosa, denotando que el desafío lanzado preanuncia una auténtica guerra en la que se juega tanto el poder fáctico del Patrón como el poder legal que quiere ser controlado por la narcopolítica.
Para Giuzzio, está claro que HC aprovechó la tragedia del Ja´umina Fest para que se impulse el juicio político en su contra. Lo dijo ante la Comisión Permanente del Congreso, tras conocerse que habrá sesión extraordinaria de Diputados para tratar el libelo acusatorio promovido por el cartismo para el enjuiciamiento. Por ello no se ahorró improperios contra Horacio, a quien vinculó con la delincuencia organizada y hasta lo acusó de realizar extorsiones al presidente Marito Abdo para ubicar a sus hombres en puestos del gobierno.
Al tiempo de afirmar que estamos en presencia de una represalia política, “una vendetta de la mafia”, como en su denuncia ante la Seprelad contra Cartes volvió a describir con lujo de detalles el abundante movimiento de dinero a través de sus empresas, proveniente en su mayoría de la venta de cigarrillos, mostrando en un mapa de Sudamérica la ruta del tráfico de tabaco y hasta relacionó la actividad comercial de HC con grupos criminales que se encargarían de distribuir el cigarrillo en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, el Caribe y México.
Calificó el ministro la actividad que desarrolla HC como la “Operación Michael Jackson”, porque “este señor era negro y quiso blanquearse”, aludiendo también a las conexiones que tiene con personas condenadas en Estados Unidos como Roque Fabiano Silveira, y Darío Messer en Brasil.
¿Un hecho provocado?
El ministro Giuzzio también adelantó ante la comisión bicameral que se conocerán más detalles sorprendentes que maneja la Policía sobre la irrupción de sicarios en pleno festival donde estaban presentes unas 15 mil personas. Por algo ya precisó que el asesinato de “Vita” Aranda fue utilizado para armar el juicio político, por la repercusión del penoso suceso en la opinión pública.
Aunque el luctuoso episodio del fin de semana tiene a priori todas las características de un ajuste de cuentas narco con el “daño colateral” de las víctimas inocentes que estaban en el momento y lugar equivocados, existen posiblemente ribetes impensados que irán surgiendo con las investigaciones, como la certeza de que un hecho así tuvo que estar organizado y financiado por gente muy poderosa amparada en la impunidad que gozan, vaya a saber con qué fines, pero cuyo resultado está a la vista, como dejar un mensaje a la población.
En primer lugar, se desvela quién tiene las riendas del poder, con el agregado de la munición pesada lanzada contra el gobierno para la posible salida del ministro por juicio político, lo que en realidad no soluciona el problema de fondo de la inseguridad, porque se sabe que la administración de Marito Abdo es la verdadera responsable, en última instancia, del déficit imperante en materia de seguridad en la República, ya sea por la corrupción policial o por la cooptación de los narcos de la Fiscalía y de la Justicia.
Pero un dato no menor es que ya durante este gobierno, en 2019 se intentó reformar la Policía Nacional a través de una nueva ley orgánica con el fin de combatir la endémica corrupción en sus filas. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la bancada cartista en Diputados, lo que indica inequívocamente hacia dónde hay que apuntar para encontrar al último responsable del manejo de la seguridad en contra de los intereses auténticos de la sociedad.
Venganza narco
El mismo Giuzzio fue el que en los tiempos en que era senador, había alertado dando algunos nombres y apellidos sobre las conexiones del narcotráfico en la política nacional, pero con el dato que ahora proporcionó ya como ministro, de que la fortuna más grande del país esté metida hasta la médula como principal cliente de la enorme lavandería de dinero sucio, debería llevar a la ciudadanía a comprender por qué motivo los narcos y sus sicarios prácticamente se han adueñado de nuestras calles.
El ministro dijo a propósito en un tuit que “el crimen organizado me inició una guerra política, mediática y jurídica, justamente por mi postura de denunciar su esquema”. A continuación lanzó que “si me tengo que ir, me iré. Pero no me van a callar, que les quede claro”.
Lo que hizo Giuzzio con respecto a HC fue pasar a la siguiente fase de la lucha contra el narcotráfico atacando sus bases financieras y, por ende, a la protección política que tienen para moverse a sus anchas sin ser molestados en las principales instituciones de la República.
Aquí se debe reiterar que la conspiración con el fin de sacarle del gobierno a Giuzzio, incluido ahora el proceso de juicio político, no es más que una “vendetta” no sólo de HC sino de los mismos narcos, por haberse animado el secretario de Estado en desenmascarar el mecanismo de convertir la plata sucia en limpia, es decir, del blanqueo de activos al que es extremadamente adicto el crimen organizado con el fin de seguir expandiendo sus suculentos negocios ilegales.
De que la protección política resulta muy relevante para la mafia lo demuestra el dato que nada menos que 20 diputados firmaron el pedido de sesión extraordinaria que acompañó la presentación del libelo acusatorio contra Giuzzio solicitado ¡oh casualidad!, por legisladores liberales llanistas, que por supuesto fueron inmediatamente acompañados por sus colegas cartistas, siguiendo un libreto que por lo visto fue preparado exprofeso como corolario de los sangrientos sucesos del domingo pasado, y que ahora aparece con notoria claridad que fueron preparados con rigurosa organización para tener este objetivo político desestabilizador.
La senadora liberal llanista Zulma Gómez se despachó también contra Giuzzio, pero adelantó que no habría votos para conseguir su destitución en el Senado, aunque se apruebe el enjuiciamiento en la Cámara Baja.
Se pudo saber que Marito no estaría del todo seguro del blindaje a su ministro de parte de los diputados que le quedan al oficialismo colorado, por lo que estaría estudiando finalmente la salida de Giuzzio con el fin de evitar ser después él mismo otra víctima colateral del cartismo, a pesar que una sustitución del ministro del Interior en estos momentos daría la pauta de quién gobierna realmente en el país con su poder fáctico.
Haya sido o no el desenlace querido por los narcos, aparte de la matanza del anfiteatro resulta notorio que un efecto colateral sin lugar a dudas es la consecuencia en el campo de la política, a cuenta de la protección de los narcopolíticos, quienes ahora juegan el partido para asegurar su predominio ya de cara a las elecciones internas de diciembre y las generales de abril de 2023.
Para HC es de vida o muerte también que Giuzzio desaparezca de la escena gubernamental, porque es una piedra en su zapato que el secretario de Estado intente poner en duda el origen de su colosal caudal monetario, que le sirve sobre todo para mantener a raya a sus competidores por el poder total.
Si permanece en el cargo después de un eventual fracaso del juicio político, Giuzzio se anotaría un gran espaldarazo en su intento de abrir una brecha en el mundo narco para conocer sus conexiones financieras. Si sale del cargo por el juicio, o antes por una renuncia o destitución de Marito, se habrá consumado una victoria resonante de la narcopolítica, pudiéndose así afirmar que el Paraguay está por adquirir su patente de Narcoestado.
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