Mega intervención desarticula granja clandestina de criptominería en Saltos del Guairá

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Establecimiento donde funcionaba una criptominería clandestina que robó energía por casi G. 2.000 millones mensuales.

SALTOS DEL GUAIRÁ.- (Cristhian Godoy- Especial). La Policía Nacional, el Ministerio Público y la  Administración Nacional de Electricidad (Ande), desarticularon una granja clandestina de criptominería que operaba con conexión directa en media tensión en la ciudad de Saltos del Guairá, capital del décimo cuarto departamento de Canindeyú.

Hoy en el programa radial “De frente con Christian Abdón”, por la 100.5 RSG, habló el jefe regional de la Ande, Eduardo Falcón, sobre esta situación y dijo que en forma sorprevisa personal de la Ande y del departamento de Policía, con un mandado en manos, procedió al allanamiento del establecimiento en donde se descubrió que operaba una granja clandestina de criptominería, en el Km. 02 de Saltos del Guairá. Mencionó además que el día de hoy miércoles seguirán los trabajos en el lugar.

Refirió que durante el operativo, se confiscaron 833 procesadores de criptoactivos que estaban en funcionamiento al momento de la intervención. Según indicó Falcón, estos equipos, de gran tamaño, estaban conectados de manera irregular a la red eléctrica, utilizando cuatro transformadores: uno de 1.000 kVA y tres de 2.000 kVA (sin placa), lo que suma una potencia total instalada de 7.000 kVA.

Agregó que la Ande presentó una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de sustracción de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos y sabotaje.

El fiscal a cargo de la intervención es el agente Ramón Javier Ferreira, perteneciente a la Unidad Penal Nº 2 de Saltos del Guairá. Con una orden de allanamiento, Fariña procedió al precintado de todos los accesos al establecimiento y designó un depositario fiscal en el lugar.

Casi G. 2.000 millones mensuales sería el daño patrimonial

Según el análisis realizado por la Ande, el daño patrimonial mensual se estima en aproximadamente G. 1.922 millones. Esta cifra, sumada a los costos derivados de la intervención y la aplicación de la multa, deberá ser abonada por los responsables del inmueble.

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