SALTOS DEL GUAIRÁ-(Christian Abdón Godoy -Especial). Tanto propietarios y productores agropecuarios de la región de Pindoty Porã, Canindeyú, se encuentran cansados de enfrentar atropellos de supuestos grupos indígenas en sus establecimientos. Los nativos no son otra cosa que instrumentos de arrendatarios oportunistas que buscan explotar tierras ajenas a bajo costo. Los afectados ya habían denunciado estos ataques a la propiedad privada en varias oportunidades.
La firma Agropecuaria Principado SA, que actualmente cuenta con unas 9.000 hectáreas de tierras cultivadas y 1.500 hectáreas de reserva natural, nuevamente es objeto de «invasiones», por lo que solicitaron protección de la Policía Nacional.
«En diciembre del 2024, un grupo de supuestos indígenas invadieron el inmueble, posteriormente fueron desalojados en febrero 2025, sin ser detenida una sola persona, porque habían escapado a la Reserva del Mbaracayú» manifestaron desde la Agropecuaria.
Sin embargo, desde hace unos 30 días atrás, en abril de 2025, volvieron a ingresar al inmueble de Principado SA, que a pesar de contar con guardias privados, son objetos de amenazas constantes.
«Se vive en total zozobra, no se puede cosechar, piden por teléfono 300 millones para dejar cosechar, prácticamente ellos quieren manejar las cosas», comentó David Pereira, uno de los representantes jurídicos de la empresa.
Volvieron a solicitar resguardo policial
«Pedimos el resguardo permanente, también a la unidad especializada ecológica y rural, porque ya empiezan a entrar en la tala y quema de la reserva de 1.500 hectáreas con que cuenta la empresa», dijo el profesional del derecho.
“El cobro por permitir la cosecha, bajo chantaje y la extracción ilegal de maderas son patrocinados por terceros, desconocidos, con intereses creados por la tierra, por la parte forestal y también por la parte de la plantación de marihuana, debido a que ese sector de la propiedad de la Agropecuaria es colindante con la reserva del Mbaracayú, donde hay interminables cultivos de marihuana, y éstas serían las razones de las invasiones dirigidas”, acotó el abogado.
Refirió que ya existe un nuevo pedido de oficio, de resguardo permanente, en la Fiscalía de Saltos del Guairá. Esto, debido a la preocupación de la tala y quema de la reserva, que se encuadraría dentro de la violación de la Ley 716 y otras que protegen el medio ambiente, indicó Pereira.
Finalmente subrayó que sólo piden una cosa, la protección permanente para poder trabajar tranquilos, restableciendo así el quebrantamiento de la seguridad y la paz de la propiedad privada, todo conforme a derecho.
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