El proceso judicial contra el exdiputado Miguel Cuevas continúa sin resolución en la Corte Suprema de Justicia, a más de dos años de su condena a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito, lo que mantiene sin efecto la ejecución de la pena.
La sentencia, dictada en septiembre de 2023, estableció que el exlegislador registró un incremento patrimonial injustificado superior a G. 1.900 millones. Posteriormente, en diciembre, el fallo fue confirmado por el Tribunal de Apelación Penal, dejando firme la condena en segunda instancia.
No obstante, la defensa promovió una serie de recursos legales que han dilatado el proceso, incluyendo recusaciones contra ministros y acciones de inconstitucionalidad. Estas maniobras han impedido hasta ahora la integración completa de la Sala Penal, instancia clave para definir el futuro judicial del exparlamentario.
Pese a los reiterados pedidos del Ministerio Público, representado por el fiscal Luis Piñánez, el expediente permanece paralizado desde hace varios meses, sin avances concretos.
El caso ha generado críticas hacia el funcionamiento del sistema judicial, señalado por su lentitud en causas que involucran a figuras políticas. Para distintos sectores, la prolongada demora en una decisión definitiva refuerza la percepción de desigualdad en la aplicación de la justicia.
Mientras tanto, la condena contra Cuevas sigue sin ejecutarse, manteniendo abierto un proceso que se ha convertido en uno de los más emblemáticos en materia de corrupción pública en Paraguay.
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