Escribe: Luis Alen.
Hasta ahora no es posible asegurar los votos para echar a Sandra Quiñónez de la Fiscalía general, lo que no hace sino mostrar que el mismo Gobierno se halla desorientado sobre la forma de actuar para arremeter contra el principal negocio de HC que está detrás del lavado de dinero, que resulta el contrabando de cigarrillos. El mismo secretario de Tributación dice que no hay “daño patrimonial” al Estado con el tráfico de tabaco en la frontera.
Pese a las declaraciones del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, sobre la trama ilícita que le volvió multimillonario a Cartes, ni corto ni perezoso unos días después nada menos que el secretario de Tributación, Óscar Orué, volvió a posicionarse a favor de los tabacaleros, con la bravuconada de que “el contrabando de exportación no produce daño al erario”, lo cual es una tremenda tontería.
La incursión en política de Horacio Cartes siempre tuvo el objetivo de defender sus negocios a través de la suma de poder fáctico que acumuló en los últimos años, coronando el proceso con el control absoluto sobre la Fiscalía y el Poder Judicial. Donde aparece nítidamente el éxito rotundo de esta acumulación de poder para impulsar el crecimiento del bolsillo profundo de HC, es el próspero negocio del contrabando de cigarrillos, por la sumisión total de fiscales y magistrados, desembocando en ganancias multimillonarias que ahora le permiten al tabacalero comprar casi medio país.
Giuzzio sólo se hizo eco de datos que manejan las agencias norteamericanas y brasileñas de lucha contra el crimen organizado que está detrás del negocio del contrabando de cigarrillos, porque las bandas como el PCC se encargan de traficar junto al tabaco, drogas, armas, electrónica y otros productos apetecidos por el mercado brasileño e internacional.
No investigan a “compradores”
Pero lo que se nota es que tanto Marito Abdo y su gente de Hacienda como el caso de Orué, siguen la corriente a los fiscales de Quiñónez, que nunca se han molestado en investigar a los “compradores” de las tabacaleras que aparecen como los grandes “fumadores en pipa” del fisco, y quienes diariamente envían decenas de camiones a la frontera para la “exportación”, pero sin cumplir con las mínimas normas establecidas en el Código Aduanero, en lo que configura claramente como contrabando o “tentativa” de contrabando, incluso según la Sentencia N° 137 de la mismísima Corte Suprema del año 2013.
Orué trata de justificar lo indefendible aduciendo que como no existe impuesto a la exportación, la salida irregular de cigarrillos al Brasil, por ejemplo por el lago de Itaipú, la frontera seca de Canindeyú y hacia los otros países limítrofes, “no causa daño patrimonial al Estado”, por lo que no se puede perseguir aquí en nuestro territorio, porque además las tabacaleras “pagan sus impuestos por dichas ventas”.
Lo que omite deliberadamente el responsable de la autoridad tributaria, es que una investigación de la fiscalía sobre dichos “compradores” destapará la gran evasión que presumiblemente existe detrás de la comercialización de las miles de cajas de cigarrillos que salen diariamente de las fábricas, lo que nunca fue aclarado porque también jamás se movió un dedo en la fiscalía de Sandra Quiñónez para investigar a los “clientes” del Patrón y sus socios de la Unión de Tabacaleras del Paraguay (UTP)
Después de las explosivas declaraciones de Giuzzio sobre las relaciones de HC con el crimen organizado brasileño a través del mega tráfico de tabaco, al principio la fiscala general tampoco se animó a investigar al Patrón aunque después lo hizo empujada por la presión de los informes de los norteamericanos, pero lo cierto es que no se puede esperar mucho de la fiscalía para esclarecer la grave denuncia y llevar entre rejas a los autores, cómplices y encubridores del negocio tabacalero irregular, que es la fuente principal de lavado de dinero en el país.
Es una razón de mucho peso para pedir el juicio político de Sandra Quiñónez, aunque también se debe preguntar si un personaje como Óscar Orué puede seguir en el Gobierno de Marito, después de haber defendido a capa y espada el negocio del contrabando de cigarrillos, y no sólo ahora sino en cuantas ocasiones tuvo que salir a defender a Tabesa o a las demás empresas de la UTP, que supuestamente están entre los más grandes contribuyentes del fisco, pero que no dejan que ningún fiscal o auditor enviado por la Justicia analice sus libros de ventas y haga un seguimiento de sus “compradores”, que deben tributar igualmente el IVA o el Impuesto a la Renta.
El soporte cartollanista
Más que nunca Blas Llano le resulta funcional a HC en la actual encrucijada del juicio político a Sandra Quiñónez, con lo que se consuma el gran pacto de soporte al poder fáctico de Horacio. Pese a la recomendación de su propio partido, el PLRA, de votar a favor del juicio a la fiscala general por existir causales suficientes de destitución al estar al servicio de los intereses del Patrón, Blas se cierra en aquello de que no quiere ser una pieza más de la interna colorada.
Sin embargo, sobran los motivos para que esta vez se ponga en las filas de los intereses de la sociedad en general, y no se preste nuevamente a ser un fiel seguidor de las órdenes del Patrón HC, en lo que sí aparece como un participante calificado de la interna colorada al aplicar en forma desembozada el libreto que le asigna el cartismo.
Con la sumisión de Llano a las directivas de Cartes, el dirigente liberal cava su propia fosa política, ya que es muy difícil que pueda sobrellevar ante los electores de la interna liberal el mote de traidor a los más caros anhelos de justicia del pueblo paraguayo.
La próxima llegada del nuevo embajador norteamericano, Marc Ostfield, está suscitando una gran expectativa en el ambiente político, más aún después que ya haya anunciado su intención de fortalecer la democracia paraguaya por medio de un rescate de la “integridad judicial”, lo que a un buen entendedor le suena como el gran desafío actual a vencer, ante la manipulación de la Justicia por parte de la protección política mafiosa, que en forma escandalosa se puede observar en pleno apogeo de la compra-venta de votos.
Por de pronto, actitudes como la de Llano sólo llevan a desdibujar aún más la imagen de ciertos opositores que proporcionan sus votos para que continúe la Justicia en manos de quienes la utilizan para su propio provecho, en detrimento de la puesta de los beneficios de una administración judicial honesta en función al desarrollo económico y social de la nación.
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