Escribe: Luis Alen.
El clan ZI muestra su creciente influencia sobre la Justicia, al conseguir que a través de una resolución judicial la comuna de Ciudad del Este deje de administrar el Shopping Box y el estacionamiento anexo, en un predio expropiado en la década del 90. Tanto Javier Zacarías Irún como su esposa Sandra McLeod, cuando dirigían el municipio esteño, habían sido acusados de entregar en concesión el terreno lindante con la zona primaria aduanera, a emprendimientos comerciales privados. Esto ocurre en momentos en que el cartismo en el Congreso ha sido frenado en su intento de darse un “atracón” con una serie de proyectos de expropiación de tierras para beneficiar a proyectos inmobiliarios que involucran hasta a “ocupantes vip”, como en el caso de Remansito, Villa Hayes, en el Chaco paraguayo.
No le alcanzó al movimiento cartista Honor Colorado, de Horacio Cartes, su aplanadora en el Congreso para concretar un proyecto de “privatización” de valiosas tierras fiscales ubicadas en Remansito, distrito de Villa Hayes a orillas del río Paraguay, a pocos kilómetros al norte de Asunción.
Es cierto que el plan estuvo a punto de hacerse realidad, con ley aprobada y todo, pero con sanción ficta por el retiro de la bancada cartista que dejó a propósito sin quórum la sesión del Senado en la que debía ser tratado el proyecto de ley de expropiación de más de 130 hectáreas de la finca 916 perteneciente al Ministerio de Defensa, y que ya tenía media aprobación de la Cámara de Diputados en la legislatura anterior que finalizó el 30 de junio de este año.
Lo que se pretendía en realidad era una suerte de “regularización” de posesiones de hecho, pero no de “campesinos sin tierra” sino de ocupantes VIP que edificaron impresionantes mansiones con muelles aptos para los deportes náuticos, por lo que no eran precisamente humildes agricultores, como fueron presentados por el senador Basilio “Bachi” Núñez, el líder de bancada de la ANR en la Cámara Alta.
Gracias a que las senadoras Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Celeste Amarilla (PLRA) lanzaron el grito al cielo de su indignación por la maniobra del senador cartista, la ley aprobada pasó a provocar un escándalo mayúsculo en las redes sociales y en la prensa no oficialista, obligando al presidente Santiago Peña a adelantar su veto al proyecto, desautorizando así al mismísimo líder de bancada de la mayoría en el Senado, quien es además uno de los políticos más cercanos al Patrón HC, fue ex diputado y ex asesor político de Cartes durante su presencia en el Palacio de López.
Vínculos con el poder
La cercanía con un poder de pocos contrapesos, es la vía libre para perpetrar la clase de atropellos como el que intentó realizar el cartismo en el Senado, a costa del pueblo paraguayo. Se concretó así lo que ya se había advertido que podría ocurrir, en el sentido de que la topadora colorada en ambas cámaras en unión con sus satélites liberales y otros opositores, podría llegar a pergeñar leyes contra el interés general, porque la oposición es débil y no consigue que se discutan los proyectos con el aditamento de un tiempo adecuado de análisis pormenorizado de todas sus aristas, procediendo así la mayoría colorada a la rápida aprobación de asuntos que en algunos casos son de vital importancia para el país.
Así pasó con el tema de la expropiación impulsada por el senador “Bachi” Núñez, ex intendente de Villa Hayes, quien propició nada menos que despojar al Estado paraguayo de estratégicas tierras a orillas del río Paraguay en la zona del Puente Remanso, a favor de ocupantes particulares con peso económico y político.
La indignación ciudadana ha sido tan grande, que del Quincho de la calle España vino la contraorden de frenar a “Bachi” Núñez, quien ni corto ni perezoso y haciendo gala de un cinismo extremo, se volvió el más entusiasta partidario del veto de Santi Peña, después que se erigiera en proyectista del adefesio legal intentado para el operativo de tierras con fuerte tufo a negociado.
El hecho de disfrutar de la cercanía con el hombre fuerte del país también está volviendo a hacer pisar fuerte al clan Zacarías Irún en el Alto Paraná, al conocerse la resolución judicial favorable para la vuelta de la administración del Shopping Box, lindante con la zona aduanera de Ciudad del Este, a sus antiguos concesionarios que habían sido beneficiados por Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, cuando eran los mandamases de CDE.
El actual intendente Miguel Prieto había invalidado la concesión zacariísta en 2020, por lo que los comerciantes debían pagar directamente a la comuna por el uso del local, constituyendo los pagos una fuente importante de ingresos para el municipio.
Los concesionarios habían acudido al Tribunal de Cuentas y a la Corte Suprema, que les dieron la razón en detrimento de la posición asumida por la comuna. El intendente Prieto acató la medida judicial, pero anunció que continuará dando pelea en la Justicia para defender los intereses del pueblo paraguayo en razón de la necesidad de dar mejor uso al patrimonio perteneciente a todos los ciudadanos.
El problema es que por lo visto el clan ZI nunca dejó de tener influencias en el Poder Judicial a través tanto del senador Javier Zacarías Irún, su hermano el actual director de Itaipú Justo “Lucho” Zacarías y la esposa de éste la diputada Rocío Abed, quien a la vez maneja varias comisiones de la Cámara Baja.
Después de aliarse con el cartismo, el clan ZI consolidó una fuerte presencia que ya tenía hace tiempo en las instancias decisivas de la Justicia, como se comprobó ahora en el caso del Shopping Box, tanto en el Tribunal de Cuentas como en la Corte Suprema.
Lo que sí llama la atención es que la “privatización” de tierras fiscales sin mayores análisis en el Congreso, tuvo ahora un freno gracias a la firme actitud de las senadoras opositoras Paredes y Amarilla, por un lado, y por el rechazo ciudadano manifestado en las redes sociales, lo que evidentemente contrasta con la rapidez y facilidad que en contrapartida reciben las presentaciones promovidas por el clan ZI en el Poder Judicial, al amparo de la bendición con que también cuentan desde el Quincho del poder.
Un contraste aún más escandaloso ocurrió el mismo día, el miércoles 4 de octubre, cuando funcionarios encabezados por el procurador general Marco Aurelio González, realizaron la comprobación de la ocupación VIP “pacífica” en Remansito. En simultáneo, tenía lugar el violento desalojo fiscal-policial de familias ocupantes de la finca 66 de Ciudad del Este, donde incluso murió una madre de familia a causa de un infarto, desatando la lógica reacción de los pobladores que luchan por tener una tierra propia, allí sí desde hace décadas en varios barrios súper poblados de la capital del Alto Paraná y que pertenecieran a jerarcas de la época stronista y sus herederos.
¿Un “peñismo sin Cartes”?
Aunque el diputado Mauricio Espínola haya insinuado la posibilidad de un “peñismo sin HC”, todavía resulta prematuro pretender que Santi Peña cruce el Rubicón y se aleje de su mentor político Horacio Cartes. Es cierto que hasta Estados Unidos le ha insinuado a Santi una mayor independencia en sus decisiones con respecto al Patrón, ya que incluso el mismo jefe de Estado dijo estar “de acuerdo en un 95 por ciento” con lo expresado en el plan anticorrupción norteamericano y que ya es la clave para el accionar del Ejecutivo en este campo de la lucha contra la impunidad, tras la cumbre de poderes realizada en agosto a poco de asumir Peña.
Pero el problema radica en ese mismo 5 por ciento con el que no está de acuerdo Santi, y que es el resultado del enorme poder fáctico con el cual HC mantiene su hegemonía política, con fuerte injerencia en el Legislativo y en el Poder Judicial, además de la Fiscalía y la Contraloría, que son todos estamentos con los que el presidente de la República busca cooperar para hacer frente a los grandes temas anticorrupción, además de las corruptelas típicas en la administración estatal y policial con el condimento del “incentivo” privado que facilitan los delitos y crímenes ligados al narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero, todos ellos retroalimentados por la impunidad en la estructura judicial y por la protección política.
Pero los últimos casos que saltaron de evidentes negociados y corruptelas que tienen como protagonistas a legisladores, funcionarios, intendentes y políticos oficialistas, que le explotan en la cara al mismo Santi, no hacen otra cosa que revelar que sigue dependiendo en sumo grado del poder de Cartes, quien en última instancia es el que sigue manteniendo su liderazgo sobre la tropa, que está muy alzada y deseosa de recibir los beneficios crematísticos por haber apoyado en las elecciones al movimiento Honor Colorado.
El veto de Santi Peña al grosero despojo de tierras en perjuicio del Estado, en el Bajo Chaco, es una medida acertada que le puede ir dando mayor estatura política y moral al presidente, pero tampoco se puede afirmar que ya está preparado para desafiar la primacía del Patrón HC, a quien todavía le debe rendir pleitesía en aras de su propia gobernabilidad, no se sabe hasta cuándo.
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