La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores recomendará aceptar el pedido de desafuero al senador ex disidente colorado, Nelson Aguinagalde, según lo señaló, días pasados, el vicepresidente de la Comisión, Julio César Velázquez. El legislador fue imputado en el 2009 por un perjuicio de 3.000 millones de guaraníes contra el patrimonio de la Gobernación de Alto Paraná.
Velázquez dijo de que sería otorgado el desafuero pese al ruego del senador altoparanaense de rechazar la solicitud del juez Marino Méndez. Aguinagalde alega que el procedimiento de la Fiscalía tiene varias irregularidades. “Yo creo que el criterio general es de no trabar la investigación judicial”, indicó el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuyo dictamen deberá ser admitido o rechazado por el pleno de la Cámara de Senadores.
“Yo tengo un criterio general de que se debe dar el desafuero, pero también hay que revisar de que no exista un abuso de parte del juez o los fiscales, vamos a recomendar al compañero Aguinagalde habilitar todos los medios para que pueda defenderse”, señaló el legislador. Aguinagalde había sido convocado para ayer miércoles por la comisión asesora para hacer su descargo sobre su imputación.
Antecedente
El pedido de desafuero al legislador fue solicitado a la Cámara Alta por el juez Marino Méndez en la causa caratulada: “Ministerio Público contra Miguel Ángel Fernández y Nelson Aguinagalde sobre hecho punible contra el patrimonio (lesión de confianza) y otros”, proceso iniciado en el año 2009 a partir de la actuación como gobernador y actual legislador.
Al mencionado proceso también se suma otra acusación del fiscal Martín Cabrera, sobre supuesto mal manejo de fondos públicos durante el 2012.
Procesos a parlamentarios
están semiparalizados
Los diputados José María Ibáñez (ANR), Óscar Núñez (ANR) y Milciades Duré (PLRA), y los senadores Víctor Bogado (ANR), Nelson Aguinagalde (ANR) y Enzo Cardozo (PLRA) están imputados por una serie de delitos, pero hasta ahora lograron evitar ir a juicio.
En todos los casos, la fiscalía presentó acusación, pero cuando llegan a los juzgados se pone en marcha la maquinaria de chicanas para dilatar. En los últimos años se presentaron ante la justicia al menos 325 denuncias de corrupción. Hasta ahora, solo en un caso hubo condena.
Se trata de Rubén Quesnel, encontrado culpable en el caso de venta ilegal de tierras indígenas del Chaco. Fue condenado a seis años de prisión.
A los casos mencionados se suman los que afectan a parlamentarios. Algunos de ellos se originaron en el Poder Legislativo. Uno de los más sonados involucra al diputado colorado José María Ibáñez, imputado por lesión de confianza. El legislador hizo pagar a la Cámara de Diputados el sueldo de tres personas que oficiaban de cuidadores de su casa de campo ubicada en Areguá. La fiscalía asegura que todos los hechos denunciados fueron comprobados y solicitó juicio oral para el legislador ya en setiembre de 2014.
A casi un año de dicha presentación, el juez de la causa, Miguel Tadeo Fernández, no pudo llevar a cabo la audiencia preliminar debido a las chicanas presentadas por la defensa del legislador.
Otro sonado caso es el de Gabriela Quintana, la “niñera de oro” del senador Víctor Bogado. La mujer, en el 2013, cobró salarios como funcionaria de Diputados y de Itaipu, respectivamente.
El caso en estos momentos está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
El diputado Óscar Venancio Núñez, por su parte, está acusado de una millonaria malversación durante su administración como gobernador de Presidente Hayes. La fiscalía solicitó juicio, pero el legislador hasta ahora evitó ir siquiera a una audiencia preliminar.
El senador Enzo Cardozo está procesado también por millonario perjuicio al Ministerio de Agricultura y Ganadería. En dos hechos está imputado. El caso está parado desde diciembre del 2014.
El senador Nelson Aguinagalde por mucho tiempo logró zafar de la justicia. En julio pasado, después de casi seis años, el juez de Ciudad del Este, Marino Méndez, solicitó su desafuero para llevarlo a juicio por un caso de desvío de G. 3.000 millones, durante su gobierno en Alto Paraná. Aguinagalde tiene otros nueve procesos, dos de ellos por enriquecimiento ilícito.
Completa la lista el diputado Milciades Duré, imputado por lesión de confianza. En el 2012 consintió el pago de G. 60.000 millones por tierras sobrefacturadas, en el departamento de Cordillera, donde era gobernador.
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