El imputado exintendente colorado de Presidente Franco Alcides Fernández, desembolsó G. 324 millones por contratos para reparaciones del parque automotor municipal. Sin embargo, la Contraloría no constató evidencia del servicio contratado.
En 2013, el entonces intendente Fernández pagó G. 119.807.000 a las empresas Tornería San Miguel, de Juan Escobar Servín, y a JP Repuestos por supuestas reparaciones de vehículos de la Municipalidad franqueña.
Sin embargo, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló que los pagos con fondos de royalties fueron efectuados sin especificar qué vehículos fueron reparados.
El ente contralor detectó la misma irregularidad en 2014 por valor de G. 34.997.938 con la empresa JP Repuesto, durante la gestión de Fernández.
La Contraloría también constató la misma anomalía en 2015, cuando Fernández desembolsó G. 169.532.125 a la firma Mika Repuestos, de Marta Paredes de Torales.
En su descargo ante la Contraloría Fernández dijo que “todas las maquinarias y equipos no cuentan con código patrimonial en la institución municipal de Pdte. Franco hasta la fecha y por ende es difícil individualizar a que maquinaria o equipo pertenecía los servicios”.
La Contraloría también detectó que Fernández malversaba fondos de royalties. Entre 2013 a 2015, en vez de destinar a obras, el entonces intendente usó G. 349 millones para pago de jornales.
El ente de control constató también uso irregular de recursos de royalties en 2016, en la administración de Roque Godoy (PLRA), quien destinó G. 50 millones para abonar salarios a jornaleros.
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