Los legisladores de Colorado Añetete y Fuerza Republicana acordaron por unanimidad acompañar a la oposición en su propuesta de juicio político a la fiscala general Sandra Quiñónez, en una decisión que despeja el camino para la presentación del libelo acusatorio en la Cámara de Diputados con el fin de buscar una renovación en la Justicia.
Después de varios días de incertidumbre, diputados y senadores del oficialismo colorado dieron a conocer este lunes 14 una postura unificada en apoyo a la destitución de la titular del Ministerio Público, acusada de haber cajoneado varias denuncias contra Horacio Cartes y de no impulsar las acusaciones de corrupción contra varios altos exponentes del cartismo.
En los sectores de oposición proclives a llevar a cabo el proceso a Quiñónez, se esperaba esta definición del coloradismo abdo-velazquista, con miras a la puesta a punto del documento en el cual se redactarán las pruebas por las que se demostrarán las causales de juicio político en que ha incurrido la jefa de la Fiscalía, quien ocupa el cargo desde 2018 tras ser electa con el apoyo del anterior presidente Horacio Cartes, antes de que éste abandonase la presidencia.
La determinación unánime de las bancadas oficialistas del Congreso en favor del juicio a Quiñónez obligará también a varios legisladores opositores, como los liberales llanistas, a tomar una decisión pública de apoyo o no al libelo acusatorio en Diputados, con el posible costo político que supondrá seguir sumisos a la línea bajada por el cartismo, en un año electoral y a la vista de la reprimenda recibida desde la Juventud del PLRA, el fin de semana pasado, cuando el liderazgo juvenil liberal acusó al llanismo de estar al servicio del Patrón HC.
“Reparar la integridad judicial”
Resulta evidente que el presidente Marito Abdo ha bajado línea a los legisladores oficialistas con el objetivo de poner en primer lugar el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en el sentido de comenzar con el juicio político a Quiñónez el camino de la renovación e independencia de la Justicia, tal como es también la posición de la embajada norteamericana que se dio a conocer en un mensaje sobre el crucial asunto en vísperas de la llegada el nuevo embajador Marc Ostfield.
En el comunicado de la embajada se pone énfasis en un punto que no pasará desapercibido a los analistas políticos, cuando se refiere a la necesidad de trabajar para “reparar la integridad judicial”, lo que significa el apoyo de Estados Unidos a la iniciativa política de impulsar la independencia de la Justicia.
Es lo que también afirmó el diputado colorado oficialista Hugo Ramírez, al respecto del apoyo al plan de enjuiciamiento a la fiscala general, al indicar en forma tajante que “si Sandra Quiñónez continúa van a seguir las dudas sobre los procesos, por lo que lo mejor que podemos hacer a favor del Estado de Derecho es el juicio político, porque necesitamos dar un mensaje fuerte, que no es una gerencia la que baja la línea”.
El mensaje ni más ni menos es que esta vez ha bajado línea el presidente Abdo con el apoyo de la embajada de EE.UU., que por lo visto le soltó la mano a Sandra Quiñónez, a quien en varias oportunidades se le vio recibir el apoyo de los norteamericanos, pero a la que no se le perdonó esta vez haber intentado proteger hasta lo último a Horacio Cartes, acusado de lavado de dinero y contrabando por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien utilizó datos que manejan las agencias norteamericanas como la DEA y la de Antilavado de Dinero del Departamento del Tesoro de Washington.
Según Ramírez, el mensaje más fuerte es que esta vez no hubo bajada de línea de la “gerencia”, es decir de HC, sino que primó el interés más fuerte de cumplir con el anhelo de la ciudadanía de ver un Poder Judicial independiente que investigue y castigue la corrupción, y para lo cual se necesita una Fiscalía que ya no encubra ni deje impunes a los corruptos.
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