Campesinos rechazan abusos por militarización del norte del país

Las asociaciones campesinas del departamento de San Pedro pidieron derogar la modificación de la Ley de Defensa, debido a que consideran que reaviva la vieja práctica del terrorismo de Estado contra las organizaciones sociales.
Un grupo de asociaciones de activistas campesinos de Paraguay denunciaron esta semana abusos por parte de las fuerzas militares que ocupan el norte del país, lo cual consideran constituye un atropello a los derechos ciudadanos, perpetrado por las fuerzas militares.
De acuerdo a información divulgada por agencias internacionales de noticias, la Coordinadora Sanpedrana en Defensa de la Dignidad y el Desarrollo rechazó en un comunicado una reciente modificación de la Ley de Defensa, que supuestamente “atenta contra los derechos humanos”.
El presidente Horacio Cartes logró que fueran aprobadas unas enmiendas a la Ley de Defensa, una vez que asumió el poder. Con este ordenamiento, se permite emplear al Ejército en casos de “agresión interna”, como el terrorismo y las “amenazas” a las autoridades.
Con ellas se busca perseguir al EPP sin tener que activar el estado de emergencia en el país. De esta manera, el Gobierno ha enviado unidades militares sin determinar, y ha hecho cambios de jefes policiales de los departamentos del centro y norte de la región donde opera el grupo armado, operación que no ha tenido ningún resultado positivo hasta la fecha.
La semana pasada, el senador Sixto Pereira denunció la represión ejercida contra sectores sociales y campesinos en las zonas militarizadas del norte del país, donde supuestamente se hicieron allanamientos y persecuciones.
Senadores del Congreso aprobaron el pasado 22 de agosto la modificación al reglamento de Defensa, el cual habilita al presidente de la República, Horacio Cartes, movilizar a las Fuerzas Armadas en casos de “agresiones internas”, como el terrorismo.
El ministro del Interior, Francisco de Vargas, dijo en esa oportunidad que la intención del Gobierno “es contar con una herramienta legal para hacer uso de la fuerza militar, sin la necesidad de llegar a un estado de excepción, para casos como los atentados del EPP”.