Escribe: Luis Alen.
Los asesores y el entorno del presidente Horacio Cartes han llegado a la conclusión de que la imagen del jefe de Estado quedó bastante maltrecha con la exposición pública de su no desmentida tendencia al alcoholismo, por lo que le aconsejaron cuidar al máximo su comportamiento personal, y especialmente no aparecer excedido de copas en reuniones sociales o mítines políticos.
De que HC les haga resulta dudoso, pero de que existe una reacción por el lado de aparecer más comprometido con lo que la ciudadanía espera de su presidente en la lucha contra la corrupción y de tomar causas justas, lo demuestran las últimas orientaciones emanadas desde la cumbre del poder cartista, al no obstaculizar investigaciones de escandalosos manejos con el erario público o al responder con simpatía y acompañar de alguna forma las reivindicaciones juveniles expresadas en la marcha estudiantil por una mejor educación del pasado viernes 18.
Es que mientras no le toquen directamente a Cartes, se ha demostrado que el mismo entorno presidencial azuza en los medios de comunicación las numerosas denuncias que ya han tumbado a varios altos exponentes de la administración pública. Están los casos más resonantes, como los del contralor y la subcontralora, sometidos hasta a juicio político; el del rector de la Universidad Nacional, un protegido del senador Juan Carlos Galaverna, sin contar las denuncias que se han hecho contra legisladores y miembros del Poder Judicial sobre viajes al exterior sin ninguna utilidad con el agregado de jugosos viáticos.
En casi todos esos episodios hasta de corte novelesco, sin embargo, las denuncias sobre dudosos manejos del dinero público han ido a parar siempre al opa rei por la inacción de la fiscalía, que acumula más de 300 carpetas sin resolución sobre corrupción estatal. Ni contando con los dedos de una mano se llega a totalizar la cantidad de condenas firmes en la Justicia contra servidores estatales en los últimos diez años.
El grado de impunidad es tal, que la misma campaña de HC contra la corrupción puede sonar a una artimaña publicitaria más que solo se realiza con fines electoralistas y de reelección del presidente, ya que es muy común escuchar entre la gente que “no necesita robar como otros gobernantes anteriores, porque tiene mucha plata”. Seguidamente podría venir la frase: “Entonces es mejor que siga en el poder, porque no roba y otro que venga sí va a robar”.
El corolario de todo este proceder está a la vista, con el fortalecimiento de la imagen presidencial en cuanta lucha anticorrupción emprenda, toda vez que no afecte la permanencia en el poder del cartismo.
“Hagan lío, pero en forma organizada”, les pidió a los jóvenes el Papa Francisco. Parece que HC también tomó en serio el pedido, pero la inocentada del pontífice y la juventud tienen sus límites en la misma razón de ser del cartismo, que es su obsesión por la permanencia en el poder y el control total de los negocios en el país.
La arremetida
contra la clase política
Se debe recordar, a propósito de la campaña por la transparencia en el sector público, que en los primeros meses de gobierno de HC se había destapado la olla de la corrupción en el Parlamento, con las denuncias de manejos inescrupulosos de varios legisladores, y hasta varios de ellos han tenido que enfrentar por ello causas judiciales.
A todo esto se sumaron las denuncias del carnaval de sobresueldos y gratificaciones extras en todas las reparticiones estatales, obligando a unificar los ingresos de los funcionarios bajo la figura de una sola asignación, pero dejando al final la mayor parte de los beneficios sin tocar, como una concesión del mismo Ejecutivo a los servidores públicos en plena época electoral.
Allí empezó a frenarse el ímpetu por la transparencia y en la lucha contra la corrupción, pero el golpe mayor provino del control sobre ministerios y entes estatales con el propósito de frenar la fuga de recursos hacia los dirigentes políticos, y especialmente los que iban a los liderazgos, no sólo colorados sino también de otros partidos, quedando éstos prácticamente desconectados del “dólar-ducto” procedente de los negocios estatales, fundamentalmente licitaciones o grandes inversiones públicas.
Sólo quedó para la clase política el aporte gubernamental para los partidos vía Justicia Electoral, pero ello no ha sido suficiente, como quedó demostrado con la escasa capacidad de acción que tuvieron tanto la disidencia colorada como el resto de los partidos de oposición para mover a sus potenciales electores en las internas del 26 de julio.
Un soberbio y exultante HC llegó a decir en aquella fecha que ya no se usaron recursos estatales en la campaña política, lo cual en parte es cierto, aunque resta por ver si el cartismo no está dando también algún zarpazo a través de los grandes negocios del Estado, como obras de infraestructura y el control sobre las grandes empresas estatales, como Petropar, Ande, INC, Copaco y Essap.
Prueba de fuego en la INC
Se ha podido saber en el caso de la Industria Nacional del Cemento (INC), que el presidente Cartes ordenó un sumario en la empresa estatal con miras a terminar de una buena vez el festival de corrupción dentro de la cementera, constituido por el negociado de las ventas no registradas, que se ha constituido siempre en una gran fuente de recursos para políticos y seccionaleros.
Es un rumor no confirmado que las 50 mil bolsas de cemento diarias y un poco más que se registran como producción en la planta procesadora de clínquer de Villeta, serían sólo una parte del total producido, por lo que se sospecha que cierto porcentaje no queda contabilizado para el ente estatal y el producto de esta venta en negro va a parar a los bolsillos de una rosca empotrada en la entidad, con ramificaciones en el poder de turno.
Como Cartes se ha decidido a no participar de estos festines, ya que cuenta con suficiente caudal propio o no necesita de estos manejos porque tiene otras fuentes más suculentas y menos escandalosas, la consecuencia lógica es la inminente caída de varios de los protagonistas del carnaval en la INC, que se ha constituido por años en una fábrica de corrupción y no precisamente de cemento.
La INC recibió el año pasado US$ 67 millones de los bonos soberanos de la República para mejorar su capacidad de producción y realizar un cambio en su fuente de combustible para el horno, que actualmente es el fuel oil.
Pero comienza a exasperar al presidente Cartes la lentitud con que se realizan las obras de reconversión productiva y ya empieza a dudarse de que la INC podrá realizar en tiempo y forma debida este cambio, pese a la gran cantidad de recursos estatales distraídos para este menester.
Es que no será posible ninguna mejora en la productividad y la eficiencia de la INC mientras permanezca el agujero por donde se fugan importantes fondos de la misma empresa, como ocurre a través del robo de una parte de las bolsas producidas.
La evidencia actual que maneja el Gobierno es que se ha comprobado que la cantidad de clínquer que se fabrica en la planta de Vallemí no coincide con la cantidad de producción de bolsas de cemento en Villeta, por lo que se abrió el sumario para averiguar debido a qué ocurre ello.
O es que no llega la cantidad total despachada y se queda por el camino durante el transporte fluvial, o directamente los funcionarios responsables sólo hacen figurar una cantidad menor recibida con tal de tapar la fuga de cemento hacia la rosca corrupta.
La aclaración de todo esto dependerá de la firmeza del Ejecutivo durante la realización del sumario y el castigo de los que sean culpables del desvío.
La pregunta clave es si hasta dónde irá el cartismo con su lucha anticorrupción en el Estado, de por sí muy loable y necesaria, sin poner en riesgo el apoyo que deberá tener en las bases partidarias coloradas a la hora de ir a pedir votos a los funcionarios públicos.
Sólo el tiempo dará con claridad su veredicto.
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