Escribe: Luis Alen.
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero dio a conocer su informe preliminar, señalando enfáticamente la responsabilidad de Horacio Cartes como cabeza de una organización de empresas dedicada al contrabando de cigarrillos principalmente con destino al Brasil, según afirmó el senador Jorge Querey, titular de la citada instancia investigativa del Congreso nacional.
El documento será enviado a consideración del titular del Senado, Óscar “Cachito” Salomón, para su tratamiento en la plenaria y la posterior remisión a la Fiscalía, que deberá tomar la determinación de proceder a investigar penalmente las graves denuncias contra el crimen organizado financiado a través de empresas, cooperativas y casas de cambio dedicadas al lavado de dinero de los tráficos ilícitos, entre ellos el contrabando de tabaco.
El senador Querey informó que la CBI identificó la “ruta logística” de las organizaciones criminales, que usan al Paraguay para sus fines y además utilizan su sistema financiero para el lavado de dinero procedente de las actividades ilícitas, principalmente en cooperativas y casas de cambio.
También sostuvo que se identifican en el informe a las personas y empresas “que adquieren el cigarrillo, se revenden entre sí y después el tabaco desaparece, no pagan impuestos pero el producto va al Brasil, a una organización que está vinculada al narcotráfico y al terrorismo internacional”.
El legislador puso de resalto que lo importante en el informe, además de la identificación de quienes participan en las operaciones de tráfico de cigarrillos, armas, drogas y otros hechos ilícitos, es la comprobación del mecanismo que está operando para las organizaciones criminales y lo está uniendo en un solo aparato logístico, sea de tránsito o de lavado de dinero”.
Cartes, el “jefe” del esquema
El senador afirmó que la CBI accedió a informes de inteligencia que revelan que el expresidente Horacio Cartes es considerado como el “jefe” de un esquema dedicado al tráfico de cigarrillos y presunto lavado de dinero. Estos informes, dijo, a nivel internacional califican a HC como el que lidera una extensa red de lavado que sirve como mecanismo esencial de las organizaciones delictivas.
De esta forma, el Paraguay se ha convertido en un “corredor logístico” que utiliza el crimen organizado internacional para sus hechos ilícitos.
Respecto a la labor de la Fiscalía, el informe de la CBI pone el dedo en la llaga de Sandra Quiñónez, al reconocer que su unidad especializada de combate al contrabando “ha fracasado en su misión”, especialmente en lo atinente al contrabando de cigarrillos.
Expresa el informe que “el Ministerio Público ni siquiera se asomó a investigar las diferentes denuncias que involucran al expresidente Horacio Cartes como el caso de la red de lavado de dinero montado por Darío Messer con la supuesta complicidad de su gobierno entre 2013 y 2018, y otras denuncias por lavado, declaración falsa, enriquecimiento ilícito, contrabando de cigarrillos, además de denuncias contra su entorno político”.
Añade el documento que, en contrapartida, Sandra Quiñónez fue protegida por el cartismo en ocasión de las acusaciones contra ella durante los cuatro juicios políticos presentados en su contra en la Cámara de Diputados.
Fustiga también la CBI la labor displicente ante el contrabando de cigarrillos, especialmente en las zonas fronterizas, de organismos estatales como una parte de la Armada Paraguaya, de funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y de efectivos de la Policía Nacional, que hasta suelen “custodiar y acompañar” las caravanas de camiones cargados de cajas de cigarrillos que van hacia la frontera.
Una reprimenda recibió el viceministro de Tributación, Óscar Orué, quien había señalado que el contrabando “de exportación” hacia el Brasil no afecta al patrimonio del Estado. La comisión bicameral, sin embargo, considera que “el Estado pierde millones en cada cierre del ejercicio fiscal por el contrabando de cigarrillos, teniendo en cuenta que las empresas o personas que realizan el comercio ilícito fuera de la zona primaria carecen de documentos de exportación y por ende después no pueden declarar el impuesto a la renta empresarial (IRE) que se liquida en cada cierre de ejercicio fiscal”.
Asimismo, refiere que el código aduanero es contundente en el sentido que existe contrabando al intentar la salida de productos al exterior que no tienen la documentación requerida, aunque hayan pagado en algunos casos los impuestos internos, como se trata de justificar en la SET cuando se presentan las supuestas facturas por parte de los traficantes para intentar liberar los cargamentos incautados en puertos clandestinos o en las rutas fronterizas.
Capítulo aparte dedica la CBI a la acusación contra HC respecto a su ligazón con el terrorismo internacional, después de su designación realizada por los Estados Unidos de “significativamente corrupto”. Cita la bicameral un informe de Naciones Unidas de 2018, donde se confirma el relacionamiento del grupo terrorista Hezbollah con el tráfico ilícito de tabaco en la Triple Frontera.
Para las agencias internacionales, “Paraguay es la mayor fuente de cigarrillos ilícitos y que las mayores marcas (8 en total) son de propiedad del expresidente paraguayo Horacio Cartes y que los comerciantes libaneses en Ciudad del Este y Foz de Yguazu los mueven a través de la frontera y manejan su distribución regional”.
Cartes es señalado en el informe del Consejo de Seguridad de la ONU como el “arquitecto” del TIPT (tráfico ilícito de productos del tabaco) de la región y es dueño de la Tabacalera del Este S.A. (TABESA).
Asimismo, se enumeran las multimillonarias transferencias internacionales “dudosas” de TABESA, en dólares y euros. La mayor cantidad se registra con el Brasil, en pago por materias primas y maquinarias para la producción de cigarrillos. Otros montos multimillonarios se identificaron en dudosas operaciones financieras con Corea del Norte, un país sancionado por los Estados Unidos por sus actividades de apoyo al terrorismo internacional.
Agrega la comisión bicameral que “personas vinculadas con Horacio Cartes le estarían facilitando operar sus negocios empresariales y supuestamente vinculados al contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero. Se ha podido encontrar en ese sentido numerosas vinculaciones directas e indirectas con personas relacionadas con la comisión de hechos de lavado de dinero, narcotráfico y contrabando, casos que se encuentran en proceso de investigación por autoridades competentes en el país y en el exterior”.
Poder político para zafar de EE.UU.
Horacio Cartes confía en continuar controlando la ANR si gana la interna del 18 de diciembre, lo que le asegurará un mayor poder político que le es fundamental para enfrentar cualquier presión proveniente de Estados Unidos, en el caso que la potencia del Norte se proponga enventualmente extraditarle para someterle a juicio por su supuesta vinculación al terrorismo internacional, según la acusación principal cuando fue declarado “significativamente corrupto” por USA en julio pasado.
Alzarse con el poder político ya le dio resultado al Patrón en 2013, cuando Estados Unidos decidió dejar sin efecto la investigación que tenía sobre HC en relación al contrabando de cigarrillos en el continente sudamericano, que financiaría el narcotráfico en Brasil del PCC (Primer Comando da Capital) y que surtiría además de fondos a la organización terrorista libanesa Hezbollah (Partido de Dios)
Una vez en el ejercicio de la presidencia, Cartes fue declarado incluso “aliado estratégico” de Estados Unidos, por haber ayudado a cancelar el relacionamiento cercano que mostraba Paraguay en tiempos de Lugo con la izquierda bolivariana y el régimen teocrático de Irán.
La gran interrogante es si EE.UU. procedería a solicitar la extradición de Horacio antes o después de la interna colorada del 18 de diciembre. La pregunta no pudo ser respondida ni siquiera por el presidente Marito Abdo cuando en una entrevista televisiva el domingo pasado se le preguntó sobre el tema, ya que las decisiones claves en Washington se toman en el mayor secreto.
Lo que demoraría en todo caso el pedido norteamericano es el hecho de que posiblemente la medida alcanzaría también al vicepresidente Hugo Velázquez, quien astutamente no renunció a su cargo para evitar que surgiera un tremendo “impasse” diplomático, porque sería la primera vez que el gobierno de Joe Biden solicite la extradición de un alto exponente gubernamental en funciones de otro país, en este caso el segundo del Ejecutivo paraguayo, que es un gobierno que además se presenta actualmente como aliado cercano de EE.UU. a los ojos de la comunidad internacional.
Se considera entre los analistas internacionales que tras las denuncias por corrupción significativa contra HC y Hugo Velázquez, el gobierno norteamericano estaría encaminado a tomar otras medidas como la congelación de activos financieros en Estados Unidos o la misma extradición para juzgar a los dirigentes políticos que, como en el caso de Cartes, aún se resisten a dar un paso al costado y persisten en su intento de tener poder político para enfrentar la presión de Washington.
Velázquez renunció a su candidatura a la presidencia de la República como efecto de la letal designación de Washington, pero no sucedió lo mismo con HC, que sin inmutarse en lo más mínimo por la declaración de “corrupto significativo” continuó en carrera para la presidencia de la junta de la ANR. Tampoco sus correligionarios colorados y los adherentes de Honor Colorado se lo exigieron, quedando todo supeditado a los resultados de las urnas.
En el probable caso en que Estados Unidos sólo presione para llevarle únicamente a Cartes después de la interna colorada, podría darse un problema mayor si éste gana la elección, ya que podrá unir su poder fáctico actual con el poder político, con más razón si también su delfín Santi Peña se adueña de la candidatura colorada a la presidencia para competir con la oposición en las generales del 30 de abril.
El recambio fiscal
Pero hay una especie de as bajo la manga de Marito con la designación del nuevo fiscal general del Estado, que tendría lugar a más tardar en marzo, es decir antes de los comicios generales. Resulta además una suerte de espada de Damocles que pende también sobre la cabeza de Cartes, ya que con la salida de Sandra Quiñónez, quien ya adelantó que no aspirará al “rekutu”, el cartismo perderá así una pieza clave en el engranaje del control fáctico sobre el Poder Judicial, donde finalmente se deberá dirimir una posible extradición de HC a los Estados Unidos.
El Consejo de la Magistratura ya inició los trámites legales para integrar la terna de candidatos a fiscal general, que después deberá ser elevada al Poder Ejecutivo, que designa al nuevo titular del Ministerio Público con el acuerdo del Senado, según el artículo 269 de la Constitución.
El nombramiento de un hombre o mujer vinculado al abdismo oficialista será relevante para el devenir del próximo gobierno, que vería limitada su capacidad para investigar eventualmente los actos de corrupción ocurridos durante el actual gobierno, como ya se diera con Sandra Quiñónez, quien asumió en 2018 con la orden expresa de no proceder a investigar a Horacio Cartes ni a la gestión de sus gerentes desde 2013.
Lo que sí se debe esperar es que la nueva cabeza del Ministerio Público se ponga firme en la postura de llevar adelante las investigaciones que duermen en la Fiscalía actualmente sobre HC, como el caso del avión iraní-venezolano que vino a llevar cigarrillos de Tabesa, en un hecho que habría confirmado la presunción de la Comisión Bicameral respecto a que el tráfico de tabaco sirve para financiar actividades relacionadas con el terrorismo internacional, según las agencias norteamericanas y de la ONU.
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