Llueven las denuncias de irregularidades y despidos injustificados contra una importadora de cubiertas, que estaría operando al margen de la Ley, pues de acuerdo a los datos de los más de 100 funcionarios con que cuenta la empresa, sólo un poco más de 10 tienen seguro del Instituto de Previsión Social. A eso se suma, el despido injustificado de varios funcionarios, entre ellos dos embarazadas, a quienes el prepotente propietario de la empresa se niega a pagar sus respectivas indemnizaciones, valiéndose de la impunidad del que gozan en nuestro país los empresarios extranjeros.
De acuerdo a los datos, los más de 132 funcionarios de la importadora Fassa – Neupar, deben soportar todo tipo de humillaciones, pues son maltratados sistemáticamente de manera verbal e inclusive físicamente por el propietario Ricardo Armando Assaf, un ciudadano árabe que dirige la empresa en compañía de sus hermanos.
La denuncia refiere que Neumáticos del Paraguay S.R.L. sólo tiene registrado en el Instituto de Previsión Social, a 16 funcionarios de los 132 con que cuenta, pues se escudan en la prepotencia y la impunidad, ya que nunca el local fue intervenido por los organismos competentes, como ser el Ministerio de Justicia y Trabajo y el propio IPS.
Una sola muestra de cómo actúan los empresarios árabes en nuestro país, pisoteando y humillando a los trabajadores compatriotas ocurrió el 9 de marzo pasado con Zulma Martínez Almirón, quien fue despedida por pedir permiso para un control pre-natal, pues se encontraba embarazada de dos meses.
Lo lamentable del caso es que Ricardo Assaf, se negó a pagar a la mujer la indemnización correspondiente, por lo que la afectada denunció el hecho ante el Ministerio de Justicia y Trabajo, donde no pudieron llegar a un acuerdo. Ahora el pleito está en instancias judiciales.
Zulma Martínez asegura que su ex patrón Assaf en compañía del abogado de la empresa, presentaron ante el juzgado un pagaré que ella había firmado como garantía a una deuda que mantenía con la empresa, sin embargo, la denunciante afirmó que el abogado de Neupar, agregó un número al pagaré, aumentando de esa manera el monto de 600 a 2.600 US$.
Lo que dice la ley
El artículo 89 de la Constitución Nacional dice: “La maternidad será objeto de especial protección, que comprenderá los servicios asistenciales y los descansos correspondientes, los cuales no serán inferiores a doce semanas. La mujer no será despedida durante el embarazo y tampoco mientras duren los descansos por maternidad”.
La funcionaria embarazada tiene derecho a la protección desde el momento en que se notifica el estado de gestación. Además, tiene derecho al descanso 6 semanas antes del parto y seis semanas después del parto. En caso de que el trabajo lo efectúe en lugares peligrosos, el empleador, notificado del embarazo, debe trasladarla, sin variación del salario. A la trabajadora embarazada le corresponde asistencia médica completa (antes, durante y después del parto), que incluye atención gratuita médica y hospitalaria, así como la atención quirúrgica y dental.
Fassa Import Export, más conocida con el nombre de Neupar, cuenta con su salón de ventas en sobre la avenida San Blas, a la altura del kilómetro 1 de Ciudad del Este, donde trabajan alrededor de 30 personas, entre vendedores, auxiliares administrativos y gomeros, encargados del montaje de las cubiertas. La empresa cuenta además con cuatro depósitos en el Parque Mercosur del Km. 10, donde actualmente trabajan unos 100 hombres que perciben salarios por debajo de lo estipulado en la Ley, además de que no cobran horas extras por los trabajos nocturnos, que se extienden hasta altas horas de la madrugada. Los mismos trabajan como estibadores y no tienen ningún tipo de equipo de seguridad. La denunciante aseguró que ninguno de ellos posee seguro del IPS.
Sumario y multa
El director de la oficina regional del Ministerio de Justicia y Trabajo, abogado Julio Landaida, adelantó que ante esta grave denuncia procederá a la intervención del local denunciado y de comprobarse la veracidad de la denuncia iniciará un sumario que puede culminar con la multa de G. 3.000.000 por cada funcionario que no figura en el IPS.
Facebook Comentarios