Los abusos cometidos por Javier Zacarías Irún cuando éste se desempañaba como intendente municipal de la comuna esteña, acorralan ahora a la institución, que tiene millonarias demandas por despidos ilegales para permitir el ingreso de su ejército de leales, sin respetar antigüedad, ni estabilidad laboral de los obreros.
La semana pasada, vía judicial, se ordenó a la municipalidad de Ciudad del Este la inclusión dentro del presupuesto general de gastos, para el año 2016, el pago de indemnización a un grupo de 23 funcionarios municipales que fueron despedidos en forma irregular en el año 2001, durante la administración municipal del abogado Javier Zacarías Irún. El monto asciende 3.754.546.872 de guaraníes.
Este es un juicio que lleva 14 años, con sentencia a favor de los demandantes, pero que a la fecha están sin poder ser resarcidos por el daño causado a consecuencia de una acción al margen de ley de las autoridades de la comuna esteña, según refieren los recurrentes.
Se trata del juicio Luis Aníbal Páez Marsal y otros, contra Municipalidad de Ciudad del Este, sobre ejecución de sentencia, según reza el oficio número 1.149, firmado por Mario Aguayo Rodríguez, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paraná, de fecha 22 de septiembre del 2015.
El pedido es conforme a la liquidación aprobada en el marco del juicio, por el Auto Interlocutorio numero (AI) 134 de fecha 07 de mayo del 2014, y su aclaratoria el AI numero 205 de fecha 3 de julio de 2014, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Segunda Sala de esta circunscripción judicial.
En principio la comuna debió pagar la suma 2.754.546.872 de guaraníes, pero al desentenderse de la orden judicial, se le aplicó una multa de 1.000 millones. Este es un juicio laboral que se inició a raíz del despedido injustificado de unos 400 obreros municipales por parte del entonces intendente Javier Zacarías Irún. De este grupo, en este juicio están involucrados 23 personas.
La Municipalidad perdió el juicio en primera instancia, en segunda instancia y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego se realizó la liquidación en concepto de indemnización, salarios caídos, más intereses, que fueron apelados por la Comuna. Es un juicio de 14 años.
En el 2012, el pago ya debía ser incluido en el presupuesto de la institución, por lo que el monto se incrementa con los intereses. El capital es 2.754.546.872 millones, más 12 meses de intereses de 3 por ciento mensual por un año, que tiene que pagar la Municipalidad. Como no incluyeron dentro del presupuesto, eso le genera intereses cada mes.
Detalles
El 7 de mayo del 2014, el Tribunal de Apelaciones, segunda sala, emitió una sentencia favorable a los 23 ex obreros comunales. La medida revoca una sentencia, emitida en primera instancia, por la jueza en lo Civil y Comercial, Máxima Meza, que data de setiembre del 2013, disponiendo que no correspondía el pago de la liquidación.
“Ella revocó la sentencia en contra de los trabajadores y lo que hizo la Cámara es dejar sin efecto la sentencia de esta jueza, diciendo que los trabajadores tienen derecho a cobrar. La comuna fue condenada a pagar, aparte del capital, también los intereses”, refirió.
El profesional recordó que en el 2008, la CSJ ordenó que los recurrentes sean readmitidos o en todo caso se proceda al pago de sus liquidaciones, pero no fue cumplido por la Municipalidad, entonces, en año 2012 ya se había ordenado a la Comuna incluir el monto de la indemnización, en el presupuesto 2013, pero no se cumplió, por eso la multa de 1 mil millones.
Los otros juicios
Este no es el único juicio laboral que tiene la comuna por despido injustificado, existen otros dos juicios grandes. Se estima que lo que la comuna debe pagar en concepto de salarios caídos e indemnizaciones ronda los G. 95.000 millones.
Este el juicio caratulado “Chistian Vera y otros contra la Municipalidad de Ciudad del Este sobre nulidad de despidos y reposición laboral” donde están afectados unos 300 funcionarios que fueron desvinculados en el año 2000 durante la administración de Eduardo Ramón Morales.
Se trata de exfuncionarios agremiados al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de CDE (Sitramucde). El proceso se inició ese año y en el 2006, la Corte Suprema de Justicia ordenó la reposición y el cobro de haberes caídos. Entonces, el intendente Carlos Núñez logró un acuerdo con los afectados y convinieron que la reinclusión se haría de manera progresiva. Cuando fue reelecto Javier Zacarías, el mismo, mediante una resolución, anuló el acuerdo con los funcionarios y volvió a despedirlos.
Posteriormente, el mismo grupo inició un juicio caratulado “Demetrio Torres Barrientos y otros contra la Municipalidad de Ciudad del Este sobre nulidad de acto administrativo”. El 31 de marzo del año pasado, el Tribunal Electoral declaró la nulidad de la resolución emitida por Zacarías, ordenando el cumplimiento de la anterior disposición de la máxima instancia judicial. Dispuso la reincorporación de los funcionarios y el pago de los salarios caídos o, en su defecto, la liquidación correspondiente, pero a la fecha la comuna se desentiende.
En un tercer caso, caratulado como “Hosmar Miranda y otros contra la Municipalidad de Ciudad del Este sobre el embargo en diversos conceptos laborales”, la juez Máxima Meza dispuso el 10 de julio del año pasado, la intimación de pago en concepto de liquidación de salarios de unos 40 funcionarios por un valor de G. 268.181.233. El caso se inició en el año 2001, tras la desvinculación de los funcionarios. En este caso la asesoría jurídica de la comuna presentó una demanda caratulada “Municipalidad de Ciudad del Este c/ personas innominadas s/declaración de mejor derecho de inembargabilidad de los bienes municipales”.
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