La Corte Suprema volvió a demostrar que la Justicia se ha propuesto otorgar patente de impunidad al senador Javier Zacarías Irún y su esposa la exintendenta Sandra McLeod, que consiguieron su sobreseimiento definitivo esta vez en la causa por lesión de confianza contra la municipalidad de Ciudad del Este, con un daño patrimonial cuantificado por un total de 3.670 millones de guaraníes. El senador colorado se salvó hasta ahora de pisar la cárcel gracias a una Justicia complaciente, ya que utiliza sus influencias políticas para tener a su servicio a fiscales y magistrados del Alto Paraná y de todo el país.
Como era de esperar ante la displicente gestión de la Fiscalía de Sandra Quiñónez, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, César Diesel y Víctor Ríos, declaró “inadmisible” el recurso de casación interpuesto por los fiscales Natalia Fúster, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, en contra de la resolución del Tribunal de Apelación del Alto Paraná, que ya el 18 de junio de 2021 había librado a los esposos Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod de ir a un juicio oral y público por el caso de lesión de confianza a la comuna de CDE.
En un curioso procedimiento que demostraba los errores ex profeso cometidos por la Fiscalía para favorecer la suerte de ZI y esposa, el recurso ahora rechazado en la Corte buscaba invalidar la propia apelación de los fiscales que investigaban el caso de lesión de confianza, asignados a la unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción, contra la decisión de la jueza Cinthia María Garcete de Ciudad del Este, que había desvinculado a los ex mandamases de la comuna esteña por 18 años, de toda acusación y responsabilidad por el denunciado y documentado latrocinio contra los intereses de los contribuyentes esteños, contabilizado en un total de 3.699.831.576 guaraníes.
Las denuncias ciudadanas
El caso de lesión de confianza fue impulsado por la fiscalía después de varias denuncias de organizaciones de la sociedad civil que documentaron los atropellos cometidos por la pareja contra el patrimonio municipal esteño. Según las investigaciones, se entregaban sumas de dinero a periodistas para evitar críticas o realizar campañas de prensa a favor de la municipalidad de Ciudad del Este y de la familia de ZI.
Una vez que la fiscalía anticorrupción tomó el caso, la acusación demostró que ZI había instigado a su esposa intendenta y a otras personas de su entorno para ocasionar un daño patrimonial total de 3.670 millones de guaraníes, que con la decisión de la Corte quedarán sin ser devueltos por la pareja Zacarías-McLeod.
La lesión de confianza se configuró cuando Sandra McLeod era intendenta y se destinaban los fondos para favorecer el posicionamiento político que le permitía a Javier Zacarías Irún continuar ejerciendo influencia en la misma Justicia como legislador y político colorado.
Los recursos no venían del bolsillo de ZI sino de los propios contribuyentes esteños, ya que se destinaba a la finalidad política una parte del patrimonio perteneciente a la municipalidad, para el pago de servicios de publicidad y propaganda no contemplados en las licitaciones públicas, según la misma fiscalía, por lo que ZI cometió, ya siendo legislador, la maniobra de instigamiento a su esposa intendenta y otras personas para su propio beneficio, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público no tenida en cuenta por los magistrados del Alto Paraná al servicio de los intereses de los Zacarías Irún.
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