El primer gran desafío del presidente Horacio Cartes se llama Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que sólo a dos días de haber asumido el poder, asestó un nuevo golpe criminal, asesinando a cinco civiles, en el distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro.
Fue una clara provocación al nuevo gobierno, que comenzó su intervención en la zona del conflicto, a través de una fuerza conjunta de policías y militares, liderado por el General de Brigada, Mario Restituto González, comandante del operativo, en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay.
La ciudadanía toda está sedienta de que se ponga fin a este flagelo social, atendiendo que las últimas incursiones de fuerzas militares en la región norte, han constituido un verdadero fracaso, generando la repulsa de la población paraguaya, por el costo multimillonario que significó el traslado de las tropas, lejos de sus bases.
Tomando en cuenta estos antecedentes nefastos, Cartes tiene la suprema responsabilidad de revertir la situación y devolver a la gente esa confianza que se perdió en los sucesivos gobiernos anteriores, donde la criminalidad ha avanzado de manera alarmante, concentrado, últimamente, en el mal llamado EPP, que desde su incursión en la marginalidad, ya ha cegado la vida de unas 28 personas, entre uniformadas y civiles.
A pesar de que la modificación de ley de Defensa efectuada por el Parlamento generó cuestionamiento por algunos sectores de la izquierda, porque se le da atribuciones plenas al Poder Ejecutivo, para disponer de las fuerzas militares en la zona de combate. Tampoco no es menor, el momento álgido que se vive en la región norte del Paraguay, donde la inseguridad se ha apoderado de la población. Para peor, concatenado con el narcotráfico. Algunos analistas, especialistas en tema de esta naturaleza, afirman con absoluta certeza, que este grupo criminal, autodenominado EPP, opera a la sombra del crimen organizado, fuertemente, respaldado con recursos del secuestro y narcotráfico.
Entonces, el servicio de inteligencia del gobierno debe actuar en base a este plan, que constituye un gran peligro para la estabilidad del país. Porque de no acabar con esta mafia organizada, cuyo epicentro está en la zona norte, Paraguay puede pasar a convertirse en la segunda Colombia, cuya experiencia funesta, se llama Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC), que hace casi 50 años, viene secuestrando y matando gente en dicha nación sudamericana.
En concreto, el gobierno de Cartes ha tomado con mucha seriedad el tema, declarando la “guerra” a este grupo sedicioso, donde el objetivo es tratar de aprehender a sus integrantes o en el peor de los casos, acabar con ellos, si las circunstancias así lo exigen. Nadie está haciendo apología al delito, sino tratamos de un contexto, un momento coyuntural que vive la república, a raíz de esta banda delictiva, que se pasa matando gente, y lo peor, vidas inocentes.
Hoy existe una absoluta confianza en este gobierno, que las acciones emprendidas en la región norte terminarán con un resultado altamente auspicioso, porque desde un principio se observó una voluntad política del presidente Cartes y de otros poderes del Estado, más concretamente, el Congreso paraguayo, que no dudó un instante, para estudiar la modificación de la ley, que le permita al Ejecutivo, tomar las acciones correspondientes, para autorizar la presencia militar en la zona del conflicto. Este es el primer gran reto para Horacio Manuel Cartes Jara.





























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