El fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, designó el viernes pasado al agente fiscal Alfredo Ramos Manzur para investigar a magistrados y agentes fiscales de Ciudad del Este, denunciados por el Colegio de Abogados del Alto Paraná, por supuesto enriquecimiento ilícito. Manzur adelantó que trabajará conforme a la ley y que no cederá ante presiones de los magistrados. Asimismo, dijo, que como primera medida, solicitará formalmente ante la Corte Suprema de Justicia el desafuero de los investigados para que no haya trabas en las pesquisas.
Como respuesta a las constantes denuncias del Colegio de Abogados del Alto Paraná, contra jueces y fiscales de la zona, el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, designó a los abogados Alfredo Ramos Manzur, fiscal de la Unidad N° 10 y Aldo Cantero, fiscal contra Delitos Económicos de la Fiscalía de Asunción. El lunes, se iniciaron las pesquisas sobre denuncias por enriquecimiento ilícito del cual son acusados tanto jueces y fiscales. Manzur aseveró que como primera medida solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la copia de las denuncias presentadas por el gremio de abogados y en el transcurso de la semana solicitará a la Corte Suprema de Justicia el desafuero de los magistrados y fiscales, para que puedan ser investigados sin traba alguna. El investigador asignado también llamará al presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná, Abog. Mauro Barreto, para que se ratifique o se rectifique de la denuncia presentada por el gremio que él encabeza.
“No defraudaré confianza”
“No voy a defraudar la confianza del fiscal general del Estado y de la ciudadanía, no me van a temblar las manos para firmar resoluciones y tampoco voy a permitir ser presionado por nadie”, expresó Ramos Manzur.
Declaración jurada de bienes
Como diligencia principal, el fiscal Manzur dijo que pedirá el informe sobre la declaración jurada de bienes de cada uno de los magistrados y fiscales denunciados, al Registro Público de la Propiedad. Cabe destacar que la semana pasada todos los jueces del Alto Paraná presentaron una nota en la que renunciaban a sus fueros y se ponían a disposición del Ministerio Público.
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