Como si no bastase que el clan Zacarías se dedique a negociar los legítimos patrimonios públicos, como los valiosos inmuebles comunales, ahora el propio Gobierno del presidente Horacio Cartes es quien se dedica a poner en remate propiedades del Estado, como la finca de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de Ciudad del Este.
Con los decretos Nos. 6.131 y 6.865 el Poder Ejecutivo determina mudar el predio de la Aduana y Puertos (ubicados al costado del Puente de la Amistad) para la instalación de un gran casino. Con esta medida el Gobierno viola la ley de Puertos No. 1.066, que prohíbe dentro de sus propiedades, en su artículo 16, todas operaciones comerciales, financieras e industriales extrañas al objetivo de la institución.
Pero a Cartes parece importarle poco el respeto a la ley que rige en el país, como ya lo viene demostrando, al ser el principal impulsor de la violación de la Constitución, con la campaña del proyecto de enmienda para lograr introducir la figura de la reelección. El país atraviesa por uno de sus peores momentos, principalmente desde el punto de vista jurídico.
Se ha perdido el respeto y la obediencia a las normas legales que imperan en el país, y lo más peligroso de todo esto, los propulsores de este grave hecho son las propias autoridades e instituciones competentes, que deberían, muy por el contrario, estar ofreciendo garantías a la ciudadanía. Sin embargo, ellos mismos intentan violar y pisotear la ley madre de la nación, la Constitución Nacional.
El país y sus gobernantes deben transmitir seguridad y garantía a la ciudadanía, y a aquellos empresarios que deseen venir a realizar inversiones seguras en el territorio nacional. Hoy, con esta insistencia de una casta política codiciosa que busca subvertir el orden jurídico en el Paraguay, la atmósfera es la menos propicia para pretender arriesgar el capital en donde no existe seguridad judicial ni política.
La voluntad política y el patriotismo son dos valores que ningún gobernante post dictadura lograron heredar. El principal obstáculo siempre fue y sigue siendo la galopante corrupción que corroe al país, y que hasta ahora no apareció la bendita panacea que pueda enmendar o poner limite a este flagelo, que sigue causando estragos, tanto en las instituciones públicas y también privadas.
Es muy preocupante y grave lo que viene ocurriendo de manera sucesiva en el Paraguay, y donde los principales protagonistas están en el propio Gobierno. Comenzó con una fuerte campaña de violación del orden jurídico, tratando de introducir en la actual carta magna la figura de la reelección, tratando de esa manera pisotear los artículos 229 y 290 de la Constitución Nacional. A esto se suma ahora la inminente venta del patrimonio público, como el predio de ANNP de la capital del Alto Paraná.
El presidente Cartes viene cometiendo un concierto de errores en su gestión gubernamental, que tendrá que corregir o intentar enderezar rumbo en estos 17 meses que le queda de su administración. Tiene que dejar en seguir abrazándose con cuestionados personajes, como Javier Zacarías Irún, que lejos de traerle paz, le ha sumado detractores, principalmente en Ciudad del Este y Alto Paraná, donde hay una gran resistencia contra el clan Zacarías, acusado de vaciar las arcas de la municipalidad paranaense.
El mandatario tendrá que realizar un exhaustivo análisis de su gestión. El Paraguay necesita despegar y salir de este embudo en que se ha enfrascado desde hace décadas. Y para lograr todo eso debe haber transparencia de gestión y castigo a los corruptos. Hoy, prácticamente, el país está en remate.
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