Estudiantes ven como fuente de la corrupción en CDE al clan Zacarías

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Escribe: Luis Alen.

 

¿Se le fue de las manos al Gobierno la protesta estudiantil, especialmente en la Universidad? La intervención en la Universidad Nacional de Asunción y las investigaciones tanto de la Fiscalía como de la Contraloría en otras universidades del país además de la UNA, no parecen convencer a los estudiantes, que recelan de las movidas oficiales porque saben que los políticos están acostumbrados “a cambiar para no cambiar nada”. La rebelión ahora se trasladó ala UNE de la capital del Alto Paraná, que ya quiere extender sus protestas contra las instituciones corruptas del Estado, como la comuna paranaense y otras.

 

Los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, han alcanzado un elevadísimo nivel de concienciación sobre las causas verdaderas del atolladero en que se encuentra la educación en el Paraguay. Y la culpa principal la tiene sin lugar a dudas la clase política, incluido el Gobierno de Horacio Cartes, a pesar de que éste tratase de desprenderse de la responsabilidad achacándola al sistema heredado o a los legisladores.

En toda la transición democrática no se ha visto una movilización estudiantil como la actual, tanto a nivel secundario como universitario, a tal punto que la gente mayor recuerda como las últimas grandes manifestaciones del estudiantado las ocurridas en la ya lejana época stronista. Los docentes también se han agregado a la masiva protesta, pero ya tarde, porque fueron sobrepasados con creces por sus alumnos.

Finalmente, el presidente Horacio Cartes tuvo el coraje de tomar al toro por las astas y condujo un diálogo con los estudiantes secundarios en pleno Palacio de López, donde arribó a un acuerdo con los jóvenes sobre las medidas exigidas por éstos, que tienen el denominador común de reunir más recursos para una educación de excelencia.

En la reunión los estudiantes hicieron saber que son conscientes de que están luchando contra toda una estructura política que ha privilegiado la corrupción y los intereses subalternos de los mismos políticos, en detrimento de la mejor educación en el país.

Para qué buscar tantos datos, si la semana pasada se derrumbó el techo de un aula en plena clase en Lambaré, con la sospecha de una construcción de malísima calidad para que algunos aprovechados se alzaran con parte del dinero girado por el Fonacide, como está ocurriendo en casi todas las administraciones municipales, con el guiño complaciente del Gobierno central.

Difícil disyuntiva para HC

El presidente tuvo que admitir las reivindicaciones de los estudiantes secundarios en aras de conseguir un respiro ante las presiones de las movilizaciones, pero las promesas se comenzarán a hacer realidad sólo en 2016, como lo reconoció la ministra de Educación Marta Lafuente después de la reunión.

Mientras tanto, el cumplimiento de la respuesta principal quedará flotando en el aire, ya que los jóvenes deberán esperar a que los escasos recursos disponibles sean mejor orientados, especialmente en el caso del Fonacide, estando nuevamente sobre la mesa el proyecto de que los fondos ya no sean intermediados por los municipios y las gobernaciones.

De hecho, hasta el 15 de setiembre, de los US$ 24 millones entregados de enero a agosto a las 249 municipalidades de la República, apenas 17 intendentes rindieron cuentas a tiempo a la Contraloría del uso del Fonacide, que en un 50 por ciento debe ser destinado a obras de infraestructura en escuelas y colegios. Otros 74 informaron fuera del plazo establecido y 158 aún no lo hicieron a la CGR.

Y todo esto ocurre porque la misma ley no establece sanciones a los que no informan en forma adecuada del uso de los recursos. Y se sabe por qué: es que gran parte de estos fondos se destinan a otros fines, que no son precisamente la inversión para una mejor educación, como es el objetivo plasmado en la ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que se constituyó con las compensaciones adicionales recibidas del Brasil por Itaipú.

Los estudiantes exigen que un 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) se destine a educación, frente al 5 por ciento actual, pero este dato también resulta engañoso, porque más del 70 por ciento del presupuesto de la educación que tiene el Estado se destina al pago de sueldos de docentes y empleados administrativos de las instalaciones escolares.

Lo correcto es que por lo menos de este 7 por ciento del PIB, el 50 por ciento se destine al mejoramiento de la educación y de la infraestructura escolar, y que la administración de los fondos sea nuevamente centralizada por el Gobierno, dando sólo participación a los gobiernos locales en la identificación de las necesidades pero no en la orientación final de los gastos, que deberán tener un control más estricto por las autoridades del Ministerio del ramo.

Resulta una tarea harto complicada para HC, en vista de los sustentos políticos que precisa para encarar la campaña que emprende para afianzar su liderazgo en el mismo partido de gobierno con miras a la reelección. Y ni hablar si quiere articular coaliciones con algún sector disidente de la propia ANR o de la oposición.

Los universitarios no dan respiro

Es lo que está ocurriendo con los universitarios, que también apuntan sus dardos contra la corrupción. Por ahora luchan contra la corruptela empotrada en las universidades nacionales, como el caso de la Universidad Nacional del Este (UNE), donde también los jóvenes ven como una causa de la mala educación a la corrupción política de años que es la tónica de los manejos del Clan de Javier Zacarías Irún en la municipalidad de Ciudad del Este.

Así las cosas, los jóvenes inevitablemente deberán centrar sus reclamos contra los políticos que despilfarran los recursos y que en muchos casos están vinculados al grupo político que respalda a Cartes.

Precisamente, ZI es un aliado actual de HC, lo que lleva a dudar si el Ejecutivo se animará a presionar por fin a la Contraloría para que audite con los mejores profesionales disponibles la gestión contable de la comuna esteña, salpicada por denuncias de todo tipo de irregularidades en la parte administrativa, y últimamente por desvíos multimillonarios en los recursos del Fonacide, del orden de G. 14 mil millones solamente en 2014.

Como sus compañeros de la UNA, los estudiantes de la UNE anuncian que no pararán hasta ver limpiadas todas las facultades y el rectorado de los manejos corruptos y prebendarios de los profesores teledirigidos por los políticos. Pero resulta evidente que orientan justamente sus dardos contra el corazón de la clase política, acostumbrada hasta hoy a disponer de los presupuestos de las universidades como si fueran las cuentas personales de las “claques” que dominan las estructuras de los partidos políticos, tanto a nivel nacional como local.

Es como si finalmente chocasen la realidad social identificada con los estudiantes a través de sus múltiples necesidades de más recursos y una clase política corroída por la corrupción, acostumbrada por décadas a dilapidar a su gusto y paladar los escasos fondos del presupuesto nacional, sin olvidar las suculentas “dádivas” que reciben bajo la mesa, mientras la ciudadanía observa hastiada el festival prebendario.

El estudiantado, de nivel secundario y universitario, avisó que ya no tolerará este estado de cosas. Es el turno de la respuesta responsable por parte del Gobierno, que sabe cómo viene la mano y del cual se espera la contestación adecuada.

Si hasta existió la sospecha de que el Gobierno de HC propició las denuncias en la UNA para minar las bases del apoyo político del senador Juan Carlos “Kalé” Galaverna, quien era el padrino del rector caído Froilán Peralta, está comprobado ahora que los demonios liberados ya no dejan un personaje con cabeza en rectorados y decanatos de las universidades estatales.

 

La situación  actual de una conducción descabezada en la educación superior paraguaya resulta un aviso sobrecogedor para la clase política. La realidad social representada por el estudiantado vino para cobrar a los políticos la factura ante tanto desatino de despilfarros, cuando se nota a la legua la carencia extrema de recursos para cumplir con la finalidad de la excelencia educativa, que resulta uno de los anhelos más caros de la sociedad.

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