Con total impunidad, exintendentes de todo el país dejan multimillonarias deudas a las administraciones entrantes de otros signos políticos. Las denuncias públicas por “empedrados fantasmas” y otros gastos sin justificar se acumulan, pero no hay acciones de la Fiscalía.
Asunción es la más afectada entre todos los casos denunciados. Arrastra una deuda de G. 193.000 millones (unos 33 millones de dólares), legada por la desastrosa administración de Arnaldo Samaniego (ANR), según lo afirmó su sucesor, Mario Ferreiro (PRF).
Lambaré quedó con una deuda de G. 36.000 millones, escuelas y plazas abandonadas, calles sucias y arroyos llenos de basura “gracias” al colorado Roberto Cárdenas, luego de 9 años de gestión.
En Saltos del Guairá, el exintendente Eduardo Paniagua (ANR) dejó una deuda de G. 20.561 millones.
El intendente de Encarnación, Luis Yd (PQ), hereda una administración sin recursos y con una deuda superior a los G. 18.000 millones “gracias” al exintendente Joel Maidana (ANR), según denuncias.
En Hernandarias, el intendente electo Rubén Rojas (ANR), denunció que Mario Castillo (PLRA) le dejó una deuda de G. 10.000 millones a empleados y proveedores.
En Fernando de la Mora, Édgar Quintana (ANR) dejó una deuda de G. 7.000 millones por “empedrados fantasmas” y un pasivo con la Caja de Jubilaciones Municipales.
En Villa Hayes, el exintendente Ricardo Núñez (ANR), dejó una deuda de G. 7.000 millones a Esteban Ríos Ayala (Alianza), quien logró derrotar al clan Núñez tras 15 años de control.
En Benjamín Aceval, el intendente reelecto Óscar Duarte (PQ), denunció que existe un faltante de G. 4.714 millones que ello sucedió durante la administración de Israel Duarte (PLRA), quien interinó la Intendencia por 4 meses.
Por su parte, el intendente de Obligado, Itapúa, Gil Amarilla (ANR), no descartó acciones legales contra su antecesor, Lauro Becker (ANR), quien, según dijo, le dejó un saldo en rojo superior a los 3.000 millones.
Fiscalía investiga pocos casos
Pese al alto número de denuncias por malversación y desvío de fondos en los municipios, son pocos los casos en que el fiscal general, Javier Días Verón, ordena iniciar una investigación.
Uno de estos pocos casos en curso es la imputación al exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas (ANR), procesado por la presunta sobrefacturación de G. 1.400 millones para la merienda escolar. El caso fue impulsado ante la indignación ciudadana por el derrumbe de una escuela en la que varios alumnos resultados heridos.
El exintendente de Borja, Óscar Silvera Gallinar (ANR), también es investigado por la fiscalía. En Arroyos y Esteros, el exintendente Gustavo Alfonzo (ANR) prácticamente vació la comuna pero la Fiscalía dice que no hay pruebas.
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