Una comitiva del Ministerio Público de Ciudad del Este allanó esta mañana la municipalidad local, en el marco de las denuncias presentadas por el concejal zacariísta, Celso “Kelembú” Miranda, en busca de evidencias sobre varias denuncias de presunta sobrefacturación en la compra de kits de alimentos e insumos médicos durante esta emergencia sanitaria por el Covid-19. Al margen de la comitiva fiscal en la institución comunal, lo que llama la atención es la celeridad con que actúa la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez. Sin embargo, Javier Zacarías Irún, en complicidad con su pandilla, robó durante 18 años la.municipalidad y hasta hoy sigue libre. Es más, durante todo ese tiempo, nunca ingresó al recinto comunal la Contraloría ni la Fiscalía.
El intendente Miguel Prieto y directores de la Municipalidad, recibieron este martes a la comitiva de la Fiscalía, que allanó la institución junto a un equipo auditor de la Contraloría General de la República.
Se constituyeron en la comuna: el fiscal Manuel Rojas Rodríguez y la fiscal Hermenegilda Cubilla por parte del Ministerio Público, en cumplimiento a una orden de allanamiento firmada por el juez penal de Garantías, Carlos Vera.
La orden de allanamiento fue dispuesta en el marco de la investigación de la Causa Nro. 4524/20 «Miguel Prieto Vallejos sobre Producción Inmediata de Documentos Públicos de Contenido Falso y otros».
El intendente y directores de la Municipalidad recibieron a la comitiva y facilitaron sin ningún tipo de resistencia los documentos vinculados a las denuncias.
Por parte de la Contraloría, se presentó el equipo auditor coordinado por el funcionario Nelson Salinas.
Los entes contralores realizaron este procedimiento en conjunto, porque existe un convenio interinstitucional entre el Ministerio Público y la Contraloría. El fiscal Manuel Rojas explicó que la Fiscalía no cuenta con técnicos para hacer un análisis contable, razón por la cual los auditores de la Contraloría serán los encargados de examinar todos los documentos.
Por último, ante versiones sobre una supuesta persecución política al intendente Miguel Prieto, dijo que no están para incriminar falsamente a nadie y que el objetivo de la intervención es recabar elementos objetivos que respalden la versión de uno u otro grupo.
Por su parte, el equipo auditor de la Contraloría quedará toda la semana en la Municipalidad para la revisión de los documentos vinculados a las denuncias.
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