El lunes se dio otro capítulo más en la guerra desatada entre el Clan Zacarías y el ex gobernador Nelson Aguinagalde y su esposa, la concejal Lilian González, con la presentación de una denuncia por los hechos punibles de estafa, producción de documentos no auténticos y lesión de confianza, realizada por el gobernador Justo Zacarías. Por su parte, los Aguinagalde no durmieron sobre los laureles y también recurrieron a la justicia, para presentar una querella criminal contra Javier Zacarías, a quien acusa por “difamación e injuria grave”, por haber tratado a la concejal Lilian González de “delincuente común”.
La denuncia, presentada ante el Ministerio Público, además de afectar al senador Aguinagalde, también alcanza a ex funcionarios y ex concejales del periodo 2012 y 2013. El caso será investigado por la fiscal Carolina Rosa Gadea, empero la carpeta fue derivada al fiscal adjunto Alejo Vera, porque entiende que debe ser una unidad de delitos económicos la que lleve el caso.
Uno de los casos más reiterativos fue la entrega de aportes a comisiones de pequeños productores, que en revisiones aleatorias comprobaron que los campesinos recibieron menor cantidad de aportes que lo que figura en los documentos que firmaron. Según los datos revelados en una conferencia de prensa el pasado lunes, que el perjuicio patrimonial originada durante el mandato de Aguinagalde, supera los 5 mil millones de guaraníes.
Los datos se desprenden de una auditoría externa realizada por la consultoría de Daisy Noemí Rojas. El informe señala que muchas personas que eran del entorno laboral y familiar del exgobernador Aguinagalde cobraron cheques que fueron confeccionados para comisiones pro empedrado, comités de agricultores y cooperadora escolar.
En cuanto a utilización de combustibles no se encontraron documentos por 1.500 millones de guaraníes que puedan justificar la utilización de ese rubro. Lo mismo con las cubiertas que registra un faltante por 170 millones de guaraníes. Se refiere que en el caso de aportes a los agricultores el desvío de fondos supera los 2.500 millones de guaraníes y que existen endosos de cheques realizados por funcionarios, que en la época conformaban el primer anillo de Aguinagalde. La gestión del año 2013 corresponde al ingeniero José de los Santos Sánchez.
Sin objetividad
El senador Nelson Aguinagalde criticó que el político colorado, Javier Zacarías, hermano del actual gobernador, haya anunciado por los medios de prensa de la zona que el Ministerio Público lo imputará y se pedirá su desafuero de la Cámara Alta.
«Cualquier resultado de una auditoria perdió seriedad cuando alguien que no tiene nada que ver con la gobernación anticipa determinaciones de personas que representan a otras instituciones. Todo indica que hay una componenda con el Ministerio Público porque se anticipa que se pedirá el desafuero», señaló.
El parlamentario dijo que la auditoría en la gobernación se hizo en forma unilateral, porque nunca participaron sus asesores y tampoco se le dio la oportunidad de hacer su descargo. Adelantó, que cuando se presente la denuncia en la fiscalía, solicitarán una copia para interiorizarse del documento que supuestamente lo involucra en hechos punibles. Aguinagalde explicó que durante su mandato como gobernador del Alto Paraná siempre estuvo abierto a las investigaciones de entes públicos de contraloría y que está muy seguro de la administración que tuvo, por lo que no tendría problemas en solicitar su propio desafuero si la investigación fiscal no es influenciada por terceros.
«Esta gente que nunca permitió que la municipalidad de Ciudad del Este sea auditada por la Contraloría, es la que hoy me acusa de lesión de confianza y otros hechos punibles. Llama mucho la atención que por medios de prensa ya se anuncien decisiones que competen a otros entes del Estado y que proviene de gente que no ostenta ningún cargo actualmente», arremetió.
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