Escribe: Luis Alen.
El operativo anticorrupción dentro de las entidades estatales sigue cobrando sus víctimas, principalmente en la “periferia” del Poder Ejecutivo, como son la Contraloría y la UNA, sin afectar aún a ministerios o empresas estatales.
Los estudiantes ya anunciaron que no se quedarán tranquilos hasta ver limpiada la Universidad Nacional de corruptos, pero el problema está en que su lucha puede dar pié a manifestaciones similares en otras universidades del interior, además de llegar a trascender hacia el Congreso y demás entes del Estado, con la posibilidad de afectar hasta al mismo Gobierno de Horacio Cartes.
En cuestión de días cayó la cúpula de la UNA, cuando hasta hace poco tiempo tanto el rector Froilán Peralta como todo su séquito de decanos amparados en la autonomía universitaria se creían intocables e inmunes a los controles sobre el siempre sospechado uso discrecional de recursos que les provee el presupuesto nacional.
Es cierto que las publicaciones tuvieron su efecto indudable para poner en evidencia el escandaloso reparto de cargos docentes entre gente no apta para tal menester, pero existe alguna evidencia de que los ataques al rector de la principal institución universitaria del país habrían sido teledirigidos desde el mismo poder, sin descartar algún ajuste de cuentas post-interna colorada que el cartismo se quería cobrar con la disidencia, habida cuenta del padrinazgo que ejercía sobre Peralta el senador disidente Juan Carlos “Kalé” Galaverna.
Pero más allá de estas elucubraciones potencialmente lógicas, causa inquietud en el entorno presidencial que la fiebre contralora de los estudiantes podría tener un efecto dominó de incalculables consecuencias, por lo que ahora la consigna es ver la forma de parar la avalancha fiscalizadora que podría haber en otras instituciones del Estado con tufos de los mismos manejos corruptos en sueldos y demás prebendas para gentes no preparadas para ejercer los cargos, cuyo mérito es sólo ser parientes, amigos o amantes.
Nueva ley, otro instrumento para la ciudadanía
La nueva ley de Acceso a la Información Pública, que ya cuenta inclusive con su decreto reglamentario promulgado el 18 de setiembre por el presidente Cartes, resulta también otro instrumento en manos de las organizaciones civiles para el ejercicio de una contraloría ciudadana eficaz sobre los destinos que tienen los recursos estatales y especialmente para verificar el correcto uso de los mismos.
¿Hasta qué punto el sistema político prebendario que tiene décadas en el país, así como el mismo gobierno cartista tolerarán la intromisión ciudadana en el manejo de las cuentas públicas?
Las movilizaciones estudiantiles en la UNA se dieron poco después de la marcha de los alumnos de secundaria por una mejor educación. En ambos casos, el Gobierno y la sociedad vieron con simpatía la salida de los jóvenes de sus clases. Pero la gran pregunta es: ¿y después qué?
Porque una solución de fondo en la educación, a través de más recursos, y una barrida de la corrupción imperante en la UNA y en las demás instituciones de la educación superior, dependen en última instancia de la actitud firme que adopte el Gobierno. Pero, ¿estará en condiciones Horacio Cartes de pisar callos de correligionarios y de otros miembros de la clase política, colorados y opositores, entre ellos muchos legisladores, sin que se le vuelva en contra la operación limpieza?
Hasta el momento, todo parece indicar que el mayor beneficiado con la lucha anticorrupción en el sector público es el mismo presidente, ya que por ahora ningún allegado directo o miembro de su círculo áulico han sido sorprendidos “con las manos en la masa”. Por el contrario, el mismo HC aparece incitando a los estudiantes de la UNA a tumbar al rector indigno que tenían, siempre que hagan lío en forma organizada, como pedía el papa Francisco a los jóvenes en la Costanera el pasado julio.
La disidencia colorada, mientras tanto, ha debido buscar un puente de diálogo con el jefe de Estado, a la vista de lo que podría sobrevenir si ocurriera, por ejemplo, alguna “avalancha” estudiantil o de los sindicatos sobre el Congreso cuando empiecen a tratarse los rubros para la educación o la salud en los cálculos del presupuesto de la nación de 2016.
La primavera que acaba de empezar, ya de por sí más caliente que años anteriores por el cambio climático, se ha vuelto muy candente en el campo político no precisamente por las elecciones municipales cuya campaña transcurre en forma anodina sin mayores sobresaltos, sino por las consecuencias que tendrá el destape de las ollas en las reparticiones públicas, que poseen condimentos realmente malolientes que podrían afectar incluso la estabilidad política del país.
HC aparentemente no tiene intenciones de amainar su propio fervor en contra de los corruptos, como lo demuestra el sumario iniciado en la INC para cortar el viejo negociado con las bolsas de cemento que van a parar al mercado negro montado por los mismos funcionarios en connivencia con políticos. Pero todo tiene su límite para el mismo presidente, ya que cuando empiece a afectar las bases del poder cartista, que son los mismos funcionarios colorados, el operativo limpieza podría desinflarse rápidamente.
Los padrinos no aparecen
Durante el gobierno de HC ya fueron varios los altos funcionarios sacados a empellones de sus puestos por corrupción, siendo los casos más mediáticos los últimos del contralor y el rector de la universidad. Por lo que cabe preguntarse a quién tocará ahora el turno de la caída, de continuar la actual tendencia de limpieza en las entidades estatales.
Más de un alto exponente de la administración estatal tendrá las barbas en remojo, ya que una cosa notable en estos episodios es la pérdida notoria de su soporte político que han tenido por lo visto los funcionarios defenestrados. Dicho en otras palabras, han sido abandonados por sus padrinos de la clase política, como resultado de la merma de poder que han tenido los legisladores y los políticos de los partidos frente al emergente predominio de HC.
En definitiva, la actual cruzada anticorrupción en el Estado no tiene otra razón que la creciente hegemonía de Cartes. Así también, el poder en proceso de consolidación puede utilizar astutamente para su propio beneficio la lucha anticorrupción, siempre que sean afectados los enemigos políticos y no lleguen a poner en peligro los cimientos del poderío cartista, ya sea por denuncias directas contra el mismo HC o que vayan contra algunos de sus colaboradores inmediatos en el gabinete, en el sistema de empresas estatales o entre los gerentes del Grupo Cartes que le acompañan en el control de la gestión.
La intervención decidida en la UNA, por el término de seis meses, tiene toda la característica de un intento de tranquilizar el fervor estudiantil por ejercer la “contraloría ciudadana” sobre los funcionarios, y especialmente para que no se desmadre hacia eventuales intentos de desestabilización política.
Es que la estabilidad política resulta esencial para las inversiones y el crecimiento económico, así como para los planes de inclusión social controlada.
Pero los mismos estudiantes y algunos decanos de la UNA prefieren seguir armando lío y no avalan la intervención, a pesar de que ésta tiene la intención de realizar profundas reformas en el mismo reglamento administrativo de la principal universidad del país. Han logrado así que se reúna el consejo superior de la institución, apelando a la autonomía de la injerencia del Poder Ejecutivo.
Queda por ver si en la pulseada quién gana, pero lo cierto es que la saludable barrida en la UNA puede estar presagiando otros operativos de limpieza en las demás entidades estatales, sospechadas todas de una endémica corrupción que lleva años sin destapar.
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