Escribe: Luis Alen.
Desde hace varios años en esta misma columna se sugiere que el Paraguay debe dar un giro de 180 grados en su política de integración económica y energética con los vecinos, a partir de su potencial hidroeléctrico y aprovechando su posición geográfica estratégica en el centro sudamericano.
El objetivo tiene que ser alcanzar un nuevo modelo integrador basado en la combinación de las capacidades productivas de Bolivia, Uruguay y Paraguay, con el fin de fortalecer una estrategia negociadora con los grandes, Argentina y Brasil, con el aditamento de un trato especial con Perú y Chile para una salida al Pacífico.
Relanzar el pacto Urupabol implicará poner en funcionamiento el eje económico-energético del Mercosur, que no sólo abarque una infraestructura combinada multimodal de transporte y logística en la hidrovía Paraguay-Paraná con el agregado de rutas y ferrocarriles, sino también poner en ejecución la tan anhelada integración energética a través de la combinación del gas boliviano, la electricidad paraguaya y un puerto marítimo de aguas profundas en Uruguay.
Como componente fundamental de la nueva estrategia, los tres países pequeños del Mercosur deberán apoyar al Paraguay en su planteo de soberanía energética plena en los emprendimientos binacionales Itaipu y Yacyretá, de tal forma que nuestro país tenga la libre disponibilidad de su energía eléctrica y tener acceso así a los mercados eléctricos regionales para comercializar los paquetes de electricidad a precios de mercado mayorista.
Negociación inmediata
A la vista de ganar tiempo y propender al desarrollo económico y social del país y de la región, ya no puede esperar el planteo a los vecinos para una negociación inmediata del nuevo modelo de integración económica sustentado en la disponibilidad energética paraguaya con el aporte de Bolivia y su capacidad gasífera.
Los tratados de Itaipu y Yacyretá deben ser denunciados y renegociados, ya por el actual gobierno paraguayo y no esperar a 2023 en el caso específico de Brasil con Itaipu. En el caso de Yacyretá, se debe aprovechar la asunción del nuevo gobierno argentino para reanudar las negociaciones hasta hoy estancadas para renegociar el Anexo C del tratado.
En Itaipu, el tratado de 1973 obliga al Paraguay a ceder su electricidad no utilizada al Brasil a precio de costo de generación y con una bajísima compensación por cesión de energía que fue aumentada en 2009 para corregir en parte la escandalosa expoliación.
Después de la firma del acuerdo Lugo-Lula de dicho año, quedó establecido que el Paraguay podrá disponer de su energía para la venta a terceros países sólo en 2023, fecha en que se terminará de pagar la deuda de la hidroeléctrica y se podrán revisar los términos del tratado.
De la misma forma, el Tratado de Yacyretá también obliga al Paraguay a ceder su energía no utilizada a la Argentina al precio de costo de generación. A su vez, la Nota Reversal de 1992 fijó el precio de la energía de Yacyretá por debajo del costo de producción, generando el aumento desmesurado de la deuda, triplicándola en manos de 15 años.
Pero hasta ahora no existe una definición de cómo pagar la deuda y muchos menos la posibilidad de que el Paraguay pueda disponer, en el corto plazo, de su energía generada en Yacyretá para su venta a terceros países.
Lo peor del caso es que, al revés de lo dispuesto en los tratados, Argentina y Brasil se han intercambiado energía eléctrica, en parte paraguaya, procedente principalmente de las hidroeléctricas Itaipu y Yacyretá, a través del convertidor de frecuencia de Garabí, en la frontera entre ambos países. Esta interconexión fue construida exclusivamente para realizar grandes transferencias de energía eléctrica entre Argentina y Brasil, del orden de 2.000 MW, que es prácticamente la producción total de Yacyretá operando a cota reducida.
Garabí tiene interconexión directa por medio de dos líneas de 500 Kv con Yacyretá, por lo que se puede deducir que durante la operación de transferencia de energía desde Argentina al sistema interconectado brasileño casi el 100 por ciento de esa energía transmitida a través de Garabí proviene de Yacyretá, por lo que se puede inferir también que gran parte de esas transacciones es realizada con energía paraguaya.
Lo mismo se puede decir con respecto a Brasil, al utilizar una parte de lo generado en Itaipu para satisfacer la demanda argentina, especialmente en horas de mayor consumo. La generación de Itaipu incluye también lógicamente un componente de energía paraguaya.
Todo esto demuestra la gran necesidad de energía que tienen los grandes vecinos y socios en los empredimientos binacionales. Resulta ocioso indicar la urgencia que los técnicos y negociadores paraguayos encuentren las mejores fórmulas para solicitar ya ahora un trato diferente en cuanto al costo de la tarifa de energía, la libre disponibilidad y la constitución de un mercado único mayorista de electricidad en la región central sudamericana.
Con el fin de llegar a esta meta servirá también para reforzar la posición de los negociadores paraguayos el contar con el instrumento de Urupabol, que presione a Argentina y Brasil a permitir que el Paraguay ejerza realmente la soberanía sobre sus inmensos recursos hidroenergéticos.
En el caso de Uruguay, por caso, además de la utilización de un puerto marítimo de aguas profundas en Rocha, se tiene el pedido firme desde hace varios años de adquirir energía paraguaya de Acaray, sin que la Argentina haya permitido el paso de nuestra electricidad por sus redes con destino a su uso en el territorio uruguayo.
En forma contradictoria, la Argentina sí se permite transmitir electricidad procedente de Yacyretá con destino al convertidor de Garabí sobre el río Uruguay, para su posterior traspaso al sistema brasileño.
Son injusticias patentes que se deben corregir en el ámbito sudamericano y del Mercosur, al mismo tiempo que se contribuirá en sumo grado para relanzar un crecimiento económico con inclusión social en la región.
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