Parecería que en el territorio donde reina el clan Zacarías no existe la palabra del título de este editorial, a la hora en que entra a intervenir la justicia esteña.
Planteamos esta duda a raíz de los varios antecedentes ya presentados, donde muchos de los fiscales y jueces de esta zona del país no juzgan con la misma vara, cuando aparece, por debajo de la mesa, la influencia política, como en este caso, en esta demanda y contrademanda, entre autoridades del ejecutivo y legislativo municipal paranaense.
Lastimosamente que la justicia paraguaya está contaminada, profundamente, por el germen político, lo cual resta total credibilidad a las acciones de quienes tienen la sagrada responsabilidad de aplicar la ley, en el marco estricto del estado de derecho.
En cambio en esta capital departamental, la Constitución y la ley, son letras muertas. Aquí lo que impera es la “Ley Zacarías”. Ciudad del Este vive aislada del resto del país. Pareciera un estado aparte, donde no existe respeto a la justicia. En esta comarca fronteriza todo gira en torno al humor de un clan perverso, que hace lo que se le antoja, y lo más grave, las instituciones que deben impartir las órdenes para parar estos reiterados abusos, ni se atinan a alzar la vista. (sic).
Un caso reciente, para ejemplificar la fuerte influencia política que tiene el clan Zacarías sobre la justicia esteña, fue cuando el Ministerio Público local no tuvo la agalla de imputar a la intendente Sandra McLeod por la muerte de la niña Sara Amapola (2 años), quien pereció electrocutada en una plaza pública, sitio bajo control de la comuna paranaense.
El propio fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, habría metido la mano para evitar la imputación de la jefa comunal. Y para desviar la atención de la opinión pública, los fiscales de la causa, Cinthya Leiva y Marcelo Saldívar terminaron atribuyendo la culpa a la propietaria de la empresa constructora de la obra y a dos funcionarios municipales. (sic).
Hacen aparecer chivos expiatorios, intentando así engatusar al pueblo. Pero la ciudadanía dejó de ser tonta, y es consciente quién es la principal responsable de la muerte de la inocente vida. Sandra McLeod tendrá que pagar ante la justicia por los errores cometidos, como principal autoridad del segundo municipio más importante del país. Es hora de acabar con la impunidad, si queremos, alguna vez, convertirnos en una nación seria.
Hoy el clan Zacarías, sacudido por denuncias y escraches en las redes sociales, recurrió a una estrategia, donde presentó querella contra autoridades legislativas y otras personas, quienes intentan manchar el “honor y la reputación de él y su familia” (sic). El principal blanco y punto de mira de Javier Zacarías Irún, es el edil opositor, Celso Miranda alias “Kelembú”, quien no ahorra adjetivos a la hora de disparar contra el autodenominado líder esteño.
En medio de este espinoso escenario que se presenta, el juez unipersonal tendrá un gran desafío para ver si hasta donde va la cacareada influencia política que tiene Javier Zacarías Irún sobre varios fiscales y jueces de la zona. Si ayer, los fiscales Leiva y Saldívar no tuvieron el coraje de imputar a Sandra McLeod, ¿será que el magistrado que recepcionó la querella de Javier Zacarías procesará a quienes, supuestamente, difamaron y calumniaron a la familia del clan? El caso servirá para deducir hasta dónde va la imparcialidad de la justicia esteña, cuando de por medio aparece el hoy disminuido clan esteño. ¿Habrá imparcialidad en el juzgamiento?
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