El agente fiscal de la Unidad Nº VI del Ministerio Público de Ciudad del Este, abogado Federico Daniel Torres Tavarelli, fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por “mal desempeño en sus funciones”, tras imputar en tiempo récord a tres empresarias, propietarias del Shopping Corazón, por un supuesto hecho de “Lesión de confianza y Estafa”. Según las afectadas el “representante de la sociedad” actuó bajo presiones de un poderoso grupo político de la zona, pisoteando cualquier tipo de criterio de objetividad y sin tener en cuenta los documentos obrantes en la carpeta fiscal. De acuerdo a los datos, existen fuertes indicios de que el abogado Blas Pereira, mano derecha del Clan Zacarías, habría utilizado su influencia para torcer la ley a favor de los supuestos estafados.
La denuncia contra el agente fiscal Federico Torres fue presentada ante el JEM, por las empresarias chinas, dueñas del Shopping Corazón de Ciudad del Este, quienes en tiempo récord, fueron imputadas por el Ministerio Público. De acuerdo al documento, Torres imputó por lesión de confianza y estafa a las ahora denunciantes, Estela Martín But; Shwn But de Martín, alias “Diana”, y Sau Fong Ha, por una supuesta estafa multimillonaria de 8 millones de dólares, en perjuicio de empresarios orientales.
Antecedentes
del caso
El 26 de setiembre de 2013, el oriental Tzu Chieh Wei presentó ante el Minis-terio Público una denuncia de lesión de confianza y estafa contra las empresarias Estela Martín But; Shwn But de Martín, alias “Diana” y Sau Fong Ha.
Según manifestaciones del denunciante, en el año 2010, subscribió con la familia Martin Martin un contrato de sublocación de un inmueble, dentro del cual estaba el Shopping Corazón, en la avenida San Blas de la capital del Alto Paraná. El contrato se había realizado a través de una empresa denominada “Soluna Comercio S.A.”. El contrato de sublocación consistía en la terminación de las obras de infraestructura del centro comercial, que contaba con 300 salones comerciales y tres pisos de estacionamientos para vehículos. La terminación y remodelación de la obra alcanzó una inversión de 8 millones de dólares.
De acuerdo al acta de imputación, una vez concluido el edificio, los sublocatarios debían explotar el centro comercial. El contrato inicial fue por 3 años, pero con la promesa de prolongar durante 10 a 15 años el acuerdo, a fin de que los inversionistas puedan recuperar su capital y ganar dinero.
Sin embargo, supuestamente las propietarias del inmueble no cumplieron con el compromiso asumido, ocasionando cuantiosa pérdida económica a los afectados.
Tiempo récord
El 10 de octubre de 2013, es decir 14 días después de la presentación de la denuncia, llamativamente, Federico Torres, en forma totalmente arbitraria ya imputó a las afectadas sin darles el derecho a la defensa.
En ese sentido, las mismas, aseguran que el denunciante y supuesto perjudicado jamás suscribió contrato alguno con ellas, que en consecuencia eventualmente las puedan vincular, sino que única y exclusivamente con la firma Shopping Corazón S.R.L., del cual el denunciante es parte, y a quien tendría que denunciar y reclamar cualquier perjuicio que pudiese haber tenido.
Asimismo, sostienen que el agente fiscal planteó la imputación con absoluta temeridad y malicia, circunstancia que ocasiona a las mismas un grave perjuicio personal y patrimonial. Torres realizó la investigación fiscal solamente para obtener los supuestos elementos de cargo, pero nunca dio oportunidad para presentar y ofrecer los elementos de descargo, debiendo haber aplicado el “criterio objetivo” que no lo hizo y en consecuencia, procedió a una investigación sumamente subjetiva y buscando beneficiar únicamente al denunciante. Aseguran además que el agente fiscal no les dio intervención en el proceso penal para ofrecer y colaborar con la investigación, directamente procedió a la imputación, pisoteando la presunción de inocencia consagrado en el Art. 17 de la Constitución Nacional y en el Art. 4 del Código Procesal Penal (CPP). Las afectadas aseguran que el agente fiscal actuó con parcialidad manifiesta, por lo que presentaron la denuncia por “mal desempeño de sus funciones” contra el agente fiscal ante el JEM.
Torcieron la ley
Según los datos, el abogado Blas Pereira, mano derecha del Clan Zacarías, había utilizado toda su influencia para torcer la ley y favorecer a los supuestos estafados, pues los mismos estarían ligados comercialmente con Javier Zacarías Irún, político influyente de la zona, y a cuyo capricho actúan varios jueces y fiscales locales.
Pereira, de acuerdo a los datos, “trabajó” fuertemente para lograr la imputación de las dueñas del Shopping.
El proceso penal sigue su curso en el Juzgado Penal de Garantías número 2, a cargo del juez Amílcar Marecos.
Ferreiro afirma que no apañará corrupción de magistrados y fiscales
El senador Nacional, Adolfo Ferreiro, del partido Avanza País, representante del senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), dijo el lunes último durante una entrevista radial en el programa “Sin Censura”, emitido por radio Magnificat, que la denuncia presentada contra el fiscal Federico Torres, sí reúne todos los requisitos exigidos, y él como integrante de ese cuerpo, votará a favor de la destitución del citado representante del Ministerio Público.
“Estudiaremos la carpeta de la denuncia y pediremos los antecedentes del fiscal y si amerita los elementos arrimados, al menos mi voto será por la destitución”, expresó. Ferreiro fue tajante en decir que no protegerá a jueces y fiscales corruptos. Aseguró que él fue electo por sus colegas para representarlo ante dicho órgano y que tratará de no defraudar, apañando las irregularidades cometidas por los magistrados y agentes fiscales. Del mismo modo afirmó que este caso es tentador para cualquier fiscal, pues está en juego una multimillonaria suma de dinero en dólares, pero de comprobarse alguna irregularidad, no dudará en impulsar la destitución del agente fiscal.
“Al jurar como Senador Nacional, no solo me comprometí a velar por los intereses del pueblo, sino también a combatir la corrupción. Desde el lugar donde estoy no permitiré que el derecho de ningún ciudadano sea pisoteado”, finalizó Ferreiro, dejando en claro que no será cómplice de la mafia corrupta que existe en el Poder Judicial.





























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