Ante la falta de respuesta a la serie de denuncias presentadas sobre presunta corrupción existente en la comuna de Ciudad del Este y que involucra a la familia Zacarías, los concejales municipales, denominado G7, recurrieron a los senadores en busca de apoyo político.
Aquí en la capital departamental, cuando de por medio aparece el clan Zacarías, la mayoría de los jueces y fiscales congela el expediente y se desentiende del caso. Y eso ganó estado público y hay suficientes pruebas que demuestran el sometimiento de la justicia al poder fáctico esteño.
Lo grave de todo esto es que el clan Zacarías representa la ley aquí en esta comarca fronteriza. Todo pasa por el poder político, donde el común de la gente no tiene ninguna alternativa a litigar por su derecho.
En esta localidad fronteriza lo que impera es la “Ley Zacarías”, la cual se sintetiza en soberbia y prepotencia, una marca registrada de este grupo familiar, que maneja como un negocio privado el dinero del patrimonio público, desde hace 15 años.
A pesar de la voluminosa corrupción que salta a la vista en la municipalidad de Ciudad del Este, bajo control del clan Zacarías, ninguna institución competente osa en investigar a esta familia, que se apoderó del dinero de la ciudadanía. Es más, antes que ocurra eso, se le tiende impunidad, para que continúe apoderándose del patrimonio del pueblo.
A raíz de esta penosa situación que enfrentan los habitantes esteños, que no encuentran sosiego en la voracidad del clan Zacarías, un grupo de autoridades legislativas fue a buscar apoyo en la capital con los senadores.
El denominado G7 de la Junta Municipal se reunió la semana pasada con el influyente senador colorado Juan Carlos Galaverna; y esta semana está prevista otra conversación con el propio presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez.
Los ediles irán haciendo lobby con legisladores de Asunción, y principalmente con senadores, a fin de que se busque encaminar las denuncias de corrupción contra el clan, como una antesala a la intervención de la municipalidad, que desde hace una década y media está plagada de irregularidades de gestión.
Otro hecho sumamente delicado en este tema, es la impunidad, que visiblemente otorga al clan Zacarías el fiscal general del Estado, Javier Díaz Nerón, quien recepcionó varios documentos sobre irregularidades en la gestión comunal paranaense.
Sin embargo, el máximo representante del Ministerio Público trató de desentenderse del caso y remitió todos los antecedentes a Ciudad del Este, reducto “judicial” de los Zacarías. (sic). Igualmente, la misma Contraloría General de la República (CGR) actuó siempre tibia a la hora de buscar investigar a esta rosca.
El pueblo ya se cansó de los atropellos constantes del que sufre. Ya terminó la tolerancia para seguir soportando las ofensas y humillaciones de este grupo perverso, que se atornilló en el ejecutivo municipal y se niega a dejar la institución ni por la fuerza. Como la justicia no funciona, no queda otra alternativa que recurrir a la presión y movilización popular, para buscar desalojar del lugar donde está desde el año 2001. ¡Basta de sometimiento judicial!
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