Las 6 normativas que Paraguay pide revisar en el Mercosur

Las seis normativas de un total de 180 decisiones, resoluciones y directivas aprobadas en el Mercosur, mientras el Paraguay se encontraba suspendido en sus derechos de miembro pleno y fundador,  como castigo por la destitución del presidente Fernando Lugo, tienen consecuencias económicas, políticas y jurídicas que el Gobierno nacional pretende revertir en el curso del primer semestre de este año. Una de ellas es la decisión Nº 11/13 que modifica el régimen de participación de los Estados Asociados al Mercosur, aprobada en la Cumbre de Montevideo el 11 de julio del 2013. Esta incorpora el Protocolo de Ushuaia II, entre los instrumentos legales a los que deben adherirse los países interesados en adquirir la condición de Estado Asociado al bloque.
Para el Paraguay dicho protocolo no tiene vigencia. El Congreso Nacional lo rechazó en octubre de 2012, porque incluye severas sanciones, incluyendo el bloqueo, para aquellos países que registren alguna amenaza contra el orden democrático.
Otras de las normativas adoptadas en ausencia de Paraguay son las que aprueban el proceso de adhesión de Bolivia y la participación de la República Cooperativa de Guyana y de Surinam al Mercosur.
Según fuentes de la Cancillería Nacional, aunque son decisiones que no implican un impacto económico, sí tienen consecuencias institucionales graves para el Mercosur dado que se aprobó a nuevos a socios en ausencia de un socio fundador (Paraguay). Según el Protocolo de Ouro Preto, adicional al Tratado de Asunción, “las decisiones de los órganos del Mercosur serán tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados Partes” (artículo 37).
Otra decisión que Paraguay pedirá se revise tiene que ver con la estructura del Fondo Mercosur de Garantías para Micro, Pequeñas y Medianas empresas. Anteriormente el aporte fijado para el país era solo de USD 1 millón (1%), y como beneficio podría emplear el 25% del Fondo.
En ausencia de Paraguay, el nuevo reglamento ya no se establece cuanto deberá ser el aporte del país, lo que tendrá que negociarse. Finalmente, hará observaciones sobre la normativa que modifica el arancel externo común a bienes de capital, como “depósitos de combustibles” y ciertas maquinarias, que antes era 0% y ahora debe tributar 14%.