Escribe: Luis Alen.
Lo que resta del mandato de Marito Abdo estará signado por la forma en que ha afrontado la crisis sanitaria del coronavirus, pero principalmente también cómo ha encarado la fase siguiente de desmonte del aparato estatal al servicio de la mafia política enquistada por décadas en las instituciones claves de la República, en un proceso inevitable con el fin de sanear las finanzas públicas obligadas a estar ahora al servicio único de la recuperación económica.
No será fácil la victoria en una guerra en la que está en juego el gobierno abdista así como el futuro de la convivencia democrática en la sociedad paraguaya. Los privilegios y prebendas de la clase política no se desmontarán en forma automática, ya que se prevé que los afectados presentarán una resistencia férrea de estilo mafioso.
Ya se pudo notar la reacción de los sindicatos de Itaipú con la ominosa amenaza de paralizar la usina, entre otras reacciones de diversos estamentos, pero el presidente salió casi de inmediato a desafiarles en un encendido discurso, demostrando su compromiso con una ciudadanía rebelada contra la casta privilegiada de funcionarios de primer mundo en un país con gente del tercer o cuarto mundo.
El presidente se juega en varios frentes su supervivencia misma en el cargo, ya que también debe mover la pesada burocracia gubernamental para hacer frente a los masivos reclamos de asistencia social de los más carenciados, especialmente en aquellos asentamientos donde subsisten miles de personas con trabajos pendientes del día a día laboral en forma muy precaria, sin ningún tipo de sistemas de protección social ante una emergencia como la declarada por el virus.
La necesaria respuesta acelerada ante la crisis social no parece, sin embargo, apurar mucho a los políticos y a quienes deben acompañar a Marito en realizar la contención social. A la letárgica reacción de los parlamentarios ante la imperiosa necesidad de reformar el Estado, resulta llamativo que se le adhieran también los programas de asistencia monetaria “Ñangareko” y el más reciente “Pytyvo”, que tardan una eternidad en ser implementados, por supuestas lentitudes informáticas o por la necesidad de evitar fraudes masivos, causando el lógico malestar de la gente humilde de las barriadas del área metropolitana, tanto de Asunción como de Ciudad del Este y otras ciudades del interior del país.
El gobierno debería ir a un sistema más expeditivo por la necesidad de alimentar a la gente, a través de una provisión de los 500 mil guaraníes con la sola presentación de la cédula de identidad, evitando por supuesto las aglomeraciones y dejando para después el control y sanción de los aprovechadores, dada la urgencia provocada por las medidas de confinamiento.
En epidemia no hay “abrazo”
Así como no se permite el acercamiento estrecho entre las personas por la pandemia, la crisis del coronavirus también parece poner en aprietos el “abrazo” republicano entre Marito Abdo y Horacio Cartes, obligando al presidente a batirse casi en solitario contra el férreo bloque defensivo armado por la mafia política para defender sus décadas de privilegios.
Las ineludibles medidas para recortar el gasto estatal superfluo y destinarlo a la salud pública o a la emergencia económico-social, son ahora las prioridades del gobierno, pero chocan con la poderosa rosca de la privilegiada casta política succionadora del presupuesto nacional.
Es así que la desvergonzada clase politiquera criolla trata de impedir el corte de sus privilegiados salarios y prebendas, en una actitud repudiable que contrasta con el mayoritario acatamiento popular a las severas medidas de aislamiento de la población dispuestas por el gabinete de crisis liderado por el presidente.
La pandemia del coronavirus que trajo la emergencia sanitaria y la parálisis económica, amenaza con convertirse en los próximos meses en un preocupante escenario político y social que dificulte enfrentar con éxito la recuperación de la economía, a menos que el gobierno adopte ya las medidas urgentes recomendables en la forma de un plan de corto y largo plazo de reforma del Estado.
Cuando parecía que, ante la gravedad de la situación originada por la epidemia del coronavirus, la respuesta a la crisis continuaría el mismo tenor de las medidas acertadas de cuarentena precoz destinadas a dotar de un tiempo precioso al Ministerio de Salud Pública para prepararse mejor, la ciudadanía presenció asombrada que la privilegiada casta política reaccionó con una increíble y vil maniobra de obstrucción del plan para destinar mayores fondos a los planes de contingencia sanitaria.
Los políticos, entre ellos gente del mismo equipo abdista de Añetete, creyeron que se calmarían las aguas que venían turbias en reclamo de la reforma estatal, al otorgar a Marito la rápida sanción de la ley de emergencia económica que respalda con US$ 1.600 millones de dólares los esfuerzos coordinados del gobierno para dotar con mayores recursos a la escuálida infraestructura de la sanidad estatal y de paso también asistir a los trabajadores que iban a quedar en problemas por la inactividad económica forzosa. En suma, calcularon que ya era de sobra un apoyo sustancial al Ejecutivo en su respuesta a la pandemia, para luego dar la estocada perversa a una sociedad encerrada y asustada por el peligroso virus patógeno.
Así, de repente, nadie salió a explicar en el gobierno ni en la oposición, el desmadre subsiguiente del Senado en plena cuarentena obligatoria, a través del incalificable zarpazo que quieren seguir dando los políticos a los royalties de las binacionales, direccionados hacia gobernaciones y municipios del interior del país, confirmando de paso que el gran negocio de la politiquería criolla se halla en las comunas con su manejo bajo la mesa de los royalties.
No contentos con eso, a renglón seguido, y cuando los senadores debían adoptar los recortes en el gasto superfluo del Estado, sobrevino la interrupción de la sesión por la falta de quórum por estar presentes menos de 23 miembros, denotando que no había interés en pasar a tratar la propuesta de reformas, incluyendo un proyecto del senador cartista Sergio Godoy.
Desobedeciendo las indicaciones del Ejecutivo, hasta los senadores abdistas acompañaron la mayoría casi unánime -salvo la solitaria oposición de la bancada patriaqueridista- de no aceptar el traspaso del 50 por ciento de los royalties a salud pública, sino por el contrario otorgar a los municipios el mismo porcentaje para destinar los fondos a un gasto discrecional a cargo de las comunas, y usarlos no sólo en los egresos para urgencias de salubridad en la actual emergencia, sino también en gastos corrientes como pago de salarios, desnaturalizando totalmente el propósito inicial de la ley de 2010 que establecía el giro obligatorio de este dinero procedente de las usinas hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá para inversiones en la infraestructura de las municipalidades.
El presidente Abdo salió inmediatamente al paso de la media sanción que iba a una casi segura aprobación en la Cámara de Diputados, anunciando que vetaría la oprobiosa ley que pondría en ridículo los planes de reforma estatal y encima considerando que sólo el año pasado las municipalidades del país recibieron US$ 141 millones, sin que la mayor parte se sepa si realmente fue realmente a inversiones físicas o sociales urgentes, según lo reconoció la Contraloría General de la República.
Los legisladores parásitos, contagiándose de su pariente el patógeno coronavirus, buscan todos los atajos posibles para obstaculizar el imparable proceso de reforma del Estado, acudiendo a cualquier expediente para retrasar la toma de decisiones, como la supuesta infección general del Parlamento por parte de dos legisladoras, todo lo cual va en contra de la misma ciudadanía que los votó y que ya se encuentra hastiada de tanta insolencia de sus representantes.
Inmediatamente después de la sesión truncada, los senadores oficialistas Enrique Bacchetta y Silvio Ovelar se reunieron con el presidente en el Palacio de López, con el fin de evaluar la situación planteada, que habla indudablemente de una sorda lucha de poder entre Añetete y HC en la ANR de cara al control del gobierno, que aún subsiste pese a la necesidad de presentar un frente unificado ante la pandemia del coronavirus y sus consecuencias catastróficas en la economía.
¿Benigno o “Maligno”?
El jefe de Estado tiene en su hermano Benigno López, ministro de Hacienda, la cara visible de la lucha para salir airosos de la hecatombe económica que se avecina si es que no se hacen bien los deberes de la recuperación productiva.
Una mala señal en el liderazgo de la conducción económica fueron las idas y venidas de Benigno en la cuestión del recorte de los altos sueldos de la administración estatal y la supuesta devolución de los descuentos una vez que haya pasado la crisis, lo que no convenció para nada de las verdaderas intenciones de la reforma estatal, ya que la sociedad quiere respuestas permanentes para eliminar la chorrera de los privilegios en el Estado, ante la evidencia de que la pobreza aumentará aún más tras el desastre de la pandemia y la parálisis económica.
De allí que López haya salido también a reiterar ante la opinión pública que la reforma no tiene retorno y que la reducción de los privilegios de la casta política es parte de un conjunto de medidas a ser tomadas con leyes que se van a presentar al Congreso con el propósito de reconducir el gasto público hacia salud, educación y la reducción de la pobreza.
Pero la duda está servida después de lo decidido con los royalties en la sesión del Senado de la semana pasada, además de la suspensión de las sesiones por 15 días por supuesto coronavirus de una senadora liberal llanista “supercontagiadora” y por el hecho de que, al parecer, algunos líderes de “Añetete” están calculando que todo apunta al control del proceso de reforma para favorecer de alguna forma al cartismo, que ya sigue al mando de la ANR hasta la interna presidencial de 2022.
Es que Benigno se apoyará seguramente en la obtención de financiamiento externo para salvar la coyuntura fiscal, tanto de fuente multilateral (FMI-Banco Mundial-BID, entre otros) como de los bonos soberanos, ahora de difícil colocación tras la brutal caída de las bolsas mundiales que hizo entrar en pánico a todos los inversores. Para ello necesita recurrir a los que detentaron siempre el mecanismo de los bonos, acudiendo al “Puente” del grupo Amambay de HC. Por ello es que se piensa que un papel clave en todo este embrollo lo tendrá casi seguramente el exministro de Hacienda, Santiago Peña, actual cercano asesor financiero del “Patrón del Quincho”.
Benigno podrá ser muy útil para salvar las castañas del fuego de una apremiante situación financiera del Estado, pero para ello necesita no sólo aumentar el financiamiento externo e interno, sino también cortar con urgencia el gasto público superfluo. Aquí en este punto se volverá “Maligno” para mucha gente prebendaria, pero no hay otro camino para poner en marcha el saneamiento de las cuentas fiscales y el equilibrio del presupuesto nacional, ahora que fácilmente se llegará al 30 por ciento o más de deuda pública en relación al PIB.
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