Miles de personas quedaron sin luz ni agua por deficiente gestión

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Escribe: Luis Alen.

A mitad del período presidencial de Horacio Cartes, la falta de resultados en la gestión de Gobierno quedó evidenciada en forma marcada con la crisis energética. Lo ocurrido con la Ande en los últimos días, así como con la Essap y otros entes del Estado, es la demostración de la flaca conducción económica y social del país.

Más que nunca HC dio muestras de su total falta de sintonía con las reales necesidades y aspiraciones del pueblo paraguayo, con la patética forma en que manejó el apagón eléctrico que azotó a gran parte del área metropolitana de Asunción, el pasado fin de semana.

Para empezar, como siempre no hay responsables a quienes endilgar la imprevisión y la falta de respeto a la ciudadanía, porque cada una de las autoridades se lavó las manos cual Poncio Pilatos, comenzando por el propio HC, que apenas atinó a pedirle al presidente de la Ande, Víctor Romero, un informe de las obras previstas y su cronograma, con el fin de evaluar por qué motivos no se están invirtiendo los recursos ya previstos provenientes de los bonos soberanos con el fin de enfrentar el creciente consumo, que crece año tras año y es totalmente factible de satisfacer, siempre y cuando se realicen los trabajos necesarios en las redes de distribución.

Las más de 500 mil personas afectadas quedaron sin luz ni agua corriente por tres días, como promedio, aunque algunas zonas continuaban por momentos con apagones hasta inicios de la actual semana, habiendo salido a explicar el titular del ente estatal de electricidad que “todavía está por llegar lo peor”, en alusión a la posibilidad de que sigan las explosiones e incendios en las subestaciones de la Ande, por el calor y la gran demanda originada en las nuevas construcciones o el gran uso de aparatos de aire acondicionado.

O sea que directamente la administración eléctrica estatal declara su incapacidad para afrontar en el futuro el crecimiento del consumo originado en el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía y del mayor ingreso de la población, que precisa de más energía con el fin de afrontar no sólo la ola de calor sino los requerimientos de electricidad adicional por efecto del auge del comercio, la industria y las construcciones.

¿Qué pasó entonces con el plan de inversiones que se había previsto, tanto de corto como de largo plazo, incluyendo el uso de los bonos soberanos por US$ 300 millones? Esa es la pregunta que también Cartes le lanzó a Romero como si fuera cualquier otro ciudadano inquieto por el desastre de dejar sin luz a miles de personas en el Gran Asunción.

Mientras tanto, la fiscalía indagaba las causas y a los posibles responsables del incendio de los transformadores en la estación de San Lorenzo (Laurelty), la misma que el fuego también afectara en octubre, cuando los viejos equipos en desuso almacenados en su patio y que a medida que se iban incinerando generaban el escape del gas tóxico Askarel.

La acumulación de eventos y accidentes en las estaciones, como el de una semana antes en Lambaré, no ha sido un motivo suficiente para obligar de una vez al Gobierno a buscar soluciones definitivas al problema de la Ande, que en estos momentos se constituye en una valla insalvable para el desarrollo nacional, en vez de constituirse en factor clave para el crecimiento de la economía.

Esto, sin calcular las enormes pérdidas para los usuarios, ya que muchos de ellos tuvieron que tirar a la basura alimentos podridos por la falta de electricidad, e incluso debieron cerrar sus negocios por no poder atender a sus clientes, lo que desembocó en una suerte de sicosis de la gente para adquirir generadores domésticos con los cuales suplantar a la conexión de la Ande, en un despropósito si es que se tiene en cuenta que el Paraguay posee una de las mayores capacidades de generación hidroeléctrica en todo el mundo.

Planificar y controlar

La política energética nacional hace tiempo anda a la deriva, comenzando porque no se sabe cómo avanzar en las negociaciones de Itaipú y Yacyretá con los países vecinos para que el país maneje su electricidad con soberanía, a libre disponibilidad y con precios de mercado.

Lo que no se entiende es que, sabiendo que el crecimiento de la economía va a necesitar mayores líneas de transmisión y distribución eléctrica, el Gobierno no le ha exigido a la Ande a que cumpla con su propio plan de inversiones, porque teniendo US$ 300 millones de los bonos soberanos, sólo lo ha ejecutado en obras un 65 por ciento hasta 2015, lo que llama la atención en forma significativa.

Mientras tanto, el calor y la obsolescencia de los equipos –varios de ellos con 30 años de uso- hicieron el resto, ocasionando perjuicios severos a la población consumidora y a la economía en su conjunto, porque ahora los inversionistas piensan varias veces antes de instalar fábricas y grandes comercios, sabiendo que la electricidad no es segura y, además, deben prever la instalación de generadores propios de emergencia.

Por lo tanto, salta a la vista que el Gobierno no aplicó uno de los fundamentos de la buena administración, que además de la planificación es el control de la ejecución de los trabajos encarados dentro de una organización.

De allí que se pueda concluir que quien realmente resulta responsable es el mismo Gobierno, que más está concentrado en los temas políticos relativos a la reelección y en desenmascarar a posibles rivales a través de la campaña de transparencia antiplanilleros y de descrédito a la clase política corrupta, pero no está tan interesado en llevar a cabo una gestión con buenos resultados para la gente.

 

La ciudadanía no es tonta y se da cuenta que se le acaba el tiempo a HC para mostrar resultados positivos en su gestión, más allá de obras que ya estaban previstas en gobiernos anteriores. Como dijo el ex presidente Federico Franco, las denuncias de corrupción son aparentemente meras cortinas de humo para esconder las falencias en la ejecución de los planes, muchos de los cuales están muy atrasados o directamente no se realizan, a falta de capacidad de gestión.

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