Al poco tiempo de asumir, el presidente Horacio Cartes está demostrando poseer el coraje y la determinación que son necesarios en la hora que vive la República, con el fin de acabar con tres flagelos, que amenazan la estabilidad social del país: el EPP, el crimen organizado y la pobreza.
HC se declaró en estado de guerra contra estos verdaderos enemigos de la convivencia nacional y para ello el Congreso le dotó de poderes legales para utilizar las Fuerzas Armadas con carácter excepcional debido a la situación de conmoción interior que se ha desatado, tras el desafío lanzado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo a los dos días de la toma de posesión y por los comprobados nexos entre la guerrilla y el narcotráfico.
Después que el presidente dijera en su mensaje de asunción que no le marcarían su hoja de ruta los criminales y las bandas armadas irregulares, casi inmediatamente el EPP se dio por aludido al responder con el asesinato de cinco guardias privados de un establecimiento ganadero en Tacuatí, con lo cual se daba como un hecho que a su vez Cartes respondería con la declaración de guerra, pidiendo al Parlamento la atribución de enviar al combate a los militares sin necesidad de llamar al Estado de Excepción.
El Congreso dio su aprobación en un trámite inédito de sólo dos días de deliberaciones en ambas cámaras, reconociendo la gravedad de la situación. Como para avalar esta sensación de urgencia en la clase política, se informaba al mismo tiempo el alijo de 1.800 kilos de cocaína en sendos procedimientos simultáneos en estancias del Chaco y Concepción, siendo una cantidad récord en la historia de las aprehensiones de la droga prohibida en el país.
La declaración de guerra se extendió también así al narcotráfico, después que el presidente de la República ordenase que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio del Interior y la Fiscalía Antidrogas, trabajen en conjunto para combatir el crimen organizado encabezado por los narcos.
El combate a la pobreza
Pero el presidente Cartes es consciente que con solo desplegar las fuerzas militares y de seguridad no basta para combatir con eficacia a la guerrilla y a los narcotraficantes de frontera. Hace falta una fuerte asistencia social en dos de los departamentos más pobres del país, que justamente son Concepción y San Pedro, la zona de influencia de los terroristas del EPP. En coincidencia con la presencia de HC en el departamento de Concepción, el fin de semana pasado, el jefe de Estado dispuso que se intensifiquen las acciones de presencia estatal en la región norte, mediante la coordinación conjunta entre los ministerios del área social y las Fuerzas Armadas, que tendrán desde ahora una presencia protagónica no sólo en materia de seguridad sino también en contribuir para la mayor presencia del Estado en esa conflictiva zona del territorio nacional.
De que el presidente Cartes ve la estrecha relación entre el EPP y los narcos lo explica la decisión de extender las operaciones de seguridad al departamento de Amambay, donde tienen su área de acción los cárteles de la droga con matrices en el lado brasileño.
La izquierda política arremetió contra las atribuciones adicionales otorgadas a Cartes para la lucha antiguerrillera, pero sabe que la guerra desatada inevitablemente lleva a la concentración del poder en manos del Ejecutivo, y que inexorablemente la lucha envuelve al narcotráfico, así como a la acción social para la mayor presencia del Estado en la zona norte.
Sólo un Gobierno fuerte como el que se acaba de inaugurar podía haber tomado al toro por las astas. Si el EPP se creyó capaz de desafiar a Cartes e intentar marcarle la agenda al presidente, como insinuó el líder del izquierdista Frente Guasu, Fernando Lugo, se encontró con una respuesta tan firme y fulminante del Ejecutivo que las primeras batallas ya se están dando en donde más le duele a la banda armada, como son precisamente sus financistas predominantes actualmente, que son los narcos, y en el ámbito rural, con la asistencia social urgente del Estado a los asentamientos pobres de Concepción y San Pedro, donde reclutan mayormente sus adherentes los del EPP.
Escribe: Luis Alen
El Frente Guasu no descarta acción de inconstitucionalidad
El senador del Frente Guasu Sixto Pereira manifestó que desde su sector estarán pendientes de los actos que se realicen en el marco de la aplicación de la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, tras las modificaciones que se dieron en el Congreso, el jueves de la semana pasada.
Indicó que, como bloque, por las actividades que cada uno de los miembros desarrolla en distintos lugares, no pudieron reunirse aún para analizar alguna medida en particular que puedan llevar adelante.
Sostuvo que, por el momento, estarán expectantes y observando todos los pormenores de la situación y que esta semana tendrían una reunión de la bancada para definir una postura.
Mencionó que no se puede descartar la presentación de una acción de inconstitucionalidad, porque consideran que algunos puntos establecidos en la modificación van en contra de los preceptos constitucionales.
“Por de pronto, vamos a estar observando, controlando.
Esta situación no es nada fácil”, puntualizó. El legislador dijo que el país ya sufrió por mucho tiempo las consecuencias de la militarización y su mala utilización.
Remarcó que muchos sectores, principalmente los de derecha, pretenden tergiversar la situación y plantean como que “si uno cuestiona la ley, es porque está a favor del EPP o de los grupos criminales, y eso no es así”, acotó. Mencionó que la ciudadanía debe estar atenta a lo que suceda.
El bloque del Frente Guasu, al igual que el de Avanza País, el Partido Encuentro Nacional y el Partido Democrático Progresista, votaron en contra de las modificaciones, argumentando que para la utilización de los militares en la Zona Norte del país no es necesario modificar una ley, más aún cuando este hecho va en contra de lo que establecen la Constitución Nacional y la propia Ley de Defensa Nacional.
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