No hay mejor plan que el que cuenta con un buen diagnóstico de los problemas. Perfilar una estrategia adecuada para las soluciones, por parte de un Gobierno, implica identificar las causas de las dificultades a vencer, como el enfermo que para curarse debe conocer la naturaleza de su enfermedad. El nuevo Gobierno paraguayo debe partir de esta premisa: el modelo prebendario, corrupto y despilfarrador de recursos, tiene que acabar.
Horacio Cartes fue el candidato presidencial que desde el inicio de la campaña electoral identificó claramente, como el pivot de su eje programático el reconocimiento de que el modelo paraguayo actual está agotado. Es decir, la tarea primordial para el nuevo Gobierno que encabeza precisamente HC, es construir otro modelo de desarrollo, comenzando por el Estado, cuya reforma se viene demorando hace dos décadas desde el advenimiento de los gobiernos electos democráticamente en el país.
El modelo clientelista y prebendario ya parecía una característica natural del Estado paraguayo, con una clase política incapaz de realizar las transformaciones requeridas por una sociedad ansiosa de progresar en forma más acelerada, teniendo como referencia datos alarmantes de permanencia de una pobreza que afecta a casi la mitad de la población.
La elite política nacional hasta ahora se mostró insensible a este reclamo general, tornándose reacia hasta a las más mínimas reformas en el régimen electoral, como en el caso de las listas sábana o en el financiamiento fraudulento de los partidos políticos y la Justicia electoral. Pero la fuerza contenida de la ansiedad popular eclosionó en las últimas elecciones, con el plebiscito a favor de Cartes, para quien resulta imposible hacer oídos sordos a la voz del pueblo.
La demanda popular se orienta a sentar las condiciones para un modelo de desarrollo diferente, que por fin derrote a la pobreza, la corrupción y la inseguridad, tanto física como jurídica, que son los talones de Aquiles que impiden el desarrollo nacional a tasas constantes de 6-7 por ciento anual, como es ahora la meta del nuevo Gobierno.
Alianza público-privada y pacto social
El cambio de modelo no será tarea fácil, pues incomodará a algunos sectores privilegiados por el manejo que hasta ahora se estaba haciendo del Estado, especialmente en los ámbitos más dominados por las corruptelas, tanto de funcionarios públicos deshonestos como de empresarios inescrupulosos.
Si la alianza público-privada será esencial para la concreción de impostergables obras de infraestructura vial y energética, también los empresarios y el Estado, en unión a otras fuerzas importantes de la sociedad, como los sindicatos y el campesinado organizado, deberán sentarse en una mesa para diseñar una estrategia común que lleve a un gran pacto social que beneficie a todos.
Este acuerdo social será prácticamente una garantía de seguridad para las inversiones que tendrán que venir para apuntalar el desarrollo del país, a falta de recursos suficientes en el Estado. La inseguridad reinante, tanto para las personas físicas como por la falta de una creíble administración de justicia, proviene en gran parte de la carencia de un gran pacto en la sociedad para luchar, en forma conjunta entre el Estado y las fuerzas vivas sociales, contra el flagelo de la corrupción, la pobreza y la inequidad en la igualdad de oportunidades para todos, tanto en la búsqueda de trabajo como en la educación, la salud y la vivienda dignas para el ser humano.
Ahora que se plantea la necesidad de una mayor recaudación tributaria por parte del nuevo Gobierno, se impone variar la característica actual de cargar la mayoría del peso impositivo sobre las espaldas de la población de menores ingresos, debido al injusto sistema creado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
La generalización del IVA para el sector agropecuario ayudará a equilibrar la balanza, pero también hay que evitar las famosas devoluciones por la exportación, que resulta a la postre un mecanismo más de evasión.
El error más grande cometido hace 10 años por la Ley de Adecuación Fiscal, en los comienzos del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, fue bajar del 30 al 10 por ciento el Impuesto a la Renta a las empresas, lo que no vino precisamente a disminuir la evasión. Al contrario, se perfeccionó el esquema evasor, con las declaraciones juradas aceptadas sin más trámite por la Subsecretaría de Tributación, a falta de buenas y honestas inspecciones de control, con el resultado de bajísimas recaudaciones por el Impuesto a la Renta.
Por el lado del gasto público, se tendrá que poner freno al crecimiento de los egresos corrientes y a la mala asignación de recursos, privilegiando de una vez por todas el gasto de capital y la inversión en obras de infraestructura, y concesionando la mayor parte de ellas para que el sector privado asuma el compromiso de financiarlas y operarlas una vez que estén listas para funcionar.
Como se puede apreciar, sólo un Gobierno fuerte y de gran apoyo popular podrá realizar una tarea de reformar el Estado, la política y la economía, con el objetivo puesto en una inclusión social que ya no puede demorar más.
Horacio Cartes ha sido puesto por el destino, por su sagacidad política o en definitiva por su solvencia económica, en el puesto indicado y en el momento justo. Habrá que ver si está o no a la altura de un compromiso de gran magnitud que ha asumido con la sociedad y con la patria.
Escribe: Luis Alen
lusialgo@yahoo.com
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