Una de las cuestiones más urgentes que deberá definir el nuevo gobierno de Horacio Cartes es cómo financiará el déficit fiscal, que para el año próximo rondaría aproximadamente US$ 1.000 millones, lo que puede constituirse en una amenaza a la estabilidad económica.
El impuesto a la exportación de soja, trigo, maíz y girasol surgió como un alternativa para paliar el déficit, ya que el mismo podría dar unos US$ 400 millones anuales, pero el ministro Manuel Ferreira y los sojeros se opusieron al proyecto y enviaron al parlamento una propuesta para reformar el Imagro en Iragro y extender el IVA al sector agropecuario, con devolución a todos los exportadores.
El ministro saliente en su momento dijo que espera se recaude US$ 250 millones con la modificación del Imagro y US$ 50 millones con la generalización del IVA.
Sin embargo, la Sociedad de Economía Política Paraguaya (SEPP) cree que la reforma del Imagro será un fracaso, porque se trata de aumentar la recaudación en sectores que tienen poca capacidad de contribución, aumentando la tasa del 2,5% a 10% a los Medianos y en segundo lugar incluyendo como contribuyentes a buena parte de los Pequeños que hoy están exonerados, dejando la tasa del 10% para los Grandes.
Los productores Medianos y Pequeños concentran solamente el 14% de la superficie destinada a la actividad agropecuaria, por lo que es imposible disparar el impuesto a la renta de US$ 15 millones a US$ 250 millones, ajustando el impuesto a la renta de estos sectores con bajo nivel de contribución fiscal.
En el censo agropecuario podrán notar que los que tienen 500 ha. y más, concentran algo más de 27 millones de ha. de las 32 millones destinadas a la actividad agropecuaria, reuniendo el 85,5% de las tierras destinadas a la dichas actividades. Es este el sector que tiene un gran potencial contributivo y debe ser mejor controlado.
El nivel de informalidad en la actividad agropecuaria es alarmante. Hoy solamente están inscriptos 36.000 contribuyentes en Imagro, de los 290.000 productores, pese a que Hacienda realizó una campaña de formalización que le costó más de US$ 200 millones, con el famoso decreto 5.069, que extendió a los Grandes un beneficio que era solamente para los Medianos, consistente en usar el IVA-compra como crédito fiscal para el pago del impuesto a la renta, el Imagro.





























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