Escribe: Luis Alen.
Aunque era de prever que en las obras públicas de mayor envergadura, como el ensanchamiento y operación de las rutas 2 y 7, participasen principalmente empresas extranjeras, la marginación de las firmas nacionales en las licitaciones importantes está llamando poderosamente la atención.
Esta situación resulta harto peligrosa, pues el copamiento de la inversión foránea en la infraestructura de gran porte en las contrataciones estatales y en el marco de la Alianza Público-Privada, está delatando una deliberada política a favor de la empresa extranjera del mismo Gobierno o la reticencia del capital nacional a participar de los llamados, como podría ser una negativa a ser socio del Estado en las condiciones establecidas por la burocracia gubernamental o, peor aún, que los pliegos de bases y condiciones estén formulados ex profeso para favorecer el predominio de las constructoras internacionales.
Montos elevados de inversiones del Estado se avecinan en el sector vial, del orden de US$ 1.000 millones, en lo que resta de 2015 y en 2016, para posibilitar la salida de la incómoda situación en el ránking mundial por parte del Paraguay, al ser uno de los países peor posicionados en los últimos lugares en materia de infraestructura.
El Gobierno también cifra la esperanza que esta inversión elevada ayude a dinamizar la economía, dada la recesión en otros sectores que fueron hasta hace poco las locomotoras de la actividad productiva, como los agronegocios (exportaciones de materias primas) y el comercio de frontera (importaciones para la reexportación de productos asiáticos), afectados por la crisis internacional y regional.
Beneficios deben quedar en el país
Los funcionarios del Gobierno de Horacio Cartes resaltan que las empresas extranjeras contratarán mano de obra nacional, principalmente, pero olvidan señalar que el grueso de las utilidades y beneficios financieros irán al exterior, quedando sólo una parte menor de los conocimientos aquí, o “know how”, para los técnicos y trabajadores compatriotas, mientras que lo interesante sería potenciar el surgimiento y consolidación de empresas nacionales constructoras en todos los ámbitos del quehacer nacional, y no solamente en materia de obras viales.
Las empresas constructoras paraguayas, al estar ausentes en los llamados importantes de obras estatales, ya visualizaron desde el mismo inicio del gobierno de HC que la mano no venía precisamente favorable para el capital nacional, ya que la Ley de APP directamente rompía la prioridad consagrada a lo largo de los años anteriores para la contratación de empresas nacionales en las inversiones estatales.
Mientras tanto, la nueva política venía acompañada también en la práctica con una bajísima ejecución presupuestaria de las obras ya concesionadas, todo con el fin de ir asfixiando prácticamente a las firmas locales.
La culminación de este proceso se conoce ahora con el dato de que las licitaciones están orientadas a grandes obras y a empresas extranjeras en la mayoría de los casos, permitiéndose sólo en el mejor de los casos la incorporación de unas pocas empresas paraguayas.
Es que los llamados para empresas emergentes, medianas y pequeñas fueron y son los menos, y cuando hubieron se plantearon pliegos que no guardaban relación con la importancia y características de la obra o su plazo.
Las deliberadas omisiones son evidentes en los casos del Ministerio de Obras Públicas, Essap o la Ande, con la falta de anuncio del plan de ejecución hasta en las obras de menor envergadura y la carencia de reglas claras en la formulación de las exigencias de los pliegos o en el criterio de selección de las empresas, todo lo cual limita la inversión privada y la formación de los agentes humanos.
Un reciente decreto del Poder Ejecutivo, el 3.885 del 13 de agosto pasado, trata de enmendar aunque sea en parte la creciente pérdida de presencia de la empresa nacional en las contrataciones del Estado, con la obligación que se impone el mismo Gobierno de adquirir sólo productos metalúrgicos nacionales en las obras de transmisión y distribución de la Ande.
Pero el problema central sigue latente, con el peligro de que las importantes inversiones en los sectores de la construcción y en obras de infraestructura, vayan marginando al parque industrial local de la construcción, al tender el Gobierno de Cartes a privilegiar a las empresas extranjeras, mientras las de capital netamente nacional sólo reciben el consuelo de obras pequeñas, pese a su capacidad de revertir el dinero recibido en la economía y de cumplir el rol social de ocupar la mayoritaria mano de obra menos calificada, además de dejar en el país los conocimientos adquiridos con los emprendimientos.
Otra consecuencia negativa de alentar la presencia de las empresas constructoras extranjeras en las obras públicas es que el predominio de éstas en detrimento de las nacionales grandes y pequeñas también podría darse en el resto del sector de la construcción, cuyo dinamismo en los últimos años vino a constituirse en motor de la economía y en elemento de compensación de la caída de otros sectores para mantener el crecimiento del PIB por encima del 4 por ciento anual promedio de la última década.
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