La Cárcel Regional de Varones de Ciudad del Este no recibe a nuevos internos desde el viernes de la semana pasada por disposición de la ministra de Justicia y Trabajo, Sheila Abed. Personalmente vino a entregar la notificación.
Sheila Abed, titular del Ministerio de Justicia y Trabajo, finalmente dispuso el cierre temporal de reclusorio de varones, debido a problemas estructurales y la superpoblación de internos.
La propia ministra entregó la notificación al abogado Ricardo Ortiz, director del penal, la tarde del pasado viernes. “Estamos cerrando el cupo de ingreso al penal de Ciudad del Este, temporalmente. Le entregué la notificación y a partir de ahora los detenidos con orden de prisión van a ser traslados a la cárcel de Coronel Oviedo y a otras cárceles, eventualmente”, comentó.
Dijo que la decisión fue adoptada con mucha conciencia y que la situación así lo ameritaba a fin de evitar males peores. “No queremos tener una tragedia, entonces vamos a crear un modelo en este mismo predio, dónde los vamos a tener, estamos viendo cómo hacer”.
La estructura del penal fue construido para un cupo de 450 internos y en promedio mantiene una población de 1.300 personas, de las cuales solamente el 10 por ciento tienen condena. El resto está con prisión preventiva. Esa superpoblación fue advertida en un informe elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). El documento fue entregado la semana pasada al Ministerio de Justicia y Trabajo.
Reparación
Abed adelantó que la estructura del penal será sometida a trabajos de reparación y mantenimiento a los efectos de hacerla más segura y por sobre todo más habitable para los internos. “La medida es temporal hasta tanto la población penal se vaya reduciendo. Sabemos qué es lo que hay que hacer en este momento. Lo primero, y ya nomas, estamos hablando con la Itaipu Binacional, para ver si con ellos podemos reparar los techos del penal, que necesita arreglos urgentes”.
Explicó que lamentablemente existe una costumbre en todas las cárceles del país y la de Ciudad del Este no es excepción, de ir raspando los techos, sacando las varillas para convertirlas en los famosos estoques, práctica que ha hecho que las estructuras estén empezando a fallar. “No sabemos si totalmente, pero por lo menos por parte, porque el modelo que los ingenieros nos presentan son apuntalamiento que se pueden ir haciendo por secciones y el modelo que sea elegido será el que menos irá a impactar para la cantidad de gente que necesitamos”, refirió.
En otro momento no descartó la posibilidad de trasladar internos a otros penales. Por ahora la orden es que no se reciban nuevos presos. Al respecto dijo que la Dirección de Institutos Penales va a estudiar si serán necesarios los traslados a otras cárceles del país. “El director de Institutos penitenciarios irá tomando esas decisiones de acuerdo a lo que se vaya evaluando. Lo que sí tenemos claro es que más ingreso, no por ahora”.
Por su parte del director del Penal, el abogado Ricardo Ortiz, señaló que la disposición será acatada inmediatamente y se procederá a la comunicación a los jueces de la circunscripción judicial del Alto Paraná y Canindeyú, para su toma de conocimiento. Dijo que la medida permitirá ejecutar una serie de obras dentro del penal, que permitirá mejorar la estructura edilicia.
La situación
El miércoles pasado el Mecanismo Nacional de Previsión de la Tortura denunció la grave situación del penal del Este, mencionando un hacinamiento del 300 por ciento. Se sugirió el cierre del penal en un plazo no mayor a los 3 meses y la revisión de las medidas de prisión preventa infundadas en un plazo de 15 días. La recomendación fue dirigida al Ministerio de Justicia y Trabajo y al Poder Judicial, como conclusión de un trabajo de monitoreo.
Si bien la situación es igual en todas las cárceles del país, la de Ciudad del Este es la que tiene el mayor porcentaje de hacinamiento, por lo que se recomendó el cierre para el ingreso, no para la salida bajo medidas de los internos.
Según el informe, en la cárcel de Ciudad del Este la superpoblación genera el ambiente para que haya tortura y otras irregularidades que no ayudarían a los internos a reinsertarse en la sociedad, una vez que consigan su libertad.
Los funcionarios señalaron que los magistrados de garantías tienen mucha responsabilidad en el hacinamiento, ya que dictan prisiones preventivas con resoluciones infundadas y delitos culposos, que califican como una exageración.
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