*Recusó a jueza Zunilda Martínez Noguera, esposa de Carlos Marcelo Quevedo, muy ligado y socio comercial del clan Z.
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, compareció el lunes último a una audiencia en el marco del juicio oral y público en la causa de difamación y calumnia en su contra. El jefe comunal recusó a la jueza Zunilda Martínez Noguera por la desconfianza en su imparcialidad. Además, dijo que la querella por parte del político colorado Derlis Argüello Da Silva tendría la intención de desestabilizar su gobierno.
El intendente de la comuna esteña Miguel Prieto afronta su primer juicio oral y público. Se presentó el lunes pasado ante la cita fijada por la jueza Zunilda Martínez junto con su abogado, Mauro Barreto. Asimismo, estuvo presente el querellante, Derlis Argüello Da Silva. El jefe comunal recusó a la jueza por lo que la audiencia fue suspendida.
La defensa del intendente cuestionó la falta de especificación del hecho punible, al anunciar que, en su momento, plantearán la nulidad de la acusación por falta de fundamentos. Señaló que la jueza Zunilda Martínez forma parte del clan ZI, por lo que la recusación corresponde por la parcialidad con la que puede actuar. “Su esposo, Carlos Marcelo Quevedo, fue mucho tiempo favorecido durante el gobierno de la familia Zacarías con la provisión de merienda escolar, es socio comercial del clan”, refirió el lord mayor esteño.
Entretanto, Prieto declaró que la querella forma parte de un plan por parte de unos mafiosos de truncar su gobierno. “Esto es parte de un plan estratégico para desestabilizar el gobierno, pero estamos fuertes. Yo en cinco meses, directo vengo a juicio oral por difamación y los que robaron siguen eludiendo la justicia, no sé qué están esperando estos mismos jueces para sentenciar a bandidos como Javier Zacarías Irún, de Lucho Zacarías y Sandra McLeod”, remarcó.
La querella
El proceso se inició luego de que el intendente haya dicho que Argüello Da Silva insistía en reunirse con él a nombre de varios empresarios y justo en ese momento, recibió informaciones de que fiscales de anticorrupción de la Capital se encontraban en la ciudad para detenerlo por extorsión y que el intermediario era precisamente su ahora querellante.
El intendente había denunciado el caso ante la Policía Nacional contra personas innominadas. Derlis Argüello promovió la querella porque supuestamente fue dañada su imagen y reputación ante la sociedad y solicita ante la Justicia una compensación G. 3.000 millones.
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