La expresión del presidente Horacio Cartes, “use y abuse del Paraguay”, el jefe del clan Zacarías, Javier Ernesto, lo puso en práctica el fin de semana último, pero prostituyendo el sentido natural de la frase del mandatario, cuando meses atrás se dirigía a un grupo de empresarios brasileños que visitaron nuestro país para una futura inversión.
Sin embargo, el ex intendente esteño dispuso de este mismo enunciado para proceder de manera prepotente, sin respetar la ley, al derrumbe de salones comerciales y galerías, ubicadas en el paseo central entre la avenida Monseñor Rodríguez y la ruta internacional, dejando a su paso a centenares de compatriotas en la calle y sin tener otro espacio laboral para seguir trabajando y dar de comer a sus familias.
Este es el “clan perverso”, como el pueblo lo cataloga, porque de sensibilidad humana y amor al prójimo, es lo que menos posee a la hora de materializar sus objetivos personales, como en este caso, con la denominada “4ta. etapa”, que, supuestamente, es para el mejoramiento urbanístico de la ciudad y conste que el sector es franja de dominio del MOPC.
Pero el pueblo esteño hace tiempo perdió la confianza en sus autoridades, porque quienes manejan desde el 2001 el segundo municipio más importante del Paraguay, nunca demostraron voluntad política para apuntalar el desarrollo sostenido de esta capital fronteriza de la república.
Convirtieron a Ciudad del Este en un constante carnaval de prebendas y negociados, dejando a la deriva a su pueblo, a esos mismos ciudadanos que en cada elección les da su respaldo para un nuevo periodo comunal. Y de esta manera les agradece, atropellando sus puestos de trabajo, dejándolos en la calle.
Desde el lunes, centenares y humildes compatriotas quedaron a la deriva, y en medio de tanta crisis, varios de ellos, por el abandono de las autoridades, pueden engrosar la franja de marginalidad, que de manera alarmante va creciendo, en los últimos tiempos, en esta comarca altoparanaense.
El clan Zacarías no puede seguir avasallando los derechos de los trabajadores, donde en nombre del cuestionado y dudoso “reordenamiento urbanístico”, está truncando el sueño y la esperanza de centenares de familias compatriotas, que hoy se encuentran en la penosa situación de estar sin trabajo y abandonados a su suerte. En cambio, a la intendenta Sandra McLeod y a su marido, el jefe comunal de facto, Javier Zacarías, poco o nada les importa el devenir de sus compatriotas.
Al clan sólo le interesa engrosar sus cuentas bancarias, producto de los grandes negociados que materializan, teniendo carta verde para hacer lo que se les antoja, porque aquí no impera la ley humana, sino la ley del más fuerte. Ciudad del Este hace tiempo se convirtió en un territorio alejado de la verdad y la justicia. Los Zacarías son los que marcan las pautas en esta parte de la República.
La justicia no actúa y tampoco las otras instituciones pertinentes no intervienen las atrocidades que se cometen diariamente contra el pueblo. Es hora de acabar con la impunidad, porque de lo contrario el despotismo puede significar un alto costo humano, porque hace tiempo se terminó la paciencia entre los esforzados trabajadores esteños, y podrían estallar conflictos sociales.
El pueblo sufre, una vez más, los embates y la brutalidad de un clan que está hipotecando Ciudad del Este en poder de unos advenedizos comerciantes golondrinas, que solo buscan exprimir al máximo a la capital departamental, y luego abandonar el territorio, pero con la “misión cumplida” de enriquecerse, dejando atrás a gente humilde que debe lidiar con la pobreza.
Qué importa esto a los seudos empresarios, forasteros aprovechadores, los mismos que hoy disfrutan de la fresca viruta a la que accedieron gracias a la benevolencia del clan Zacarías, que les otorga impunidad y todas las “garantías” para seguir acumulando fortuna a costa del sufrimiento colectivo.
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