Escribe: Luis Alen.
Los organismos internacionales, como el Banco Mundial, siempre coinciden en que Paraguay mantiene una disciplina macroeconómica, tanto monetaria como fiscal, pero que la estabilidad no es suficiente para tener desarrollo económico.
Y vuelven así a insistir en que no se realizan las reformas necesarias para permitir que el ciudadano común disfrute de los beneficios de la macroeconomía estable y de los buenos indicadores de inversión, que se deben traducir en mayor capacidad de consumo y un mejor nivel de vida.
Es como se suele decir: “los números excelentes de la macroeconomía no llegan a la microeconomía”. Y esto ocurre por la sencilla razón de que los gobiernos que se han sucedido desde 1989 no han realizado las reformas indicadas para un desarrollo sostenido de largo plazo, por lo que tampoco han tenido éxito en bajar los elevados índices de pobreza.
En muchos casos hasta se ha actuado al revés, con una clase política empeñada en no cambiar un actuar donde se nota que prefiere inflar año tras año el presupuesto nacional, dando preferencia al mantenimiento de un ejército de operadores políticos que le son necesarios en las épocas electorales, en vez de destinar los recursos provenientes de los impuestos, de las hidroeléctricas y del endeudamiento público, en proyectos de inversiones y formación del capital que impulse la producción y el empleo genuinos.
Proyectan más impuestos
Ante el panorama de un incremento del gasto público y del déficit fiscal de la administración central que no debe pasar del 1,5 por ciento según la ley, el Gobierno de Horacio Cartes no ve otra salida que el incremento de los impuestos, como el de la Renta Personal, que hasta ahora no ha dado el resultado esperado en cuanto a recaudaciones importantes se refiere.
Hay que recordar que también la actual administración prácticamente ha triplicado la deuda externa en tres años de gestión, lo que lleva a pensar que no tiene otra salida sino el aumento de los tributos, cargando el peso de la carga a los ciudadanos comunes que ya están pagando sus impuestos, más allá de que ha hecho muy poco para cobrarlos a sojeros y ganaderos, que son los que más generan riqueza en el país.
Pero a nadie en el Gobierno se le ocurre recurrir, por ejemplo, a una mejoría en la gestión del gasto público, a través de una reformulación completa del presupuesto y su financiamiento.
Al mismo tiempo, hay que tener cuidado con el gran endeudamiento que deberán pagar los próximos gobiernos. Por eso se entiende la premura en aumentar la presión tributaria, pero el camino está equivocado, desde el momento en que habría que modificar el impuesto a la renta de las empresas, llevando nuevamente el cobro al 30 por ciento de antes de 2004, cuando se bajó a 10 por ciento con la ley de adecuación fiscal de la época de Nicanor Duarte Frutos en la presidencia y Dionisio Borda al frente del ministerio de Hacienda.
Fue un paso destinado a favorecer a los empresarios, pensando en que la carga fiscal sea absorbida por el resto de la ciudadanía, a partir de un mejor cobro del IVA y la inserción mayoritaria de la población en el universo tributario nacional.
Sin embargo, todo lleva a pensar, como dicen los organismos internacionales, que la falta de una profunda reforma del Estado en todos los años de la transición, con el aditamento de la gran corrupción en los organismos públicos, ha llevado a la actual situación de un callejón sin salida en la que sólo le cabe al Gobierno seguir aumentando la presión tributaria sobre los que ya están pagando sus impuestos.
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