Escribe: Luis Alen.
Paraguay necesita entrar en un proceso de renovación política si es que quiere la sociedad paraguaya un desarrollo económico y social que saque al país de su actual postración. Sólo un ejemplo: nuestro país ocupa el lugar 138, de 148 países analizados por el Foro Económico Mundial, por su nivel educativo. Es decir, por su mala situación en materia de educación, el Paraguay está en los últimos lugares del ránking planetario.
Llegar a la excelencia de la educación debe ser la meta, y para ello se requiere que se pueda cumplir con el pedido de los estudiantes de destinar el 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, del actual nivel de 4 por ciento.
Esto se logrará sólo con una profunda reforma política del Estado paraguayo, lo que implica la actuación de un movimiento político de renovación. Es decir, se necesita un cambio en la forma de hacer política.
Porque el actual despilfarro de recursos –ejemplo el Fonacide por las municipalidades o las claques políticas locales- se da en todos los ámbitos por motivos políticos, ya que el poder dominante opta por “premiar” lealtades tolerando el carnaval de corrupción, y alentando un sistema de impunidad del cual no están ajenos los partidos, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Ejemplos de pagos de lealtades sobran, en el ejercicio del mando por parte del presidente Cartes, quien reiteró su apoyo a cuestionados intendentes que buscan el rekutú en varios puntos de la República. Esta forma de gobernar de HC evidentemente le impide cumplir con los pedidos de los estudiantes, tanto secundarios como universitarios.
¿Cómo obtener los recursos adicionales?
La transparencia en el uso de los recursos deberá ser la voz de orden. Pero antes se tendrán que obtener los recursos necesarios para elevar el nivel educativo, a través de mayores aportes en el Presupuesto Nacional.
¿Cómo se obtendrán los US$ 1 mil millones que se necesitan para llegar al 7 por ciento del PIB para educación? Solamente hay dos caminos: reducir drásticamente el costo del sistema político prebendario, cortando por ejemplo los subsidios a los partidos, los cargos superfluos, las remuneraciones “extras” e incluso el excesivo electoralismo que incentiva toda clase de gastos para mantener a los operadores políticos.
El otro camino, complementario del primero, es la recuperación de la riqueza nacional de la energía que se entrega a precio vil a los países vecinos. El Paraguay debe denunciar internacionalmente los tratados de Itaipú y Yacyretá, declarando que a partir de ahora se procede a ejercer la propiedad del 50 por ciento de lo producido en las centrales hidroeléctricas del río Paraná, con la consiguiente fijación de un precio de venta de mercado mayorista por el uso que hacen los vecinos de la energía.
Para ello, hay que desterrar el concepto de la “compensación”, que es la esencia de los tratados, supuestamente porque el país no puso nada para la construcción de las usinas y que sólo debería recibir una reparación por el territorio inundado, el uso del agua y la condición de condómino nominal.
El desafío está lanzado: la única alternativa es llegar a conformar un movimiento político nacional para la renovación económica y social del Paraguay. El otro camino es continuar con el sistema actual, dominado por el inmovilismo del cartismo que fomenta la impunidad de la clase política obsecuente a sus designios y por la propuesta de izquierda del luguismo, que ya se ha visto fracasó durante su gestión por alentar una absurda lucha social entre ricos y pobres.
Los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, deben saber que la única forma de alcanzar la meta del 7 por ciento del PIB será con el cambio propuesto, que implica desarmar el esquema político montado tras la terminación del régimen stronista y que deviniera posteriormente en el actual carnaval clientelista y prebendario, con alto contenido de impunidad para los leales al sistema.
Reducción de gastos superfluos
La reducción de gastos superfluos del Estado relacionados con la “industria de la política”, propone el abogado Alfredo Wagener en notas enviadas al presidente Horacio Cartes y a los demás poderes, Legislativo y Judicial.
Entre las medidas sugeridas para ser adoptadas figura poner punto final al subsidio destinado a los partidos políticos a fin de reconducir esos millones de dólares que se emplean infructuosamente en campañas políticas, alientan a la adopción de la política como profesión privada y al clientelismo que sólo busca soluciones artificiales económicas.
Al mismo tiempo, pone como una traba para el cumplimiento de los planes de desarrollo nacional en inversiones de infraestructura, la excesiva prioridad que se otorga en el presupuesto nacional a los gastos en servicios personales, debido a la superpoblación de empleos públicos innecesarios en detrimento del pueblo paraguayo.
Se entiende que al redestinar esos rubros provenientes del sacrificio del pueblo a la salud pública gratuita, a la educación pública gratuita y a las inversiones en infraestructura necesaria para el desarrollo económico y social, todo esto redundará en fomento a las inversiones, disminución de la criminalidad, de la mortalidad infantil y de la falta de formación para la mano de obra nacional.
No a los políticos “de profesión”
El objetivo principal de la reforma del Estado deberá ser, a partir de ahora, no financiar la actividad de los “políticos de profesión”, que sólo buscan posicionarse en los altos cargos con el fin de lucrar cada día más con los procesos de corrupción en contra de los intereses de la nación.
Así, además de sugerir la eliminación del subsidio a los partidos políticos, se propone desincentivar el atractivo de los cargos rentados relacionados con la política reduciendo en un 50 por ciento las dietas y demás beneficios de los parlamentarios, senadores y diputados, de los concejales departamentales de toda la República, así como de los miembros de consejos de entes autónomos y autárquicos, entidades binacionales y de economía mixta.
Asimismo, se subraya que en una próxima reforma constitucional se contemple la supresión de las gobernaciones y las juntas departamentales.
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