Resolución de la CPH pone en jaque la libertad de los jugadores y genera preocupación entre familias

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Nadyr Figueredo, presidente de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH).

Una reciente resolución de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH), presidida por Nadyr Figueredo, genera fuertes cuestionamientos por afectar a jugadores y jugadoras de las categorías Sub 10 masculino y femenino, Sub 20 femenino y Sub 21 masculino, precisamente las últimas categorías que todavía deben competir esta temporada.

La medida, según los afectados, suspende para estas categorías la posibilidad de utilizar las figuras de jugador libre y transferencia definitiva, dejando como alternativa los traspasos bajo la modalidad de préstamo.

La decisión genera especial preocupación porque, en la práctica, un préstamo no representa una desvinculación definitiva del atleta respecto de su entidad de origen. De esta manera, una jugadora que ya adquirió o pretende ejercer su condición de libre podría ser enviada temporalmente a otra institución, pero continuar formalmente vinculada a la liga o al club que ya no desea defender.

El caso de Paula Sanabria

La situación adquiere particular relevancia a partir del caso de Paula Sanabria, jugadora menor de edad cuya familia viene realizando gestiones ante la CPH para regularizar su situación y permitirle continuar su carrera deportiva en otra institución.

La problemática no se reduce a una cuestión administrativa. La familia sostiene que, si la única alternativa disponible es el préstamo, la jugadora podría quedar nuevamente atada a una entidad de la que busca desvincularse, aun cuando exista voluntad expresa de continuar su formación deportiva en otro lugar. 

El mismo escenario alcanza a Cristina Mussi, cuyo representante también inició gestiones para regularizar su situación federativa y obtener la documentación necesaria para continuar compitiendo.

Ambos casos se convierten así en ejemplos concretos de una discusión que podría alcanzar a numerosos atletas de las categorías comprendidas por la resolución.

¿Libre, pero sin libertad para cambiar?

El principal cuestionamiento apunta a una aparente contradicción: si un atleta reúne las condiciones para ser considerado libre, ¿por qué se le impediría concretar una transferencia definitiva hacia la institución que elija?

La alternativa del préstamo puede solucionar temporalmente la participación deportiva, pero no necesariamente resuelve la situación de fondo. El jugador continúa perteneciendo a su entidad de origen y, una vez terminado el período de préstamo, podría quedar nuevamente sujeto a ella.

Para las familias afectadas, esto transforma una figura que debería permitir la desvinculación deportiva en una situación de dependencia administrativa.

La controversia adquiere todavía mayor sensibilidad cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, quienes no deberían convertirse en sujetos pasivos de conflictos o decisiones administrativas entre clubes, ligas y organismos federativos.

Una cuestión que podría salir del ámbito deportivo

Los representantes de los atletas afectados analizan llevar la situación a otras instancias, precisamente por considerar que la discusión trasciende el ámbito estrictamente deportivo y compromete derechos vinculados a menores de edad.

El planteamiento apunta a que las normas y decisiones administrativas que regulan la actividad deportiva deben aplicarse de manera compatible con la protección especial que corresponde a niños, niñas y adolescentes.

La CPH, bajo la conducción de Nadyr Figueredo, tiene ahora el desafío de explicar públicamente el alcance de la resolución, sus fundamentos y, fundamentalmente, cómo garantizará que los jugadores comprendidos puedan continuar su formación y competencia sin quedar obligados a permanecer vinculados a instituciones que ya no desean representar.

El problema no es menor: las categorías afectadas son las últimas que competirán y el tiempo para resolver las situaciones administrativas es limitado.

Mientras tanto, Paula Sanabria, Cristina Mussi y otros jugadores y jugadoras se encuentran en medio de una disputa que comenzó como una cuestión reglamentaria, pero que podría terminar convirtiéndose en un planteamiento en defensa de los derechos deportivos de niños, niñas y adolescentes.

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