La municipalidad de Asunción es otra de las comunas que recurrió a la Corte Suprema de Justicia, después de Ciudad del Este, para evitar que la Contraloría General de la República audite sus finanzas. Pero esto quedó en el pasado tras la decisión del nuevo intendente asunceno, Mario Ferreira, que decidió abrir la institución al ente contralor.
Diferentes sectores políticos y económicos de Ciudad del Este coinciden en señalar que Sandra Zacarías, intendente local, debe seguir los pasos de Mario Ferreira y abrir también las puertas de la comuna esteña para una auditoría general y profunda, tanto de las obras, como del manejo administrativo.
El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, solicitó la semana pasada a la CGR que realice una auditoría en la municipalidad de la capital, a través de una nota presentada ante el ente contralor. Señala que en el afán de buscar la transparencia y eficiencia administrativa se pondrá énfasis en el sistema de control de la eficiencia municipal financiera, por lo que el municipio se encuentra abocado a implementar el proyecto “Herramienta de transparencia para el municipio”.
En consecuencia, el jefe comunal solicita que se dé cumplimiento al artículo 203 de la Ley Orgánica Municipal, que establece que el control externo está a cargo de la Contraloría, quien deberá realizar el estudio de los documentos que se relacionan con la situación financiera de las municipalidades.
Cabe recordar en este contexto que con el fin de evitar que se realicen controles a sus ejecuciones presupuestarias por parte de la CGR, además de Asunción y Ciudad del Este, Lambaré, San Lorenzo, entre otros, recurrieron ante la Corte y lograron que sea el Tribunal de Cuentas que directamente los juzguen.
Por lo general, es la CGR la que realiza una auditoría y de haber alguna irregularidad, se eleva al Tribunal de Cuentas, donde juzga el hecho. Pero estos municipios lograron con una acción judicial burlar a la CGR, con el argumento de que ellos se presentan por voluntad propia para que sus ejecuciones presupuestarias sean juzgadas.
La Contraloría en su momento promovió una acción contra la resolución judicial emitida en el 2010 por el juez Manuel Saifildin, quien dio lugar al recurso de amparo presentado por Javier Zacarías Irún en el 2008. Esta disposición judicial ratificó que el juzgamiento de la administración municipal corresponde al Tribunal de Cuentas, “no pudiendo ningún órgano administrativo de la República realizar examen especial de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la municipalidad de Ciudad del Este, como tampoco hacer ninguna auditoría de gestión ni inspección técnica de obras de la Municipalidad”.
Aclaratoria
Estos municipios fueron beneficiados con acuerdos y sentencias de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que han acogido favorablemente las acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2, 3 de la Ley 2248/2003.
Al respecto en el año 2013 la CSJ, en un comunicado aclaró que “no existe impedimento alguno para que la Contraloría General de la República realice las auditorías que correspondan en todas las reparticiones públicas del país, incluida la máxima instancia judicial”.
Asegura que los fallos judiciales que declaran la competencia del Tribunal de Cuentas, no le impiden al órgano contralor revisar las cuentas de las dependencias del Estado. Pero pese a ello la CGR nunca pudo acceder a ningún documento de la municipalidad de Ciudad del Este, debido a que los fiscales que fueron destinados a la auditora de la institución no encontraron ningún documento, porque supuestamente cada año es enviado para su juzgamiento al Tribunal de Cuentas.
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