La confianza de los inversionistas en la conducción de la política económica del país está avalada por los diez años de equilibrio macroeconómico, baja inflación, crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) y ausencia de corridas bancarias. Sin embargo, la preocupación no deja de aumentar por el lado de las cuentas fiscales, ya que crece la expectativa sobre lo que hará el nuevo Gobierno con respecto al endeudamiento “oculto” del Estado. Cuando se enfoca la deuda “escondida” no se está hablando de la propensión de los parlamentarios a aumentar sin límites razonables las partidas presupuestarias, ni de la gran deuda social que no para de crecer, como las posibles causas de un déficit del presupuesto nacional que ya está llegando a 2,5 por ciento del PIB, sino de las obligaciones cuyo pago ha sido postergado y que ya están siendo objeto de demandas judiciales o reclamaciones que van ensanchando el pasivo estatal con intereses moratorios, a tal punto que ya se habla que superan holgadamente el monto total de la deuda externa reconocida y pagada actualmente por el Gobierno, de US$ 2.686 millones.
La demencial industria de los juicios al Estado
El festival de gasto alegre de los parlamentarios tiende a llegar a su fin con el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, mientras que atender la deuda social ya dependerá de los incrementos que se tengan en las contribuciones impositivas. Pero el pago a los acreedores que demandan o amenazan con juicios al Estado, requiere no solamente meter en disciplina a los legisladores y a los funcionarios públicos en general, ya que también es necesario neutralizar los procesos administrativos irregulares que dieron pábulo a la demencial industria de los juicios contra el Estado. Lógicamente, se debe terminar con los endeudamientos sin autorización del Congreso que a la larga llegan a afectar las mismas reservas internacionales del Banco Central, cuya mayor parte se halla resguardada en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, Suiza, por temor a algún embargo si es que se depositan en otros bancos para captar más ganancias con intereses mayores de los que paga el BPI.
Es el caso de la deuda que se mantiene con PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A), cuyo saldo orilla los US$ 300 millones. No se entiende por qué se dejó incrementar a este nivel la deuda con un proveedor de petróleo y carburantes, cuando el consumidor paga al contado su combustible cargado en los surtidores. ¿A dónde fue a parar esta plata? Lo más seguro a las faltriqueras de los políticos que apañaron esta situación, dejando a Petropar al borde de la quiebra y al Estado como garante de este desaguisado financiero. En última instancia, será el pueblo que el que pague con sus impuestos este descomunal fraude a las arcas fiscales.
Mientras no se sinceren las cuentas fiscales incorporando la solución a la deuda “oculta” del Estado, los inversionistas dudarán de la capacidad del país para honrar sus compromisos. De allí la premura del nuevo Gobierno de Horacio Cartes de proceder a la limpieza de las cuentas, el reconocimiento de las deudas, la calendarización adecuada de los pagos y el someter a disciplina rigurosa la planificación y ejecución del Presupuesto de 2014 y de los años siguientes.
De otro modo, se estará afectando el logro de uno de los objetivos fundamentales del nuevo Gobierno, que es traer inversionistas al país, que siempre están expectantes de la calificación país a partir de la manera correcta o no de honrar los compromisos externos.
Como se ve, Horacio Cartes y su administración luchan contra el monstruo de la corrupción, en su verdadero terreno, que es la facilidad con la que en gobiernos anteriores se transfirió a las siguientes administraciones la solución del gran problema del negocio de esta verdadera industria de endeudar sin control al Estado, para más con el agregado de la complicidad de los legisladores, que a cambio de la vista gorda se ocuparon también de esquilmar el presupuesto creyendo tener la atribución constitucional de inflar los gastos corrientes sin tener sustento técnico en las recaudaciones tributarias.
Escribe: Luis Alen
lusialgo@yahoo.com
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