La fiscal pro-Zacarías, Carolina Rosa Gadea, mantiene bajo proceso a los taxistas imputados, supuestamente, por “perturbación de la paz pública”. Se trata de los trabajadores del volante, Valerio Martínez, Enrique Rolón, Herminio Corvalán, Derlis Gaona y Roberto Feltes, todos ellos dirigentes gremiales, que están denunciando una “sistemática persecución” que vienen sufriendo por parte de la comuna esteña, a raíz de que se plegaron a la última gran movilización realizada en el país, el mes pasado. La fiscal Gadea fue denunciada ante el Jurado Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño de funciones.
El lunes, los taxistas imputados se presentaron para la declaración indagatoria ante el despacho de la fiscal Gadea, que lejos de archivar el expediente, impuso una serie de medidas para los mismos, como la prohibición de cambio de domicilio, de acercamiento de un radio de 200 metros a la institución municipal, la obligación de presentarse al juzgado y Ministerio Público, del 1 al 5 de cada mes, la prohibición de consumir bebida alcohólica y portar armas, entre otras disposiciones de la cuestionada fiscal.
Clara persecución
Los dirigentes taxistas, tras dejar el despacho de la fiscal Gadea, se despacharon contra la misma y contra las autoridades municipales de Ciudad del Este, principalmente contra la intendenta Sandra McLeod y su esposo, el ex jefe comunal Javier Zacarías Irún, quien es el que mueve los hilos del poder en la institución paranaense.
Ante esta situación presentada, los trabajadores del volante tenían previsto, hasta el cierre de nuestra edición, realizar una medida de fuerza entre ayer y hoy, que consistiría en el cierre de la avenida Bernardino Caballero, lugar donde se realizó el desfile estudiantil, cívico-militar.
Denuncian a fiscal ante JEM
Ya fue formalizada esta semana la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por “mal desempeño de sus funciones” contra la fiscal Carolina Gadea, quien habría cometido una serie de irregularidades en el cargo. A esto se suma la utilización del móvil con logotipo de la municipalidad paranaense para enviar la notificación a los taxistas imputados (sic).
La mujer, por ética, no debería tomar el caso, atendiendo que su marido, el abogado Félix Portillo Riveros, es funcionario municipal, donde a través del cual mantiene una cercana amistad con los Zacarías, familia que maneja la comuna esteña desde el 2001.
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