Escribe: Luis Alen
En plena campaña para las elecciones del 15 de noviembre, han surgido pruebas palmarias para demostrar que las “claques” de grupos políticos y clanes familiares son una verdadera lacra que propicia la corrupción en las administraciones municipales de todo el país.
Las continuas reelecciones de personas de un mismo apellido y las sucesiones dinásticas entre parientes para el mismo cargo, son el pan de cada día en los gobiernos locales, con el aditamento del nepotismo en la repartija de puestos públicos, lo que alienta la impunidad en el ejercicio de los poderes comunales, sin que se lleguen a aclarar por ello las múltiples denuncias de mal uso de los fondos puestos a disposición de las autoridades elegidas en los comicios de cada cinco años.
Y no es que sea patrimonio de un solo partido este proceder político desprolijo, ya que además de denuncias contra dirigentes colorados, hay groseros episodios conocidos en el manejo administrativo corrupto y hasta con denuncias de escándalos de ribetes sexuales que comprometen a personeros políticos del liberalismo, e incluso de otros partidos menores de la oposición.
Lo más preocupante en todo este desaguisado es la actitud pasiva y hasta cómplice de la Contraloría y la Fiscalía, con lo que se comprueba de paso los vasos comunicantes que existen entre la clase política, las autoridades de control financiero de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
La película está clara
Tras lo ocurrido con el Fonacide, y el despilfarro de decenas de millones de dólares inicialmente destinados a la educación pública pero que fueron a parar a otros fines con miras a financiar a los políticos de los gobiernos locales, ahora la película está clara: es el mismo sistema perverso de la política nacional, que se retroalimenta con la suma de las lealtades de las bases, a las que virtualmente “se les compra” a través de hacer la vista gorda a sus trapisondas con el dinero del pueblo.
La única forma de acabar con este lastre para la ciudadanía y la democracia es por medio del voto en las elecciones del 15 de noviembre, pero hay pocas esperanzas hasta ahora de que realmente se haga realidad un operativo de limpieza, ya que las claques y los clanes de esmeran con toda clase de artimañas para repartirse las prebendas, incluso entre diferentes colores políticos, sin que existan frenos para los abusos de poder y apetencias sin límites de fondos económicos.
Como toda regla tiene su excepción, más que nunca el ciudadano debe pensar bien el voto para los próximos cinco años en su gobierno local, y proponerse elegir en conciencia sobre lo que más le conviene a largo plazo, que es indudablemente un gobierno honesto y transparente, y que rinda cuentas de su gestión.
Esto último tendría que darse en Ciudad del Este, porque la ocasión resulta inmejorable para tumbar al clan Zacarías, que tantas denuncias de irregularidades ha acumulado en sus 14 años de predominio en el poder comunal.
La alternancia en el gobierno local tendría que ser una constante en la medida en que ayudará a aclarar las denuncias y establecer las responsabilidades en su caso, porque el mal uso del dinero público obliga por su gravedad a una investigación seria para luego castigar a los responsables.
Pero lo más útil de optar por nuevas caras en la política, tanto nacional como local, consiste en la posibilidad de acabar con la preeminencia de grupos o familias que se enquistan en el poder como verdaderas sanguijuelas en forma de claques y clanes que se apropian de los cargos con el sello execrable de la impunidad.
El ejercicio del poder ciudadano a través del voto es una de las facetas más relevantes de la democracia, como se ha demostrado el domingo pasado en la Argentina, donde el pueblo habló pidiendo un cambio en la forma de hacer política en el vecino país, también azotado como el nuestro por el flagelo de la corrupción propiciada por los clanes políticos.
La educación pide más
La “primavera” estudiantil ha permitido poner en entredicho el despilfarro de recursos en el presupuesto nacional, que no son utilizados a los fines dispuestos en los papeles, ya sea en la infraestructura o en la mejora de la calidad en la educación.
La caída de techos en escuelas y colegios, la necesidad de un mejor equipamiento en la educación secundaria, o la urgencia de dotar de mayor presupuesto a la universidad nacional, coincidieron con las denuncias de corrupción amparadas y hasta propiciadas por la clase política con el desvío de los recursos inicialmente destinados a los centros educativos.
Los estudiantes apuntaron directamente a los integrantes de la conducción nacional, como los verdaderos responsables de este estado de cosas, reclamando al mismo tiempo más recursos en el presupuesto del Estado, que deberá pasar del 4 por ciento actual del PIB, al 7 por ciento, lo que implica una inyección de recursos adicionales de US$ 1.000 millones.
La urgencia es tal que la Universidad Nacional, afectada por graves irregularidades en las asignaciones de rubros docentes, solicitó US$ 100 millones adicionales a la comisión bicameral encargada de analizar las partidas presupuestarias para el ejercicio 2016.
Las demás universidades públicas del país, así como la educación primaria y secundaria, podrían solicitar también partidas complementarias, lo que lleva a pensar que la única opción que se tiene es cortar con la forma en que actualmente se distribuyen los recursos del Fonacide, haciendo que se vuelva a centralizar su administración, en vez de entregarlos a cada municipio o gobernación para su giro a las finalidades educativas.
Pero para que exista una real modificación en el uso de los recursos públicos, tanto en educación como en otros sectores sociales, es una necesidad el cambio en la forma de hacer política en el Paraguay, porque el financiamiento de las bases y la compra de las lealtades se realiza precisamente a través de un sistema de corrupción e impunidad, que es alimentado por el prebendarismo y el clientelismo de los partidos tradicionales y hasta de los no tan tradicionales.
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