*Cuestionan pedido de desafectación de inmueble público municipal en Hernandarias.
Un nuevo proyecto de desafectación de tierras municipales genera preocupación y cuestionamientos en sectores ciudadanos de Hernandarias. La iniciativa, impulsada desde la Junta Municipal, plantea modificar la situación jurídica de un valioso inmueble actualmente registrado como bien de dominio público municipal, para supuestamente destinarlo a familias de escasos recursos económicos.
De acuerdo con los cuestionamientos planteados por ciudadanos, detrás de la iniciativa estarían vinculados un dirigente social y tres concejales municipales. Entre los nombres mencionados figuran el dirigente social Francisco Romero y los concejales Milciades Dávalos, Celestino González (ANR) y Rosa Ojeda (PLRA).
La concejala Ojeda, como integrante de la comisión legislativa correspondiente, habría emitido un dictamen favorable al pedido y planteado que la desafectación sea declarada de interés.
Una propiedad pública que podría cambiar de régimen
El principal cuestionamiento gira en torno a la naturaleza jurídica del inmueble. Al encontrarse actualmente afectado al dominio público municipal, su régimen no sería el mismo que el de un inmueble del dominio privado de la Municipalidad.
Por ello, la eventual desafectación implicaría un cambio sustancial en su situación jurídica y podría permitir que el inmueble pase a estar sujeto a otro régimen de disposición, conforme a las normas aplicables.
Ante esta posibilidad, sectores ciudadanos reclaman conocer con precisión los fundamentos jurídicos y administrativos del proyecto, así como el destino concreto que se pretende dar a la propiedad.
¿Un proyecto destinado a familias de escasos recursos?
La justificación pública de la iniciativa estaría vinculada con la intención de destinar los terrenos a familias o personas de escasos recursos económicos.
Si ese es efectivamente el objetivo, los sectores que cuestionan el proyecto consideran indispensable que exista absoluta transparencia respecto de los potenciales beneficiarios, los criterios de selección, el mecanismo de adjudicación y las condiciones que regirán para cada lote.
La ciudadanía también reclama conocer si existen estudios socioeconómicos, censos de familias necesitadas o algún proyecto formal que permita verificar que los terrenos serán destinados efectivamente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Versiones sobre una supuesta distribución de terrenos
En paralelo, circulan versiones y denuncias no confirmadas según las cuales el dirigente social mencionado estaría ofreciendo hasta tres terrenos a cada concejal que acompañe favorablemente la aprobación de la desafectación.
Se trata de una acusación de suma gravedad que, hasta el momento, no ha sido acreditada documentalmente. Por tanto, debe ser considerada como una versión o denuncia pendiente de verificación y no como un hecho comprobado.
De existir elementos que respalden esta denuncia, correspondería que sean puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar si hubo alguna irregularidad.
¿Beneficio social o eventual negocio inmobiliario?
La preocupación central de los sectores críticos es que, bajo el argumento de atender la necesidad habitacional de familias de escasos recursos, los terrenos eventualmente desafectados puedan terminar siendo transferidos, revendidos o utilizados con fines distintos al interés social invocado.
Precisamente por ello, consideran necesario que el proceso sea completamente transparente y que la Junta Municipal dé a conocer todos los antecedentes relacionados con el inmueble y el proyecto.
Entre la documentación que debería estar a disposición de la ciudadanía se encuentran el título y la situación jurídica del inmueble, su superficie, el proyecto de desafectación, los dictámenes de las comisiones, los fundamentos legales de la iniciativa y, en caso de existir, el listado de potenciales beneficiarios y los criterios utilizados para su selección.
También debería aclararse bajo qué condiciones serían adjudicados los lotes y qué mecanismos se implementarían para evitar que posteriormente sean comercializados o transferidos contrariando la finalidad social del proyecto.
Los concejales deben dar explicaciones
La discusión no debería limitarse a determinar quiénes votarán a favor o en contra de la desafectación. La cuestión de fondo es establecer si el patrimonio público municipal será utilizado efectivamente para atender una necesidad social o si existe algún riesgo de que termine beneficiando intereses particulares.
Por la gravedad de las acusaciones y versiones que circulan, los concejales Milciades Dávalos, Celestino González y Rosa Ojeda, así como el dirigente social Francisco Romero, deberían tener la oportunidad de explicar públicamente su participación, sus posiciones respecto del proyecto y responder a los cuestionamientos formulados.
En particular, sería importante que aclaren si existe algún compromiso, acuerdo o promesa relacionada con la eventual adjudicación de terrenos a concejales, y si existe documentación que respalde el supuesto destino social de la propiedad.
Mientras no existan pruebas que confirmen las denuncias, las acusaciones deben mantenerse en el terreno de las versiones y los cuestionamientos ciudadanos. Pero precisamente por tratarse de un inmueble pertenecien
te al patrimonio público, resulta legítimo exigir que todas las dudas sean aclaradas antes de adoptar una decisión que modifique su régimen jurídico.
La ciudadanía de Hernandarias merece transparencia absoluta, información pública y garantías de que cualquier decisión sobre sus bienes municipales responderá exclusivamente al interés general.
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