Un vasto sector de la ciudadanía esteña cuestiona la selectividad en las imputaciones que toma el Ministerio Público Nacional, bajo el mando de la resistida titular, abogada Sandra Quiñónez, que en los últimos tiempos pasó a estar en el ojo de la tormenta, por su sospechoso comportamiento.
La situación del diputado altoparanaense Ulises Quintana es una evidencia concreta, donde la fiscalía no tardó 24 horas para imputarle, mientras que miembros del clan Zacarías investigados, desde setiembre del año pasado, por varios y graves hechos ilícitos siguen gozando de una grosera protección de poderes ocultos, sin que los mismos sean molestados por la justicia.
Ante este más que llamativo accionar de la fiscalía paraguaya, el legislador colorado, Quintana, a través de su abogado presentó el jueves 17 de enero una nota en la embajada americana en Paraguay, denunciando la situación ilegal de la que es objeto por parte del Ministerio Público, a pesar de que no hay evidencias contundentes que lo comprometan, en el lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas, entre otros presuntos hechos que le atribuyeron en su momento los fiscales investigadores.
El mismo se considera un “preso político” y perseguido por la fiscalía, cuyo titular es Sandra Quiñónez, quien es acusada, permanentemente, de ser un funcional al ex presidente Horacio Cartes, ya que a pedido del mismo el parlamento dio los votos necesarios para que ocupe tan alto cargo. La misiva de Quintana a la sede diplomática de Estados Unidos estuvo dirigida al embajador Lee McLenny.
“No soy parte de organización criminal”
El parlamentario altoparanaense manifestó que no es parte de ninguna organización de narcotraficantes, tal como quieren sostener sin pruebas sus acusadores; y que la fiscalía y el Poder Judicial están violando el Art. 191 de la Constitución Nacional.
Finalmente Quintana pide su libertad inmediata, porque se considera un preso político, en pleno tiempo de paz, libertad y democracia, que vive el Paraguay.
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